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Jueves 12 de febrero de 2004 |
Noticias
Seguridad Medioambiental y Protección del EntornoAgentes forestales de Madrid denuncian amenazas de cazadores y alcaldes por su trabajo
Un trabajador afirma que fue agredido durante horas en la Sierra Norte de Madrid
Pese a lo atractiva que pueda parecer la profesión de agente forestal para los amantes del medio natural, la realidad es bien distinta, como denuncian desde el área de Medio Ambiente de Comisiones Obreras de Madrid. A las presiones sobre sus inspecciones y denuncias se suman las amenazas, incluso de muerte, y hasta agresiones que han llegado a padecer en distintos puntos de la Sierra Norte y Oeste.
La defensa del medio ambiente choca frecuentemente con demasiados intereses, algunos con cierto poder e influencia dentro de la propia administración, y otros anclados en métodos justicieros del pasado.
Entre las competencias de los agentes forestales que más peligrosas les resultan de hacer frente, se encuentran las de control de la caza furtiva, e incluso la legalizada en los cotos privados, donde los guardas de las fincas ponen dificultades a su labor de control sobre la actividad cinegética, hasta el punto de amenazarles si entran en su coto.
Sin embargo, la Ley Forestal establece que esta figura se encargue de velar por dicha actividad en aquellas fincas donde se haya concedido el permiso de coto de caza, máxime cuando en su interior se actúe con especies protegidas. Por esta cuestión se tramitó una denuncia el pasado mes de julio, cuando un agente fue amenazado de muerte por un guarda de una finca de Valdemaqueda.
Alcaldes y secuestradores
Cerca de este mismo municipio, en Robledo de Chavela, la denuncia por amenazas elevada el mes de julio de 2003 ante la Consejería de Medio Ambiente no señalaba a particulares con dudosos intereses, sino al propio alcalde de la localidad.
El enfrentamiento del regidor con los agentes de esta comarca ha llegado hasta el punto de amenazarles con retirarles el local que el Consistorio cedió a la Comunidad de Madrid, asegurando que no se hacía responsable de lo que les pudiera ocurrir. Todo ello, porque a los 12 agentes que componen el contingente de esta comarca se les ha ocurrido denunciar la realización de construcciones en suelo no urbanizable y la actividad de algunos cotos de caza.
Finalmente, el pasado 19 de enero se hizo efectiva la amenaza, y el Consistorio de Robledo dio un plazo de 15 días a los agentes para que devolvieran el local municipal.
La Guardia Civil recibió el mismo mes de julio de 2003 la denuncia de un agente forestal que había sufrido represalias contra su propiedad, concretamente contra su vehículo privado, por haber denunciado casos de prácticas cinegéticas irregulares.
Caza furtiva
Pero el caso más doloroso que se ha llegado a padecer en este cuerpo se registró hace varios años en la Sierra Norte, cuando uno de sus agentes fue secuestrado durante varias horas en las que le sometieron a diferentes agresiones físicas. El agente fue abordado por varios individuos disconformes con su forma de trabajar y mientras le golpeaban, le increparon y amenazaron para que se replanteara sus actuaciones contra la caza furtiva.
Desde el citado departamento de Medio Ambiente de CCOO se asegura que las denuncias efectuadas por los agentes forestales «contra las propias administraciones públicas, como consecuencia de actuaciones o actividades que vulneran la normativa ambiental llevadas a cabo por dichas administraciones, no suelen ser demasiado bien recibidas ni comprendidas, pese a que constituye un deber legalmente establecido de dichos funcionarios denunciar cualquier actividad que contraríe la normativa ambiental, venga de donde venga».«Todo ello, pese a que es un dato objetivo, contrastado y plenamente admitido el hecho de que uno de los principales infractores ambientales de nuestro país sea la Administración», prosigue el sindicato CCOO.
Los representantes sindicales temen que esta escalada de tensión derive en una situación irreparable. Por ello han exigido a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, de la que dependen estos trabajadores, que apoye a sus funcionarios de manera inequívoca, garantizando que puedan desarrollar su trabajo en unas mínimas condiciones de seguridad, sin estar continuamente sometidos al chantaje y a unas presiones y amenazas que son absolutamente inadmisibles.
A estos inconvenientes laborales se suma el «estado de interinidad en que se encuentra casi un tercio de los cerca de 200 agentes que trabajan en la Comunidad de Madrid, lo que, al parecer del sindicato, constituye un uso indebido de esta figura que supone un fraude de la ley».
Medio Ambiente, denunciada
Las irregularidades a las que se enfrentan estos agentes no sólo se refieren a empresas, particulares u otras administraciones, sino que ellos mismos están involucrados en actuaciones que no cumplen con la ley.
Estas acusaciones, realizadas por la Unión Sindical de Madrid de CCOO, se refieren a la apertura de pistas forestales en zonas protegidas de Valdemaqueda, donde se lleva a cabo la cría de especies en máxima protección como el buitre negro. Estas pistas se han realizado sin realizar la necesaria Evaluación de Impacto Ambiental.
Por este caso, «la Consejería de Medio Ambiente de Madrid ha sido denunciada ante la Unión Europea por la agrupación ambientalista SEO Bird Life», aseguran las mismas fuentes.
A este respecto, dicha consejería asegura que la Evaluación de Impacto Ambiental no era necesaria por tratarse de mejora de pistas ya existentes, lo cual contribuyó el verano pasado al acceso de los bomberos de la Comunidad a zonas afectadas por un incendio.
Teniendo en cuenta la queja sindical de que gran número de las denuncias que tramitan estos agentes no continúan su curso, alguno de ellos ha tomado la determinación de cursar sus denuncias directamente en los juzgados.
Tal es el caso de varias construcciones ilegales (en suelo no urbanizable) iniciadas en Torrelaguna. Conscientes de la inoperatividad de sus denuncias administrativas, la mayor efectividad judicial se puso de manifiesto en este municipio cuando, a los 15 días de su denuncia, el juzgado ordenó el precinto y paralización de estas construcciones.
Fuente: El Mundo
08/02/2004
