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Barreras legales contra el terrorismo

Investigadores, policías y juristas discrepan sobre la necesidad de reformas legales para afrontar la amenaza islamista tras el
11-M

 

Las medidas de seguridad que rodearon el pasado jueves la solemne inauguración de la VIII Legislatura en el Congreso tenían todo el sabor de un tiempo desgraciadamente superado. Aun siendo imprescindible -dada la concentración de notables, empezando por la familia real- de poco sirve hoy ese despliegue de fuerzas policiales y de guardaespaldas para hacer frente al mayor enemigo de nuestra sociedad: el terrorismo de matriz islamista. Y eso, por una razón bien sencilla. No son los altos mandatarios los principales objetivos de la nueva violencia, sino las masas. El objetivo del nuevo terrorismo somos todos, los usuarios del transporte público, los compradores de los grandes almacenes, la gente que llena los estadios, los teatros y los cines. ¿Cómo defenderse de esta nueva plaga?

Sectores policiales empiezan a reclamar tímidamente medidas legales que les permitan llegar más lejos en la prevención de estos atentados. Pero juristas y legisladores parecen totalmente reacios a rebajar las garantías legales de que disfrutamos. "Nos enfrentamos a un terrorismo del que sabemos poco y que cuesta mucho trabajo descifrar", dice una persona próxima a la investigación de los atentados del 11-M. "Cuando uno está presente en declaraciones de algunos de estos detenidos se da cuenta de que hay dificultad hasta en especificar los nombres, porque las transcripciones del árabe son diferentes. Incluso físicamente les resulta fácil camuflar su aspecto. La investigación de estas células islamistas ligadas por lazos de fidelidad religiosa es muy complicada, y carecemos de costumbre e información", reconoce la misma fuente. La policía cuenta con medios ínfimos para hacer frente a este terrorismo.

"Está claro que hay que ampliar muchísimo las plantillas policiales y de la Guardia Civil, y emplear a agentes de origen árabe, que los hay en los dos cuerpos, en este frente", dice José Manuel Sánchez Fornet, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) próximo al PSOE. "La falta de traductores de árabe es un serio problema. Se han pinchado teléfonos de sospechosos y las cintas han ido al cajón y han estado ahí meses porque no había quien las tradujera". Aun así, Fornet no cree que haya que tocar la actual legislación. "Tampoco se trata de considerar sospechosa a toda la población musulmana, al contrario, la mayoría no quieren este terrorismo".

La dificultad está en detectar los focos y prevenir ataques que, por su virulencia, pueden llegar a desestabilizar un país. Prevenir parece la palabra mágica, no del todo al alcance de nuestra policía, según una persona próxima a la investigación."Nuestra Constitución es muy garantista. Habría que ampliar las facultades judiciales y restringir los derechos de los detenidos". Actualmente se pueden prolongar las detenciones de tres a cinco días, con autorización judicial.

Pero falta coordinación. "Sería necesaria una Secretaría de Estado, como la de la lucha contra la droga, dedicada a la lucha contra el terrorismo", opinan fuentes judiciales, que consideran la situación actual enormemente delicada. Sin restarle gravedad, el catedrático de Derecho Constitucional Manuel Aragón cree que la situación está controlada. "La Constitución tiene previstos instrumentos para combatir a ETA que son perfectamente válidos para este tipo de terrorismo", dice. "Me refiero al artículo 55, que señala que se pueden suspender los derechos que otorga el artículo 17. Bastaría con modificar en el Parlamento la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir detenciones más largas y escuchas telefónicas, pero siempre con autorización judicial". Por otra parte, la policía está facultada para pedir la documentación, y cualquier viajero está acostumbrado a sufrir controles en los aeropuertos, incluido el registro, cuando suena el detector de metales. "Nada de esto viola nuestro derecho a la intimidad", añade Aragón.

Un país acostumbrado a soportar el terrorismo se encuentra, sin embargo, desorientado ante este nuevo monstruo, sin que la policía pueda aplicar las mismas fórmulas que le han valido importantes éxitos en la lucha contra ETA. "Se golpea a una organización terrorista como se golpea a una impresa, ahogando su economía. Pero en el caso del terrorismo islámico la cosa se complica, porque las fuentes son muy variadas y dispersas", añade una fuente judicial. "Estamos ante una verdadera guerra. Así la han planteado los fanáticos islamistas, pese a que en Occidente nos limitamos a considerarlo terrorismo de alta intensidad".

Otro Gobierno socialista intentó, en 1992, la lucha preventiva a tumba abierta, en aquel momento contra el narcotráfico. Pero el Tribunal Constitucional dio al traste con el principal instrumento de lucha, la Ley de Seguridad Ciudadana, promovida por el ex ministro José Luis Corcuera.

Uno de los colaboradores de Corcuera en Interior, Víctor Moreno Catena, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III, se muestra hoy poco partidario de medidas de excepción o cambios legislativos, pese a reconocer que ante hechos como los del 11-M la sociedad demanda más seguridad. "Los medios jurídicos no pueden estar al margen del derecho. El caso de los presos de Guantánamo es extremo y una peligrosa indicación. No hay que dotar a la policía de más armas legales, porque la Constitución ya prevé este tipo de situaciones especiales. Lo que hay que hacer en primer lugar es potenciar la información, una información obtenida legalmente, escuchas telefónicas y demás, siempre con autorización del juez. En segundo lugar están los instrumentos procesales, pero no a cualquier precio, no se pueden arrasar las libertades individuales".

Moreno Catena reconoce que en las presentes circunstancias mucha gente aceptaría un recorte de libertades a cambio de más seguridad. "Pero lo haría pensando siempre en que esas libertades se le recortan al otro, al malo. Y una vez que se han tomado esas medidas es difícil volver atrás y pueden llevarnos por una senda peligrosa, que a mí me da más miedo que el terrorismo".

Más poderes a policías y fiscales

Desde el 11-S, Estados Unidos se rige en la lucha antiterrorista por la Ley Patriótica aprobada 45 días después de los atentados. La ley da poderes extraordinarios a las fuerzas del orden para entrar en domicilios, investigar actividades y acceder a informaciones privadas de todo tipo sin necesidad, en el momento en el que se hace, de presentar las correspondientes órdenes judiciales, informa José Manuel Calvo. La policía puede utilizar las herramientas antes reservadas a la lucha contra la mafia o el narcotráfico. También en el Reino Unido se ampliaron los poderes del ministro del Interior a raíz del 11-S. El aspecto más polémico de la ley de diciembre de 2001 permite al ministro detener por tiempo indefinido a los extranjeros sospechosos de terrorismo que no puedan ser deportados y contra los que no hay pruebas para ir a juicio, informa Walter Oppenheimer. Esta medida, que estará en vigor hasta 2006, significa la suspensión de la aplicación del artículo 5º de la Convención Europea de Derechos Humanos. En Francia, la lucha contra el terrorismo es una actividad amparada por leyes cada vez más duras. Una ley reciente refuerza los poderes de los fiscales y permite colocar cámaras o micrófonos en los domicilios o vehículos durante cuatro meses, sin conocimiento del afectado; autoriza registros domiciliarios a cualquier hora y excluye la asistencia de abogado al detenido durante las primeras 48 horas.

 

Fuente: El País
25/04/2004

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