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La Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía rastrea las "huellas" delictivas en la red

Todos los delitos menos la violación se pueden cometer a través de Internet

 

Aunque su arma reglamentaria es el ordenador, se desplazan  por toda España para practicar detenciones

Internet ha cambiado nuestras vidas en todos los aspectos. De hecho, se puede subsistir teniendo el saldo suficiente en una cuenta corriente y sabiendo manejar el PC con soltura. Tan sólo hay que salir unos segundos al rellano de la escalera para recoger los pedidos que hayamos encargado a una de las cada vez más numerosas empresas que ofertan sus productos a través de la red. Pero no sólo tenemos la posibilidad de realizar nuestras compras y transacciones, ya que el ciberespacio permite a muchos asalariados no tener que pasar por el engorro de soportar atascos cada jornada y evitar la mirada escrutadora del guardia de seguridad a la hora de fichar. ¿A quién no le importaría perder un poco de dinero de su nómina a cambio de poder trabajar en su propio hogar sin horarios y sustituyendo la corbata por un cómodo chándal?

Pero Internet también tiene su revés, una cara sombría en la que tratan de pasar desapercibidos una serie de delincuentes que, de forma más o menos sofisticada, utilizan la red para causar daño en su beneficio. Por suerte, como el crimen perfecto, la impunidad en el ciberespacio no existe, y de ello se encargan los 28 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que integran la Brigada de Investigación Tecnológica.

El germen de la Brigada se remonta a 1995. Ese año, tres agentes comenzaron a trabajar utilizando como «armas reglamentarias» las mismas que usaban los delincuentes a los que trataban de poner cara y nombre: los ordenadores.

Por entonces, Internet ya era una realidad que iba extendiéndose espectacularmente en los hogares de todo el mundo. Lo mismo que la proliferación de delitos relacionados con las nuevas tecnologías. Por ello, la plantilla inicial de agentes se fue ampliando hasta llegar a los 28 que actualmente desempeñan sus funciones en el complejo policial de Canillas. Ahí tienen su centro de operaciones y es desde donde estrechan el cerco hasta asfixiar al ciberdelincuente. Pero lo cierto es que la red no tiene fronteras y es frecuente que se tengan que desplazar de forma sincronizada a numerosos puntos de España para, por ejemplo, desarticular a una red de pederastas que intercambian material pornográfico en el que los protagonistas son menores de edad.

Cualquier delito. Aparte de que es el lugar en el que trabajan los funcionarios de la Brigada, Madrid es uno de los puntos neurálgicos de las investigaciones que llevan a cabo. En primer lugar porque raro es el operativo a gran escala en el que no esté involucrado algún residente de nuestra Comunidad. Además, los juzgados de Plaza de Castilla soportan el grueso de denuncias de este tipo de delitos hasta que, con las investigaciones avanzadas y el esclarecimiento del lugar desde donde operan los delincuentes, se remiten los casos a las dependencias judiciales correspondientes.

A priori, Internet parece inofensivo, pero nada más lejos de la realidad. Según Carlos Lobato, comisario jefe de la Brigada de Investigación Tecnológica, con esta herramienta se puede cometer «cualquier tipo de delito menos una violación». Incluso se puede perpetrar un homicidio, accediendo a los expedientes médicos y cambiando la medicación de los pacientes.

Por todo ello, la Brigada se divide en tres secciones que, a su vez, se subdividen en una serie de grupos especializados en «protección al menor», «fraude en el uso de las telecomunicaciones», «fraudes en internet», «propiedad intelectual» y «seguridad lógica». En este epígrafe están incluidos los tan temidos «hackers», que Lobato divide en éticos delinquen para demostrar que pueden hacerlo y los no éticos que lo hacen para lucrarse.

Pero, sin duda, son los delitos relacionados con la pederastia los que más inquietan a la opinión pública. La sensibilidad en este sentido es tal que cada día llegan al correo electrónico de los agentes de Canillas aproximadamente 200 denuncias de ciudadanos, la mayoría de forma anónima, que, navegando por la Red, han encontrado páginas web relacionadas con la pornografía infantil.

A partir de este aviso, los policías comienzan una laboriosa investigación que, debido a su complejidad, se puede prolongar durante meses. Y es que el intercambio de material pornográfico de estas características trasciende nuestras fronteras, por lo que la colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad de otros países es vital para llevar a buen puerto las pesquisas. Tirando del hilo, los agentes pueden llegar a conclusiones que muestran una bajeza extrema: en muchas ocasiones son los propios padres los que «alquilan» a sus hijos a los productores del material que, posteriormente, se intercambiarán los «amantes del género». Según Lobato, en España no hay constancia de que se esté produciendo este tipo de material que, en su mayoría, proviene de países del este de Europa, centro y sur de América y Asia, donde la miseria se convierte en el caldo de cultivo ideal para que los menores caigan en estas redes. Por desgracia, aunque más tarde o más temprano el «consumidor» acaba en manos de la Policía, lo difícil es detener al que filma o fotografía las imágenes, o lo que es lo mismo, al que se lucra económicamente con las aberraciones cometidas sobre niños.

Para el comisario jefe de la Brigada no existe un perfil de consumidor de pornografía infantil. «Aunque en alguna ocasión hemos detenido a alguien importante, hay de todo. Muchos tienen mujeres e hijos y a veces no son conscientes de que estaban cometiendo un delito», afirma. Cuando la Policía se presenta en sus casas y les informan del motivo de la detención no suelen oponer resistencia, pero uno de los agentes no se va a separar del sospechoso mientras se registra la vivienda para evitar así que pueda quitarse la vida, quizás al plantearse que la sanción social de su entorno familiares y amistades al conocer lo que ha hecho puede ser aún más dura que la penal.

Pero ésta es sólo una de las vertientes en las que trabaja la Brigada. Otra de sus funciones es poner fuera de juego a los tan temidos «hackers». Uno de los más osados, según José Manuel, inspector de la Brigada, ha sido un joven de 25 años que, desde Badajoz, ha tenido en jaque a Wanadoo Francia, que ha valorado las pérdidas ocasionadas por este pirata informático en millones de euros y la puesta en peligro de 60 empleos. Empezó conformándose con entretenerse gratis con uno de los juegos de Internet más populares del mundo, el «Dark Age of Camelot». Sin embargo, acabó robando el programa, accediendo a las bases de datos de otros usuarios, creando cuentas gratuitas para nuevos jugadores y utilizando tarjetas de crédito ajenas.

Mucha gente es reticente a comprar a través de la red o a realizar algún tipo de transacción, al tener miedo de que sus datos bancarios caigan en manos de algún delincuente sin cara. Francisco, también inspector de Investigación Tecnológica, afirma que este miedo es infundado. Aunque reconoce que no es del todo descartable la comisión de un delito de estas características, considera que el riesgo es el mismo que cuando pagamos con tarjeta de crédito en un restaurante. Y es que nadie sabe que uso se hace del plástico durante los segundos que el camarero la retira para pasarla por la terminal que carga la factura en nuestra cuenta.

Cebos falsos. Según él, lo que está de moda hoy en día es enviar correos masivos que advierten de que la página web de nuestro banco esta en obras. Así, remiten a las potenciales víctimas a otra página falsa creada por los delincuentes con el fin de conocer las claves de acceso de los más confiados y poder hacer uso de los fondos de sus cuentas corrientes.

Ésta es una pequeña muestra de la labor que llevan a cabo cotidianamente los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que integran la Brigada y que, debido a la frenética evolución de los avances tecnológicos, reciben constantes cursos con el fin de seguir demostrando que, como en cualquier otro delito, todo ordenador deja las huellas del delincuente que lo utiliza en el lugar del crimen.

 

Fuente: La Razón
23/02/2004

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