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Martes 10 de febrero de 2004 |
Noticias
Seguridad Pública y Protección CivilCuatro cámaras de seguridad vigilarán en el municipio de San Antoni (Ibiza) la zona del West End
Las cintas tendrán que destruirse en un mes a menos que las reclamen las autoridades.
Más de la mitad de las cámaras de seguridad que tiene planeado instalar el Ayuntamiento de Sant Antoni (Ibiza) en las calles de la localidad controlaría la actividad en el West End, la zona más conflictiva del verano. La próxima semana, el equipo de gobierno municipal presentará a la dirección insular del Estado el proyecto definitivo, que deberá ser aprobado en un plazo de dos meses por una comisión de garantías que vela por la correcta aplicación de la videovigilancia, organismo dependiente del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), según informó ayer el primer teniente de alcalde, Joan Pantaleoni.
Las calles del West End tendrán
la mayor parte de las cámaras
de videovigilanciaTras presentar la solicitud, dicho organismo (dirigido por el propio presidente del tribunal, Ángel Reigosa) tiene un mes de plazo para comunicar al delegado del Gobierno, Miquel Ramis, si aprueba o no la propuesta. Entonces, la dirección insular tendrá otro mes de plazo para comunicar al Ayuntamiento la decisión. En el caso de que no hubiera respuesta, significaría que no hay luz verde de la comisión, según explicó Pantaleoni. El responsable de la Policía Local afirmó que en la comisión, el organismo local tendrá representación, aunque no podrá ser mayoritaria. "Si podemos conseguir utilizar el sistema de videovigilancia con seis cámaras -la partida destinada para 2004 es de 32.000 euros-, cuatro de ellas las colocaremos en las calles del West End. Las otras dos podrían ir por distintas zonas del núcleo urbano que estamos todavía estudiando", comentó.
Para que el plan de seguridad garantice derechos como el de la privacidad, el sistema debe cumplir con dos restricciones, indicó Pantaleoni. La primera, "que las cintas grabadas sean destruidas en el plazo de un mes en caso de que no sean requeridas para investigaciones policiales o judiciales", señaló. En este caso, los delitos deberán estar tipificados en el Código Penal o, en el supuesto de infracciones administrativas, tendrán que estar catalogadas como graves o muy graves.
La segunda limitación es relativa a la obligación que tendrá el Ayuntamiento a informar a los ciudadanos sobre la presencia de la videovigilancia, aunque sin necesidad de informar sobre en qué punto exacto registran las imágenes. "Las cámaras que pretendemos instalar son fijas y tienen muchas menos restricciones que las cámaras móviles, que son las utilizadas, por ejemplo, para controlar el tráfico", explicó Pantaleoni. El sistema fijo permite que cada objetivo grabe la zona cubierta rotando sobre su propio eje, aunque si no se pide expresamente a la comisión, no se puede cambiar de lugar.
El motivo alegado por el equipo de gobierno municipal para instalar este sistema es el de la "prevención de actos delictivos", según constará en la solicitud. "No lo pediremos para custodiar edificios oficiales", descartó el concejal, que adelantó que el sistema tampoco grabará sonido.La petición de la semana que viene deberá concretar las calles en las que se quiere instalar cámaras, su definición genérica, la cualificación de las personas encargadas del sistema, el tipo de cámara y las condiciones técnicas de la red de vigilancia, así como el tiempo durante el que se pretende tomar imágenes. "En principio intentaremos que el sistema esté en marcha las 24 horas, a menos que no sea recomendable jurídicamente", concluyó el edil.
Fuente: El Diario de Ibiza
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