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"La violencia doméstica es, con el terrorismo, el problema más importante de España"

  La magistrada Montserrat Comas d'Argemir (Barcelona, 1953) es la centinela de la protección a las víctimas de los malos tratos.

 

Preside el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). También está al frente de la comisión que vigila el funcionamiento de la orden de protección a las víctimas del maltrato. Esta nueva herramienta, en vigor desde agosto gracias a una ley consensuada, permite a los jueces activar la protección penal, civil y policial y la ayuda social y económica a las personas maltratadas en el ámbito familiar. Pese a ella, las muertes han aumentado este año: 57 mujeres han fallecido a manos de sus parejas o ex parejas, según el CGPJ. La cifra se eleva a 70 según el recuento de este periódico.

La magistrada Montserrat Comas d'Argemir

Pregunta. ¿Qué balance arroja la orden de protección?

Respuesta. Es un paso decisivo. Permite proteger mejor a las víctimas que ponen su situación en conocimiento de la justicia. Hasta octubre se habían solicitado 4.234 órdenes. Se acordó el 75%, con 4.474 medidas penales y 2.171 civiles. Se resuelven temas como el disfrute del domicilio o la custodia de los hijos en menos de 72 horas. Antes, la resolución de una denuncia por violencia doméstica podía demorarse varios meses.

P. Más de un millar de órdenes al mes. ¿Se superan las previsiones?

R. Si se tiene en cuenta que es una ley nueva, parece una cifra alta. Pero, si se mira el número de denuncias y muertes anuales, se ve que no responde a la magnitud del problema de malos tratos.

P. ¿Cuál es su alcance real?

R. Es muy difícil de estimar. Los estudios del Consejo demuestran que el 75% de las personas muertas por violencia familiar no había presentado denuncia previamente por maltrato. Eso indica que el problema no emerge en su totalidad.

P. ¿Han observado fallos en la aplicación de la orden?

R. La respuesta judicial ha sido buena. Los jueces activan a las administraciones públicas para que proporcionen a las víctimas asistencia jurídica gratuita, sanitaria o psicológica, ayudas económicas y protección de su seguridad. Lo negativo es que esta ley no se ha aprobado con una memoria económica.

P. ¿Se necesitan más recursos?

R. Es importante que el Gobierno central y los autonómicos publiciten los recursos específicos que destinan a las ayudas sociales que requieren estas víctimas. Éste es un tema prioritario en este país. Junto con el terrorismo, o después de él, es el problema más importante que tiene la sociedad española. Todos los poderes públicos deben volcarse en ofrecer soluciones para resolver, y en el futuro erradicar, esta lacra social. Eso requiere destinar los recursos económicos necesarios para que sea una prioridad política.

P. O sea que hace falta más dinero.

R. Sí.

P. ¿Para qué?

R. El problema de la ley es que cuando habla de ayudas sociales no concretó, pensando que ya las había en distintas administraciones. También hacen falta políticas de igualdad para cambiar los patrones culturales. En caso contrario seguirá habiendo mujeres muertas.

P. ¿El centenar de policías destinados a proteger a las víctimas es un número escaso?

R. Si un juez acuerda que el agresor no puede acercarse a la víctima, el gran reto es que esto se cumpla. Cien policías son insuficientes, porque se han dictado 2.616 órdenes de alejamiento. El Ministerio del Interior es consciente de que hay que destinar más agentes a este cometido y está elaborando un plan para ello. Pedimos que Interior y los Gobiernos con competencias [País Vasco y Cataluña] destinen los recursos humanos y materiales precisos para garantizar que ninguna mujer muera con una orden de protección.

P. De momento no ha ocurrido. ¿Si pasa se demostraría que que la orden no funciona?

R. Habría que decir que el sistema ha fallado en ese caso concreto y estudiar por qué. Pero no se podría decir que hay un fallo general del sistema.

P. ¿Por qué se deniega una de cada cuatro peticiones de orden de protección?

R. En unos casos, porque no se ha podido localizar al agresor. Su comparecencia es necesaria para dictar la orden, pero aun así se puede decidir un alejamiento. En otros, el juez no verifica indicios de delito.

P. ¿Hay un uso fraudulento, por ejemplo como arma en procesos de separación?

R. Es escasísimo.

P. Pese a la nueva herramienta, las muertes han batido récords en 2003. ¿Por qué?

R. El precio que están pagando muchas mujeres por su libertad es la muerte. Ése el el drama. Este año hemos contabilizado 85 fallecimientos por violencia en el ámbito familiar, lo que incluye hijos, padres o maridos. En 67 casos las víctimas son mujeres. De ellas, 57 murieron a manos de su pareja o ex pareja. De las últimas fallecidas, la mayoría no había denunciado maltrato, pero sí había decidido ponerle fin instando la separación o el divorcio. El Estado no podía garantizar su seguridad porque no se había denunciado previamente esa situación.

P. Pero resulta paradójico que aumenten las muertes cuando existe más protección.

R. Es incuestionable que ocurre. Eso va unido al proceso de liberación que están haciendo las mujeres. Cuando deciden poner fin a una situación de maltrato, hay una franja de hombres violentos que no soportan que una mujer ponga fin a una relación de pareja.

P. ¿Anima a las maltratadas que quieran separarse a denunciar antes las agresiones?

R. Sí. Es importante que lo hagan. Es la única forma de que el Estado pueda proteger su seguridad. Deben tener en cuenta que la conflictividad aumenta mucho cuando la mujer maltratada se quiere separar.

P. ¿Los juicios rápidos para rupturas matrimoniales reducirán la violencia?

R. Pueden ser una solución siempre que aumente el número de jueces dedicados a esa labor.

P. Estas agresiones provocan alarma social en España, pero son un problema mundial.

R. La violencia contra las mujeres es una lacra que afecta a todas las culturas, pero aquí hay gran conciencia social: es un problema público y no privado. Existen estudios que demuestran que en Europa hay siete países, incluido los nórdicos, con una cifra de mujeres muertas en el ámbito de la pareja superior a la de España.

P. ¿Por qué es tan dificíl de erradicar?

R. Porque afecta a los patrones culturales de las personas, a las relaciones de dominio que los hombres han ejercido contra las mujeres históricamente. Por eso, la violencia en el ámbito familiar es violencia de género, de hombres contra mujeres. Nuestra sociedad ha sido muy permisiva con la violencia masculina.

P. También hay violencia de las mujeres contra los hombres.

R. Es muy reducida. El 87% de los denunciantes por violencia en el ámbito familiar son mujeres y el 96% de los imputados son hombres.

P. ¿Deben ofrecerse terapias a los maltratadores?

R. Sí. Tienen derecho a la reinserción social. Además, hay maltratadas que vuelven con su agresor. Ahora bien, si no se amplían los recursos, éstos deben dedicarse primordialmente a las víctimas.

Fuente: El País
29/12/2003

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