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Miércoles 7 de abril de 2004


Seguridad Pública y Protección Civil

Europol minusvaloró el riesgo de atentado en España y apuntó como prioridad al Reino Unido

La Guardia Civil advirtió de las consecuencias que generaría el ataque de Casablanca

 

Europol, la organización que agrupa a las policías de los países miembros de la UE, minusvaloró el riesgo de un atentado de Al Qaeda en España y apuntó como prioridad al Reino Unido. Tras el 11-S, la detención en España de más de 40 presuntos miembros de Al Qaeda hizo creer a los analistas que el riesgo había decrecido. Tras el apoyo del Gobierno de José María Aznar a la guerra de Irak, Europol destacó el aumento de riesgo, pero siguió apuntando a Londres. Después del atentado de Casablanca, en mayo de 2003, la Guardia Civil elaboró informes en los que alertó de un ataque en España. La detención de más de 40 personas después del 11-S, la mayor redada contra terroristas islamistas en Europa, hizo creer a los responsables policiales que España estaba "vacunada" de un atentado y que el riesgo era limitado. Pensaron que los enemigos potenciales estaban en prisión o vigilados. Pero el ataque del 11-M, y el intento de volar el AVE Madrid-Sevilla, presuntamente obra del mismo grupo, demuestra el error de percepción de los servicios policiales españoles.

La Casa de España en Casablanca (Marruecos) fue el pasado
 mes de mayo uno de los objetivos de 13 kamizazes que
 provocaron 45 muertos

Al Qaeda tenía en España una implantación mucho mayor de la que se le suponía. Un poder que no reflejaron los informes de Europol. El elaborado en junio de 2002 señalaba al Reino Unido como principal objetivo de Al Qaeda y aseguraba que Osama Bin Laden consideraba "objetivo legítimo" los intereses británicos. Así, destacaba que más de la mitad de los terroristas que protagonizaron el 11-S habían pasado en tránsito por ese país e incidía en el caso de Richard Reid, el ciudadano británico convertido al islam que intentó volar un avión en ruta desde París a Miami (Estados Unidos) con explosivo oculto en su zapato.

En ese informe se aseguraba que el riesgo de ataques terroristas islamistas a los Estados miembros de la UE había descendido por la "fuerte reacción" tras los ataques del 11-S. Esta reacción incluía "las operaciones policiales desarrolladas en Europa; el bloqueo de cuentas corrientes sospechosas de financiar a Al Qaeda; la liberación de Afganistán y desaparición de los campos de entrenamiento terrorista, y la muerte y captura de algunos militantes". "No obstante, la amenaza todavía es alta en la Unión Europea", decía la nota elaborada después de una reunión antiterrorista celebrada el 4 de junio en Bruselas.

En el 2003, los delegados policiales de los países miembros incluyeron algunas modificaciones en su informe dirigido al Consejo de Europa, especialmente en el capítulo dedicado a la amenaza islamista. La guerra de Irak era un elemento de "riesgo adicional para España" por su apoyo incondicional a la intervención militar. Y así quedó reflejado en su último análisis, fechado el pasado 22 de diciembre.

A juicio de los redactores del documento, el peligro en el caso español se había incrementado considerablemente, pero el mayor riesgo se achacó otra vez al Reino Unido. Los delegados españoles insistieron en su tesis de 2002: las actividades de estos grupos en España se centraban en "la infraestructura, reclutamiento, apoyo logístico, financiación y en el uso de España como país de tránsito para los activistas que viajan desde el norte de África hacia otros países o viceversa". Una tesis equivocada.

La alerta más directa llegó desde la Guardia Civil. Un informe de la Unidad Central Especial (UCE 2), dedicada a combatir el terrorismo islamista y dirigida por el teniente coronel Faustino Álvarez Sola, anunció en junio de 2003 la "dimensión grave" de una amenaza de atentado en España. El documento apoyaba su análisis en el atentado ocurrido en mayo en Casablanca (Marruecos), en el que murieron 45 personas, y señalaba que la proximidad de esta acción terrorista afectaba "claramente" a España, que se convertía en objetivo.

La numerosa población marroquí en suelo español y el hecho de que se atentara contra la Casa de España fueron algunos de los argumentos que esgrimía el informe. "Consideramos que la valoración de la amenaza era importante y que podíamos vivir aquí una situación operativa parecida a la de Casablanca", señala el comandante que evaluó la amenaza.

Una opinión muy distinta a la que entonces trasladó Ana Palacio, la ministra de Asuntos Exteriores, quien negó que el atentado contra la Casa de España en esa ciudad marroquí fuera un ataque contra los intereses españoles. El Gobierno estaba interesado en que no se vinculara aquel atentado con su apoyo a la guerra de Irak. Tras los atentados de Al Qaeda en Estambul (Turquía), este servicio de la Guardia Civil redactó un nuevo informe en el que insistió en el riesgo que se corría en España. "No había ningún elemento nuevo para decir que la amenaza había cambiado", señalan sus autores.

La UCE 2, cuya sección dedicada a combatir el terrorismo islamista cuenta con unos 50 agentes en Madrid frente a los más de 200 de la UCE 1, dedicados a luchar contra ETA, redactó posteriormente otros informes similares sobre la amenaza potencial de un atentado, aunque nunca aventuró que este fuera inminente. "No teníamos datos concretos del posible ataque", reconoce uno de sus mandos.

¿Se reforzó la UCE 2 tras el 11-S? "Sí, se ampliaron los medios y recursos en un 20% ó 25%", asegura una fuente oficial de la Guardia Civil. ¿Se dieron más recursos a la Unidad Central de Información Exterior de la policía tras los atentados en Washington y Nueva York? "Sí, pero no puedo decirle en que número", responde uno de sus comisarios. La policía cuenta con más de un centenar de agentes dedicados en exclusiva a investigar las células durmientes. La mitad en Madrid y el resto en las principales jefaturas provinciales.

Si los servicios alertaron sobre la posibilidad de un atentado, ¿qué fue lo que falló? ¿Por qué no se detectó a los terroristas? Los especialistas en terrorismo islamista creyeron que tras las redadas efectuadas en septiembre y noviembre de 2001 el enemigo potencial estaba neutralizado. En la primera atacaron a una supuesta célula durmiente del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate. Ocho personas fueron detenidas en Valencia, Almería, Huelva, Navarra y Murcia.

La segunda llevó a prisión a Imad Eddin Barakat, Abu Dahdah, de 39 años, un sirio casado con una madrileña, al que la policía investigaba desde 1995 en una vasta investigación en la que se intervinieron decenas de teléfonos con la autorización del juez Baltasar Garzón. Con Barakat fueron a prisión otras siete personas. En ninguno de ambos casos se descubrió que los detenidos preparan un atentado en España, aunque las relaciones de Abu Dahdah con los miembros de la célula de Hamburgo que protagonizó el 11-S demostraron la importancia del grupo español. Los dos principales responsables de está investigación ascendieron a comisarios.

"Tanto estas detenciones como las que se produjeron en Europa respondían a una táctica de acogotar al enemigo. Creímos que toda esa limpia sería una garantía añadida de seguridad", recuerda un mando policial. Aquellas redadas acabaron con la táctica que hasta entonces seguía la policía española de vigilar y escuchar a los sospechosos de terrorismo islamista a los que se consideraba "un filón informativo".

Falló la inteligencia y la valoración de algunos datos que ya en 2001 llegaron a la Audiencia Nacional y a la policía sobre Jamal Zougam, uno de los presuntos autores del 11-M, cuya casa en Madrid fue registrada hace tres años. El trabajo de calle, del que siempre ha hecho gala la policía española frente a los satélites norteamericanos, no llegó hasta el locutorio de Zougam, pese a que el barrio madrileño de Lavapiés es desde hace años uno de los focos de investigación policial. En alguna de sus panaderías se trapichea con pasaportes robados que han ido a parar a manos de radicales islamistas.

Un termómetro de lo que los servicios de inteligencia, en especial el CNI, pensaban sobre la amenaza del terrorismo islamista lo refleja la respuesta de su director Jorge Dezcallar a EL PAÍS en abril de 2002 sobre la implantación de Al Qaeda en España. "Aquí han tenido apoyos: se han falsificado documentos, cobijado a uno, sacado el billete a otro.Tampoco han ido más allá, afortunadamente". Dezcallar, al igual que los expertos policiales europeos reunidos en Bruselas, apuntó a Londres como la principal base de Al Qaeda en Europa.

 

Fuente: El País
04/04/2004

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