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Miércoles, 11 de agosto de 2004


Seguridad Corporativa y Protección del Patrimonio

Ordenan reforzar la vigilancia en las plantas de Coca Cola argentinas tras dos amenazas telefónicas

La Justicia Federal ordenó a las fuerzas de seguridad del país que monten un operativo de seguridad preventiva en las plantas de una empresa multinacional de gaseosas, debido a una serie de llamados telefónicos en los que un anónimo advertía que iba a atentar contra distintas sedes de la firma, informaron fuentes policiales.

 

La orden fue emitida por el juez Jorge Urso, a raíz de al menos dos comunicados que la firma Coca Cola denunció haber recibido en una línea telefónica de 0800, y en las que una voz anónima advertía que iban a atentar con explosivos contra sedes de la empresa.

El primer comunicado, dijo una fuente del caso, fue denunciado el 28 de julio por un apoderado de la firma que se presentó en la comisaría 15ª de la Federal y narró el llamado. En esa denuncia, el apoderado explicó que en el llamado se advertía que iban a colocar un coche bomba en las oficinas de Coca Cola de Paraguay al 700.

Dos fuentes de la investigación citadas por la agencia Télam afirmaron que a raíz de ese primer contacto, el mismo 28 de julio, se envió un grupo especializado de la Brigada de Explosivos al lugar y se constató que se trataba de una falsa alarma. No obstante, Urso, más allá de ordenar ese operativo policial, dispuso que la custodia en el edificio se mantuviera hasta el viernes pasado.

Ese día, agregaron las fuentes, el apoderado de Coca Cola volvió a presentarse en la comisaría 15ª y denunció que habían recibido otra llamada intimidatorio. Ahora, la voz anónima, según la denuncia, advirtió que si no le pagaban 80 mil dólares iba a colocar algún artefacto explosivo en cualquier sede, distribuidora o planta de Coca Cola en cualquier punto del país.

Entonces, el juez Urso dispuso en este caso ordenar que se implemente un operativo preventivo de seguridad en todas las plantas de la firma de gaseosas en el país.

Según las fuentes, la Policía Federal notificó mediante una circular de la disposición judicial a todas las fuerzas de seguridad del país, entre ellas, Policía Bonaerense, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional. Además, en un intento por determinar el origen del llamado, la policía le dio intervención en el caso a la Comisión Nacional de Comunicaciones.

Fuente: Clarín (Argentina)
08.08.04

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