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Miércoles 21 de abril de 2004


Seguridad Corporativa y Protección del Patrimonio

Blindajes de hielo para riesgos de fuego

Las grandes corporaciones españolas gastan en seguros de 20 a 40 millones de euros al año cada una para cubrirse de las sorpresas del destino, aunque, en general, el sector empresarial patrio es cínico: en las encuestas se muestra preocupado por los riesgos, pero se prepara poco para cubrirlos y sus límites de responsabilidad civil son los más rácanos de Europa

 

El ataque terrorista sufrido por EEUU el 11 de septiembre de 2001 dejó huellas de dolor y miedo. Los analistas de medio mundo comenzaron a definir el sangriento choque de culturas con el que se inauguró el nuevo milenio. Y, entre la legión de estrategas occidentales, los expertos en analizar siniestros han llegado a una conclusión: el terror internacional obliga a cambiar la definición del concepto riesgo. Hasta esa fatídica fecha, nunca un solo acontecimiento había afectado a la vez y de forma tan terrible a tantos sectores económicos y menos si ese único hecho había sido provocado por el hombre y no por las fuerzas de la naturaleza.
Las 13 bombas colocadas en cuatro trenes de Madrid el pasado 11 de marzo (11-M) -como continuación de los diversos y brutales atentados sufridos por Turquía o por la propia sede de la ONU en Bagdad el 19 de agosto de 2003- han causado terremotos personales y centenares de víctimas, aunque no han conseguido alterar la vida económica europea.

De momento, todavía con la conmoción de las vidas rotas, el mundo empresarial no parece haber modificado sus estrategias de crecimiento, pero sí se ha revelado de forma descarnada una carencia. Las empresas españolas conforman el mercado menos desarrollado de los países de la UE para la gestión del riesgo.

Hay excepciones. A pesar de que las empresas españolas, en general, son las que suscriben los límites de cobertura medios más bajos, el sector energético contrata límites superiores a los pactados por sus competidores europeos. El sector servicios, hoteles y ocio es el más rácano. Estos datos han sido obtenidos de un informe elaborado por Marsh & McLennan Companies (MMC), uno de los líderes mundiales de la intermediación de seguros.

Según ese estudio, las empresas españolas están poco preparadas frente al riesgo o muestran una actitud relajada en comparación con otros países. Si bien las grandes empresas, en general, aplican las técnicas de gerencia de riesgos, las de menor tamaño se encuentran a mucha distancia, cuando los siniestros no sólo afectan a las grandes. Incluso, se da el caso de que las reclamaciones contra una pequeña o mediana empresa pueden resultar proporcionalmente más desestabilizadoras para las cuentas de la sociedad.

«El 11-M todavía no ha provocado ningún efecto directo sobre el sector asegurador, aunque los hechos están aún demasiado recientes. Sin valorar las consecuencias que estos atentados puedan tener a nivel económico global en España o Europa, por la incertidumbre que han aportado, el coste de los siniestros no tendrá comparación con los grandes números que aparecieron tras el 11-S. Desde este punto de vista, el 11-M no se ha notado. Otro asunto será si la escalada continúa, en España o en otro país europeo, y las Bolsas se caen. Aunque se ha aprendido mucho tras el 11-S -las aseguradoras han repartido más sus inversiones en la renta fija-, no se puede predecir qué ocurrirá si se produce otro gran atentado.El seguro y el reaseguro mundial no se tambaleó tras el 11-S por las indemnizaciones que tuvo que pagar, sino porque los mercados, junto a sus inversiones, se vinieron abajo», asegura Ricardo Sanz, director general de Aon Gil y Carvajal, filial española de otro de los grandes broker internacionales.

En España, Telefónica, las eléctricas o las petroleras dedican cada una de 20 a 40 millones de euros anuales para protegerse.Telefónica, en concreto, posee una póliza con Allianz -reasegurada con Munich Re, Zurich o Mapfre- para daños corporativos y lucro cesante que cubre a 50 empresas del grupo repartidas por 15 países.En 2003, esta cobertura le costó unos 23 millones de euros.

¿Y el gran resto de empresas? La generalidad se contenta con exhibir su preocupación: adopta una táctica similar a la del avestruz y emplea un discurso vacuo parecido al utilizado frente a la protección del medio ambiente. La particularidad española, o factor protector, es que el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) -organismo público- es el que se hace cargo de los daños producidos a personas y bienes por actos terroristas o desastres naturales.

Renfe, por tener al día su cobertura de viajeros con Mapfre, será asistido por el CCS para el pago de las indemnizaciones a los viajeros por el 11-M. Pero las estaciones y el material rodante, salvo el AVE, no lo tenía asegurado, por lo que la compañía deberá reponer por sus medios estos elementos.

Es la dirección de las empresas, de acuerdo con una estrategia de riesgo calculada, la que debe contemplar los escenarios posibles para establecer las protecciones. En el caso de Renfe, frente al 11-M, el seguro obligatorio de viajeros está contratado con Mapfre desde 2000 y con Musini (ahora también perteneciente al grupo anterior) tiene asegurados los «daños a las instalaciones (carril, traviesas, catenaria, señales y subestaciones eléctricas), excepto viaductos, túneles y puentes», según afirma la propia empresa.

En todo caso, puesto que Renfe tenía cubiertas las pólizas de daños materiales y de accidentes -que incorporan la parte proporcional para el CCS-, las indemnizaciones por el seguro obligatorio de viajeros serán abonadas por el CCS y no por Mapfre debido a que el siniestro se ha producido por causas terroristas. Eso sí, a la espera de lo que el juez dictamine en concepto de responsabilidad civil -complicado, pues es muy difícil atribuir la negligencia en un acto terrorista-, los afectados o las familias de los fallecidos sólo recibirán un máximo de 55.000 euros (unos 10 millones de las antiguas pesetas) para ayudar a reconstruir sus vidas. Esta cantidad es independiente de lo que les corresponda si pueden acceder al fondo de ayudas de 140 millones de euros que aprobó el Ejecutivo de Aznar.

Desde la publicación del Real Decreto 300/2004 de 20 de febrero se ha ampliado la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros a la pérdida de beneficios sufridas por las empresas a raíz de actos terroristas o desastres naturales. Pero, como en el caso anterior, esto será efectivo siempre y cuando la empresa afectada tuviera contratada una póliza de seguros con cobertura de pérdida de beneficios. Del mismo modo, las coberturas de riesgos personales por actos terroristas para los empleados en tránsito también se han modificado a partir del Real Decreto citado.

Desgraciadamente, desde el 11-S el mundo asegurador y los riesgos que deben afrontar las empresas han sufrido un vuelco irreversible. Hasta ahora la idea de riesgo estaba asociada a la de acto fortuito. Desde el 11-S, sobre todo, hay que contemplar que ciertos riesgos están definidos precisamente por el deseo de causar el mayor daño humano y económico posible. Ya no basta con estimar como probable que suceda un fallo en la factoría equis y la producción se paralice, o que el producto tal sea defectuoso o resulte peligroso para la salud y la marca se resienta. El componente del impacto directo de un acto del terrorismo nacional o internacional, o sus efectos indirectos en la marcha normal de las empresas, ya forma parte de la casuística que deben contemplar los gestores económicos.

La firma de sondeos Gallup International realizó una encuesta mundial entre enero y noviembre de 2003 para el Foro Económico Mundial que se celebró en Davos (Suiza). El resultado fue revelador: el pesimismo sobre la seguridad del planeta crece entre la población mundial. El 48% de los encuestados consideró que la próxima generación vivirá en un mundo menos seguro.

A pesar de que todas las alarmas están encendidas, en el informe elaborado por MMC -realizado en seis países europeos y en ocho sectores de actividad- se refleja que España es el mercado menos desarrollado de los países de la UE para la gestión del riesgo y que «en todas las áreas del riesgo, las empresas españolas son fatalistas, (ya que) se muestran algo preocupadas y poco preparadas para afrontar la tarea de identificación y control del riesgo».

Si el abordaje de la realidad protegida se realiza desde el ámbito de la responsabilidad civil, en el informe de MMC se comprueba cómo la falta de concienciación de las empresas españolas, unida a los ajustes presupuestarios y al aumento del coste de los seguros, tiene su precio. En España los límites de responsabilidad civil adquiridos por las empresas se encuentran entre los más bajos de Europa. Y esto sucede a pesar de que crecen las reclamaciones y los litigios como resultado de que los ciudadanos son cada vez más conscientes de sus derechos. Las áreas más calientes son las reclamaciones en materia de sanidad y la responsabilidad civil de productos, debido a las nuevas exigencias comunitarias.

Los expertos de Aon destacan por su parte la responsabilidad civil de los médicos o el transporte público por carretera como las actividades más caras. Las coberturas ante actos terroristas para los directivos en el territorio español están prohibidas por la legislación antiterrorista española y sólo pueden contratarse con aseguradoras radicadas en el extranjero, preferentemente en Londres.

Este panorama general es el que domina la realidad económica desde el 11-S y que se ha vuelto a activar tras el 11-M. El broker mundial Aon presentó el mes de febrero pasado un particular mapa en el que se analizan los riesgos políticos y económicos de más de 200 países. Lo llamativo de este estudio no es la coloración del atlas, según se le atribuyan a cada país más o menos tribulaciones, sino el cálculo del coste para la economía mundial del riesgo político.

Antes de los atentados del 11-S, el precio estimado por este concepto para el actual ejercicio era de unos 200.000 millones de dólares. Tras la incertidumbre creda por el 11-M, y según los expertos de Aon, esta cifra podría llegar al billón de dólares (unos 795.000 millones de euros). Es decir, las naciones que conforman el planeta quemarán este año las energías y los recursos humanos y de capital de un país con un Producto Interior Bruto (PIB) algo mayor que el español para neutralizar los efectos nocivos de su crecimiento desequilibrado y el de las envidias geoestratégicas.

Incendio en la refinería de Repsol de Puertollano (Ciudad Real), en
agosto del año pasado

 

Michel Léonard, director del departamento económico de Aon Trade Credit, aseguraba en la nota facilitada por la sociedad en la presentación del estudio que el «riesgo político ha contribuido a la desaceleración de la economía mundial y ha supuesto el equivalente a un impuesto geopolítico del 0,25% sobre el PIB mundial. Además del terrorismo, 2003 ha sufrido un repunte de riesgos geopolíticos tradicionales como las huelgas generales de Nigeria, la insurrección política de Venezuela o la guerra de Irak».

Según Aon, el impacto de los acontecimientos políticos mundiales es particularmente significativo en los mercados emergentes, aunque con varias particularidades. Mientras que en Latinoamérica comienza a recuperarse la tranquilidad, en Oriente se sufre la incertidumbre que existe en la antigua Mesopotamia.

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En Africa disminuyó el riesgo a lo largo de 2003, gracias a la necesidad de los países desarrollados de conseguir fuentes de petróleo y gas fuera de Oriente Medio. La zona del Golfo de Guinea es la que ha concentrado la mayor parte de las exploraciones y prospecciones mundiales.

Los costes del fanatismo

En la Barcelona de la época de nuestros abuelos, al menos la de los míos, los empresarios contrataban pistoleros para liquidar a las células anarquistas que habían declarado la guerra al capital y que andaban a bombazo limpio para impedir que la burguesía pudiese conciliar el sueño entre sus sábanas de seda. En su trasnochada mitología y su fanático odio, y en su desprecio por la vida del adversario junto con la poca importancia que, gracias a sus ansias de martirio, acordaban a la suya propia, aquellas células eran primas hermanas de esas Compañías de la Muerte de Leganés que anuncian su resolución de seguir a paso firme por la senda de la bendita yihad.

Ni en la Barcelona del Fórum y del hablando se entiende la gente, ni en Leganés, ni en ningún otro lugar, nadie en su sano juicio pretende hoy organizar cacerías de potenciales muyahidin entre la comunidad musulmana como antaño se concertaban para abatir a posibles libertarios entre la prole de los barrios bajos. Escribo hoy pero ¿y mañana?

No dudo de que la empresa española tiene un camino que recorrer para asegurarse vía pólizas ante las amenazas que se ciernen no ya sobre el buen dormir del patrón de turno sino sobre la conformación misma de una sociedad abierta, plural y tolerante y, de paso, ilustrada y rica. Será un camino costoso que penalizará las cuentas que hasta ahora sólo se habían preocupado por crear riqueza y, de paso, empleo. Con toda seguridad estos costes añadidos se trasladarán al consumidor, amén de provocar ahorros previamente no contemplados. Pero a la vez, la sociedad española exigirá una implacable política de seguridad colectiva junto a nuevos planteamientos sobre la inmigración e integración de quienes no comparten los valores occidentales.

 

Un precio de la fiebre mundial del terror

La trágica experiencia del terrorismo se incorpora al cálculo empresarial para neutralizar el pánico económico. En España, tras el 11-M, falta el test de la operación paso del Estrecho y la campaña turística del verano.

La tozuda realidad manda y los empresarios españoles prestan cada vez más atención a la mejora de la cobertura de sus riesgos, sobre todo porque la legislación sobre seguridad y salud laboral, los ciudadanos y los costes de los seguros se vuelven cada vez más exigentes y onerosos. Y esto, al margen de la dosis venenosa internacional o local que porta el crimen organizado.

Pasada la campaña vacacional de Semana Santa, donde no se ha apreciado caída turística -al menos la interna-, el verdadero test sobre el impacto en el sector de los efectos del 11-M llegará con la Operación paso del Estrecho -y el reto para las Fuerzas de Seguridad- y tras el recuento de la facturación de los turistas extranjeros de este próximo verano.

En principio, según los expertos consultados, los sectores más vulnerables ante los acontecimientos del terror son los de ocio y turismo en general y el de las líneas aéreas en particular. Pero si toma cuerpo una escalada de atentados o se produce una ampliación del espectro de daños que se pueden causar -por un cambio cualitativo en el empleo de otro tipo de armas o tácticas de los terroristas-, nadie se atreve a calcular la rebaja que sufriría el comercio mundial y el aumento de la depresión en los mercados financieros.

Los costes económicos fijados en los grandes desastres que se muestran en el gráfico de esta página han sido calculados por el coste de las indemnizaciones o multas que el seguro mundial o las empresas han tenido que abonar. No será el caso del 11-M, donde los daños totales, en comparación con lo ocurrido en el World Trade Center, por ejemplo, será una minucia, si se exceptúan las pérdidas humanas.

Con este baremo, los analistas de riesgos han estimado que los efectos del 11-M serán transitorios, sobre todo si no se repiten hechos similares. Pero no todos opinan lo mismo. En el caso concreto del sector turístico, y al margen de las campañas del terrorismo local protagonizado por ETA, hay quien considera que nada volverá a ser igual: el 11-S incluso desvió clientela turística a la península Ibérica, pero tras el 11-M España ha dejado de ser un destino seguro.

Hacer una estimación sobre la pérdida de negocio en el sector turístico es todavía aventurado, tanto como prever la involución en el proceso de apertura de fronteras entre los socios comunitarios y las dificultades para el tráfico de mercancías y personas que esto pueda suponer. Lo que sí parece estar cada vez más claro para los empresarios españoles es que ya no bastan los umbrales de protección establecidos por el goteo asesino etarra. Incluso, las nuevas exigencias medioambientales y de calidad de los productos reducirá los márgenes de beneficio y obligará a otra vuelta de tuerca de la productividad.

Es uno de los precios que deben pagar los países desarrollados. La seguridad se lleva una buena parte de los recursos. A otro ámbito pertenece la discusión de si esos costes pueden reducirse si el crecimiento económico y los avances sociales se producen de forma más compensada en todo el planeta.

Uno de los pocos estudios realizados sobre la confianza empresarial tras el 11-M lo ha llevado a cabo la consultora Pricewaterhousecoopers (PwC), que elaboró una encuesta entre 300 empresas y numerosos analistas justo unas semanas después del 11-M.

Sorprendentemente, el estudio de PwC refleja una mayoría que cree que los atentados no han causado un gran impacto sobre las expectativas de crecimiento. Teniendo en cuenta también factores puramente económicos, la mitad de los encuestados opinó que en el próximo semestre la situación permanecerá igual. Eso sí, los optimistas, con un 33,04%, ganan a los pesimistas, que suponen un 16,96%.

¿Son incautos los empresarios españoles o es que el duro entrenamiento sobre el terror de parte del independentismo vasco les dificulta el análisis? Según gran parte de los académicos, la sociedad española tiene un umbral de dolor más elevado debido al padecimiento constante del terrorismo etarra, por lo que ha desarrollado defensas frente a la incertidumbre. Lo que ha roto los moldes -y el patrón genérico social de medición de riesgo- es la dimensión del terror protagonista del 11-M. Hace muchos siglos que la sociedad ilustrada española olvidó su proyección mundial.

Lo que vale para empresarios, ciudadanía y Gobierno, es que los hechos recientes, - si España pretende ser uno de los actores internacionales y sin entrar en los errores de cálculo- marcan el aumento de los recursos en seguridad-protección, inteligencia-organización y control-decisión. Habrá que redistribuir-reducir otras partidas presupuestarias.

La cantinela es si se afrontan estos gastos de forma aislada o compartida, según se opte por una posición más nacionalista o más europeista. Los empresarios españoles más preparados, siempre pragmáticos, no huyen de la UE. Pero, visto el resurgir de la entente franco alemana, el histórico sarpullido continental británico, la pérdida de memoria crónica de Italia o la insípida posición española, no dudan: habrá que tirar de cheque y parar al Islam como en tiempos de Isabel y Fernando. Y que diga el PSOE.

Fuente: El Mundo
18/04/2004

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