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Siete cárceles españolas ya disponen de inhibidores de móviles para evitar contactos clandestinos

Instituciones Penitenciarias aceleró la medida a raíz del intento de asesinato del teniente fiscal Antidroga, Javier Zaragoza, a manos del «narcoabogado» Pablo Vioque

 

A finales de 2002 Instituciones Penitenciarias llevaba meses dando vueltas a la idea de poner cortapisas a los teléfonos móviles que algunos internos lograban colar en las cárceles, pese a las medidas de seguridad. Para entonces ya se había sorprendido a varios delincuentes hablando desde sus celdas y, en algún caso, se sospechaba que estaban planificando un golpe tras las rejas. El detonante que aceleró los inhibidores de frecuencia fue el intento del «narcoabogado» Pablo Vioque de asesinar al teniente fiscal Antidroga, Javier Zaragoza (en diciembre de ese año), si bien la lucha contra el terrorismo también fue un factor determinante en la adopción de la medida.

Comenzó así la instalación de inhibidores para enmudecer teléfonos personales y evitar que los internos prepararan delitos o dieran instrucciones concretas desde los centros penitenciarios. Hoy los «escudos» existen en siete prisiones, entre ellas la madrileña de Valdemoro.

Equipo sencillo

Como era de esperar la iniciativa no ha contado con el beneplácito de los reos, pero las quejas han llegado también de algunos vecinos de las cárceles en las que se han instalado por las interferencias que provocan en otras radiofrecuencias. De ahí, que las operadoras de telefonía hayan tenido que modificarlos en más de una ocasión e incluso darlos de baja por una temporada, según las fuentes consultadas. Ésta es una de las razones de que no se hayan extendido a todos los centros penitenciarios aparte de la nada despreciable cuestión económica.

El equipo técnico que precisan es sencillo: pequeñas antenas emisoras que saturan el espectro de frecuencias en un determinado espacio, de forma que es imposible emitir o recibir llamadas. En España su uso está prohibido, excepto por cuestiones de seguridad como es el caso. No obstante, ministerios, empresas privadas, embajadas, algunas universidades y otros organismos cuentan ya con este tipo de perturbadores.

El avance de los móviles está poniendo contra las cuerdas a los responsables de la seguridad en casi todos los países. En Colombia la situación ha llegado a ser tan asfixiante que las autoridades se han visto obligadas a interceptar vía satélite las llamadas para evitar el diseño de miles de secuestros a la carta, todos ordenados desde la cárcel.En Noruega, directores de centros penitenciarios han pedido la intervención del Gobierno después de varias fugas de reclusos planificadas con móviles de última generación. Los presos habían utilizado teléfonos dotados de cámaras para enviar imágenes con la situación del edificio y la de los equipos de vigilancia a sus compinches en libertad.

En el caso de Vioque, que activó la alarma, existía la sospecha fundada de que el móvil fue uno de los instrumentos que utilizó para ordenar el asesinato de Javier Zaragoza. Llegó a ofrecer cincuenta mil dólares, tal y como consta en una conversación telefónica interceptada, por eliminar al hombre que iba a forzar su primera condena.

El crimen, que incluía a otras cuatro personas, se fraguó durante meses en la prisión de Soto del Real, donde el antiguo abogado fue tejiendo con paciencia de araña una red de matones dispuestos a seguir sus instrucciones. Dos funcionarios se pusieron presuntamente a sus órdenes para facilitarle llamadas a horas intempestivas y hacer la vista gorda.

Zaragoza salvó la vida gracias a las sospechas que despertaron entre los investigadores las visitas carcelarias que recibía Vioque en 2002 y los mensajes encriptados que deslizaba en sus comunicaciones telefónicas, que habían sido interceptadas con permiso judicial.

Al capo gallego José Ramón Prado Bugallo, alias «Sito Miñanco», no se le ha probado la planificación de ningún crimen tras las rejas, pero el teléfono le ha delatado en más de una ocasión cuando al calor de la tecnología pretendía continuar sus negocios de la droga sin que la falta de libertad se lo impidiera. En julio de 1997, mientras cumplía una de sus condenas en la cárcel de Alcalá-Meco, se le implicó en una operación de descarga de casi seis toneladas de hachís en la Ría de Vigo. Miñanco llamó desde un móvil a un antiguo colaborador y la comunicación fue interceptada. Poco después el subdirector de la cárcel lo sorprendió «in fraganti»en su celda.

Desde hacía tiempo se sospechaba que el capo no se separaba de su móvil, aunque solía utilizarlo algún «hombre de paja» en su nombre. El narco fue absuelto en este caso, pero meses después cedía su asiento en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional a otro histórico del narcotráfico gallego: Laureano Oubiña, con el que nunca antes había colaborado. Oubiña fue juzgado en 2002 por estos hechos, tras cuatro suspensiones de la vista.

Las comunicaciones de los presos orales y escritas son secretas, si bien este derecho tiene limitaciones. En caso de pertenecer a banda armada, se produce una intervención administrativa de oficio con la única obligación de comunicarlo al juez y notificarlo al interno. Éste tiene la posibilidad de recurrir ante la autoridad judicial, práctica común entre los internos de ETA.

Si se trata de penados comunes la situación es distinta. «Es muy difícil que un juez te autorice la intervención de las comunicaciones de un preso. Aunque las pruebas no tengan validez judicial a veces puede ser una herramienta de trabajo excelente para la investigación», explica un mando policial. Se autorizaron este tipo de escuchas, por ejemplo, cuando Anabel Segura fue secuestrada por si se obtenían pistas en la cárcel, pero los jueces lo han negado casi de forma sistemática.

Fuente: ABC
27.12.04

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