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Jueves 22 de enero de 2004 |
Noticias
Seguridad Medioambiental y Protección del EntornoLas empresas tendrán que ser transparentes sobre sus emisiones contaminantes
Un registro puesto en marcha el pasado año permitirá a la Administración controlar el impacto ambiental de las industrias, que serán sancionadas con multas de hasta dos millones de euros si no cumplen las exigencias de la ley.
La transparencia también ha llegado al impacto medioambiental de las empresas españolas. Desde el ejercicio 2003, las instalaciones industriales tienen que comunicar cada año a la Administración sus emisiones contaminantes. Esta información se recoge a través de las autoridades ambientales de cada comunidad autónoma que, a su vez, la envían al Ministerio de Medio Ambiente. Éste ha creado el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, denominado Eper.
Se trata de una consecuencia directa de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, conocida por sus siglas en inglés Ippc. Esta ley, que transpone una directiva europea, entró en vigor el 1 de julio de 2002. Su objetivo es asegurar el control de los impactos ambientales de las industrias sobre el aire, el agua y el suelo.Límites
En España, cada sector industrial deberá ajustarse a unos límites contaminantes que no podrá superar. Para ello, las instalaciones deberán implantar tecnologías limpias, conocidas como mejores técnicas disponibles, que se establecerán a nivel europeo para cada sector de actividad.
Un total de una 5.500 empresas españolas están afectadas por la Ley Ippc. La reconversión de la industria española exigirá una inversión de entre 855 millones de euros y 2.000 millones de euros, según datos de la Fundación Entorno.
Las instalaciones industriales tienen hasta 2007 para cumplir las exigencias establecidas legalmente y, por lo tanto, para acometer su reconversión e implantar tecnologías limpias.
La ley crea un sistema de autorización ambiental integrada, a través de una ventanilla única ambiental en cada autonomía, que unificará todos los permisos que una empresa debe tener en materia ecológica.
Si una empresa no se ajusta al contenido de esta autorización, podrá ser sancionada con multas de hasta dos millones de euros e, incluso, con el cierre de las instalaciones.
Sin embargo, aún existen trabas burocráticas para que la Ippc sea totalmente operativa. Algunas autonomías como Cataluña y País Vasco han creado sus propios registros Eper. El caso catalán es, además, el único que ya cuenta con una ventanilla única ambiental.
Blanca Bonilla, directora de proyectos de la Fundación Entorno, asegura que “las empresas se han movido más rápidamente que las autoridades ambientales”.
Según Bonilla, existen varios acuerdos voluntarios suscritos entre las autoridades ambientales de autonomías y asociaciones empresariales para contribuir al cumplimiento de la Ippc. Es el caso del sector cementero, a través de su patronal Oficemen; el papelero (Aspapel); el de cloro y sosa (ANE), y el vidriero (Anfevi).
El Ministerio de Medio Ambiente recopiló hasta el pasado septiembre la primera oleada de información sobre emisiones contaminantes. Se espera que se hará pública en el Eper en el primer semestre de este año.
Exigencias más allá del Protocolo de Kioto
Las eléctricas con producción térmica, las empresas químicas, las cementeras, el sector agroalimentario, el textil y el papelero son los principales sectores afectados por la Ley Ippc. Todos ellos tendrán que obtener el permiso verde único antes de octubre de 2007. Los plazos de adaptación para la modernización de la industria coinciden en parte con el cumplimiento del Protocolo de Kioto, que regula la emisión de gases con efecto invernadero. De hecho, los sectores afectados por la Ippc y por Kioto son casi coincidentes.
El acuerdo internacional limita a un 15% el crecimiento de las emisiones de dióxido de carbono en España. Para ello, prevé mecanismos como el comercio de emisiones, que permitirá la compraventa de contaminación a partir de 2005. En marzo de 2004, el Gobierno hará público un plan que asignará unos límites de emisión de gases de efecto invernadero a cada compañía.
Si los superan, tendrán que acudir al mercado a comprar derechos de emisión a empresas que puedan venderlos por no superarlos. La Ippc fija límites no sólo para la contaminación de efecto invernadero como Kioto, sino para las emisiones de todo tipo al aire, agua y suelo. “Kioto tendrá que considerar sin duda las investigaciones tecnológicas y los límites de contaminación del aire establecidos por la Ippc”, señalan fuentes del Gobierno.
Las nuevas obligaciones ecológicas
La Ley de Control Integrado de la Contaminación (Ippc) obliga a las empresas a obtener una autorización ambiental que fijará unos límites contaminantes para cada actividad industrial y las mejores técnicas disponibles que deben usarse para no superarlos.
Los sectores afectados por la Ippc son la generación de energía térmica, la producción y transformación de metales, la industria química y mineral, gestión de residuos, el sector papelero, el cementero, el textil y cuero, y el agroalimentario y ganadero.
Se estima que unas 5.500 empresas están afectadas por esta nueva regulación.
Las autonomías pondrán en marcha un sistema de autorización ambiental integrada, a través del cual las empresas obtendrán un permiso antes del 30 de octubre de 2007.Fuente: Expansión
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