Seguridad
de la Información y
Protección de Datos
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España es el país de la UE que fija las multas más altas en
protección de datos
España es el país de la Unión Europea (UE) que ha fijado unas multas más
altas a las empresas a (hasta 600.000 euros) a la hora de proteger los
datos confidenciales de los empleados.
Así lo recoge un estudio
realizado por del Consejo Superior de Cámaras que además critica la
complejidad de la Ley de Protección de Datos. Sólo 400.000 empresas, de
los dos millones que hay, se han adoptado a la norma.
Asimismo, el informe de las cámaras reclama que se cambie el actual
sistema de financiación de la Agencia de Protección de Datos (a través
de las multas a las empresas) para que se financie con una partida
presupuestaria. Para las Cámaras, la complejidad y el desconocimiento de
la ley hace que tan sólo 400.000 empresas se hayan dado de alta hasta el
momento en los ficheros de la Agencia de Protección de Datos.
Este dato fue manejado a modo de conclusión en la última reunión
mantenida por las Cámaras con el director de la Agencia de Protección de
Datos, José Luis Piñar. A este seminario asistieron especialistas de
bufetes jurídicos como Cuatrecasas, Gómez Acebo y Pombo, Davara & Davara
y firmas auditoras como Ernst & Young y PricewaterhouseCooper. También
estuvieron presentes directivos de compañías relacionadas con el sector
de la protección de datos personales como Equifax Ibérica, Informa,
Camerdata, TPI, Páginas Amarillas, Marketing y Publicidad Directa, PDM,
FECEMD y Consodata
La ley obliga a registrar en la Agencia todas aquellas bases de datos
que contengan información de carácter personal, ficheros de clientes , o
incluso la nómina de los empleados. Establece, asimismo, un tratamiento
legal y leal de los datos, el deber secreto de cumplir medidas de
seguridad de índole técnica y organizativa.
Según ha señalado Belén Veleiro, directora del Servicio Jurídico del
Consejo Superior de Cámaras, es necesario hacer un esfuerzo para que las
empresas conozcan el texto porque es el desconocimiento del mismo el
principal escollo que argumentan las mismas compañías. Para Veleiro, se
deberían fomentar los denominados códigos éticos o códigos tipo, que
serían como una guía en el cumplimiento de la ley. Aveleiro llama la
atención sobre el riesgo de que ese desconocimiento de la ley por parte
de las empresas haga que éstas paguen fuertes multas sin que haya
intencionalidad de infringir la normativa.
Según las Cámaras, mientras que en Irlanda las sanciones económicas no
superan 1.300 euros en España las sanciones pueden superar los 600.000
euros. Además, España penaliza hasta con siete años de pena de prisión
la mala utilización de los datos. Grecia llega hasta los 10 años de
prisión, la pena más alta en este aspecto, mientras que la multa máxima
es de 146.735 euros.
Fuente: El País
19/01/2004
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