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El alto índice de criminalidad en México

Desde el año 2002, la Presidencia de la República dispone de un amplio diagnóstico criminal que reporta la ineficacia de las instituciones dedicadas a combatir el delito, analiza la forma como la corrupción trastoca los intentos de abatir el crimen y evidencia la falta de un proyecto integral para enfrentar y resolver el problema.

 

Establece que el elevado índice de pobreza y marginación incide directamente en el incremento de la criminalidad, por lo que el control de la delincuencia es cada vez más difícil en un país que no ofrece perspectivas ni posibilidades de desarrollo.

Además, las instituciones responsables de la seguridad carecen de una política coherente, por lo que “la violencia crece de manera directamente proporcional a la incapacidad de las instituciones de seguridad y justicia para darle respuesta de manera integral”.

El diagnóstico que el gobierno federal tiene desde hace dos años, y que expone también los vicios de la procuración y administración de justicia, forma parte de las reformas al sistema de justicia penal mexicano que propuso el presidente Vicente Fox al Congreso en mayo último.

Luego de la marcha del domingo 27 de junio, diversas organizaciones civiles plantearon la urgencia de realizar estudios, análisis y diagnósticos sobre la criminalidad, y algunas de ellas, como México Unido contra la Delincuencia, propusieron establecer la pena de muerte para castigar a delincuentes como secuestradores y violadores.

La manifestación provocó jaloneos por todas partes, y hasta roces y fricciones en el interior del gabinete foxista, donde aún no logran ponerse de acuerdo en una política clara e integral al respecto, a pesar del diagnóstico mencionado.

Como sea, dicho estudio sirvió de base para fundamentar también las 10 acciones que el jueves 1 de julio dio a conocer el presidente Fox como medidas urgentes, en las que se incluye la creación del Instituto Nacional de Seguridad y Justicia, la aplicación de una política de servicio y calidad total en la atención de denuncias, y el establecimiento de sistemas informáticos que transparenten la averiguación previa.

Desde su etapa como presidente electo, Vicente Fox conoció un diagnóstico inicial sobre el tema elaborado por Francisco Molina Ruiz y José Luis Reyes, responsables del área de seguridad y justicia de su equipo de transición, el cual incluía un estudio de la delincuencia y de las estructuras de gobierno dedicadas a combatirla, así como del sistema carcelario.

Pero las acciones que ambos propusieron no se reflejaron en la política de prevención y procuración de justicia de la administración de Fox.

La radiografía

El diagnóstico más actualizado sobre la criminalidad en México fue concluido en el 2002 —demandó dos años de trabajo—, y su elaboración estuvo a cargo del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, A.C., con el apoyo de organismos académicos como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC) y el Centro Nacional de Tribunales Estatales, entre otros.

El primer paso de ese trabajo fue un análisis de la realidad social a partir del comportamiento delictivo que tuvieron poco más de 35 mil presos encuestados en los penales más poblados del país –muchos de ellos reincidentes—, ubicados en el Distrito Federal y en los estados de México y Morelos.

Con base en la información obtenida, el estudio concluye que, como consecuencia de la ineficacia de las instituciones responsables de la seguridad y la elevada corrupción policiaca, en las prisiones no habitan los delincuentes más peligrosos, sino los más pobres, cuya captura implicó menor esfuerzo.

Lo anterior se refuerza con un solo dato: Más del 60% de la población en reclusión fue capturada en flagrancia por la policía preventiva. Ello indica, según el análisis, que las procuradurías tienen una escasa capacidad para realizar investigaciones policiacas profesionales que permitan capturar a delincuentes profesionales. Consecuencia: que después de 24 horas de cometido un delito, la probabilidad de encontrar al responsable es muy baja.

El diagnóstico revela que la mayoría de los presos están recluidos por delitos menores, mientras que la más peligrosa delincuencia sigue operando en toda la República.

En el apartado Delincuencia, Marginalidad y Desempeño Institucional (Principales resultados de la encuesta CIDE a población en reclusión en el D.F., Morelos y Estado de México), a cargo de la división de estudios jurídicos del CIDE, se expone que la delincuencia golpea con fuerza a los ciudadanos desde hace al menos 10 años y que, para abatirla, el gobierno ha puesto en operación estrategias “muy pobres”, sin tomar en cuenta las experiencias de las víctimas.

Por lo que se refiere a la capacidad de las procuradurías, el estudio apunta: “El hecho de que más del 60% de los internos fueron capturados en flagrancia, que el 50% de la población en reclusión esté compurgando penas por robos de poca cuantía (hasta 6 mil pesos), que la mayoría de los internos sancionados por delitos contra la salud purgan sentencias por tráfico de drogas con un valor promedio de mil 168 pesos, nos indica que las autoridades de la procuraduría no están dándole prioridad a la persecución de los delincuentes peligrosos.

“Dicho de otra forma, el sistema de incentivos que rige al interior de las agencias del Ministerio Público premia el número total de consignaciones, pero no así la gravedad, en términos sociales, del caso consignado. Sin una estrategia focalizada en delitos violentos y en delincuentes profesionales, difícilmente la procuraduría logrará tener un impacto en los índices delictivos.”

La encuesta entre la población carcelaria revela que la mayoría abandonó su casa en la adolescencia por la necesidad de trabajar y por violencia intrafamiliar. “Resulta significativo que el 20% del total de los internos entrevistados refieran que tienen familiares que alguna vez han estado en prisión, lo que demuestra claros signos de desarticulación social entre las familias en que se desenvolvieron.”

En casi todos los casos, los delincuentes recluidos provienen de familias divididas, sienten frustración y fracaso, y asocian el éxito con la acumulación de bienes materiales. Además, el 33% de los internos reportaron que, cuando eran niños, sus padres consumían frecuentemente alcohol, y se calcula que el 10% de los presos padece de alcoholismo.

Al preguntarles dónde y en qué condiciones cometieron el delito por el que se encuentran presos, el 48% aceptaron que el ilícito –robo, secuestro, homicidio, entre otros– lo cometieron en la calle; 24%, en una casa u oficina; 6%, en un vehículo, y 5%, en una tienda. “Si se toman en cuenta sólo los delitos contra la propiedad, 58% tuvo lugar en la calle y 17% en una casa u oficina. Es decir, la calle es el lugar más vulnerable”, asienta.

Las drogas, el alcohol y las armas están directamente relacionados con los delitos más comunes. La encuesta señala que el 37% de los presos aceptaron haber consumido alcohol o alguna droga por lo menos seis horas antes de cometer el delito —aunque esos excitantes están presentes en la mayor parte de los delitos sexuales–, y el 38% dijeron haber utilizado armas para atacar a sus víctimas.

El 66% no denuncia

En mayo del 2002, el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, A.C. (ICESI) realizó la Primera Encuesta Nacional sobre Inseguridad Pública en las Entidades Federativas, y el levantamiento de la misma estuvo a cargo de las empresas encuestadoras Pisos Bimsa, Berumen y Asociados, Consulta Mitofsky y Gaussc.

Se trata del primer diagnóstico sobre el problema de la inseguridad, con información confiable acerca de su cuantificación fáctica y su percepción social, y sus resultados forman parte del estudio que entregó el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, A.C. a la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental de la Presidencia de la República.

Según refiere el ICESI, el trabajo se realizó del 2 al 24 de marzo del 2002, tomando en cuenta delitos ocurridos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2001, para lo cual fueron encuestados 35 mil hogares. El estudio, con una confiabilidad de 95%, arrojó, entre otros, los siguientes resultados:

En 2001, 4.2 millones de mexicanos fueron víctimas de la delincuencia, y los daños y las pérdidas materiales ascendieron a 49 mil millones de pesos, equivalentes al 0.85% del Producto Interno Bruto. El 92% de los delitos fue el robo, y en el 44% de los casos concurrieron la violencia y las armas de fuego.

El 66% de las víctimas no denunciaron el ilícito porque les parece “que sería una pérdida de tiempo y que los trámites son largos y difíciles”. Además, ante el aumento de la criminalidad, el 23% de la población abandonó el hábito de salir de noche. En el Distrito Federal, la cifra alcanzó al 39% de los hogares; en Baja California y Morelos, al 21%; en el Estado de México, al 20%, y en el estado de Chihuahua, al 16%.

Por cada cien mil habitantes, se cometieron en promedio 4 mil 412 delitos a nivel nacional en ese mismo año. Pero sólo en el Distrito Federal la cifra fue 17 mil 718 delitos por cada cien mil habitantes, seguido de Morelos, con 5 mil 573; de Baja California, con 5 mil 531; de Chihuahua, con 4 mil 979 y del Estado de México, con 4 mil 778 delitos.

Del total de las víctimas de la delincuencia, sólo el 34% reportó el delito ante algún tipo de autoridad, y en las pocas actas levantadas ante el Ministerio Público se encontró que en el 45% de los casos “no pasó nada”, que en el 23% no procedieron las denuncias, que el 17% de éstas se encontraban en trámite y que sólo en un 11% de los casos fue consignado el delincuente.

De acuerdo con la encuesta, el 47% de los mexicanos se sienten inseguros, y en cuanto a la modificación de hábitos por esa causa, el 44% de la gente no porta en la calle dinero en efectivo, el 37% no usa joyas y el 27% no visita amigos y parientes que viven lejos.

En su segunda encuesta nacional, realizada entre enero y junio del 2002, el ICESI encuestó 35 mil 174 hogares del país entre el 9 y el 30 de agosto del 2002, y llegó a la conclusión de que en el 9% de los hogares mexicanos al menos una persona fue víctima de un delito. Sólo 17 personas de cada cien lo denunciaron ante el Ministerio Público.

Uno de cada dos delitos se cometió con violencia y con arma de fuego. Tres de cada cinco ilícitos fueron cometidos por más de un delincuente y una de cada ocho víctimas conocía a sus agresores.

La población percibe, según el estudio, que los delitos que tuvieron mayor aumento son los relacionados con el narcotráfico, especialmente la venta de drogas al menudeo, el asalto en la vía pública, el robo de vehículos y el robo o asalto a casas-habitación.

Justicia corrupta

El gobierno del presidente Vicente Fox tampoco ignora el grado de corrupción y las fallas que imperan en el aparato de justicia y en las rutas que siguen los juicios desde la integración de una averiguación previa hasta la sentencia que dicta el Poder Judicial.

El diagnóstico señala que desde la aprehensión del delincuente hasta su encarcelamiento, “existe una alarmante falta de apego a los estándares mínimos para desahogar un proceso legal”, pues sistemáticamente se violan los principios básicos que sustentan la actuación de los Ministerios Públicos.

El resultado: fallas de procedimiento en las audiencias que derivan, en muchos casos, en liberaciones rápidas o en sentencias torcidas que afectan la credibilidad del sistema de justicia penal.

Según el estudio, la atrofia que padece el Ministerio Público como órgano investigador tiene que ver en parte con la falta de recursos y con la excesiva carga de trabajo: en algunos casos, por ejemplo, hay agentes que tienen que revisar cerca de 2 mil expedientes, y esto deriva en que sólo cuatro de cada 10 órdenes de aprehensión sean cumplimentadas en el país.

También da cuenta de la corrupción como una forma de evadir la acción de la justicia. Por ejemplo, en la encuesta realizada en los penales del Distrito Federal, Morelos y el Estado de México, de un total de 35 mil presos, el 70%, sentenciados por robo, dijeron que de haber tenido dinero para sobornar a las autoridades lo habrían hecho. Por lo que el estudio, a cargo del CIDE, concluye: “Ello permite inferir que, quienes cometen robos mayores o disponen de más recursos, efectivamente logran eludir la acción de la justicia”.

Al preguntarles si alguna autoridad les pidió dinero, la mayoría de los entrevistados apuntaron a los policías judiciales y preventivos.

De ahí que, de acuerdo con el documento, “el acceso diferencial a recursos como la defensa o la posibilidad que algunos tienen de sustraerse a la justicia mediante el soborno, ocasiona que exista un gran número de pobres en las prisiones, mientras que una elevada proporción de delincuentes profesionales quedan fuera de ella”.

Durante el proceso judicial, el 34% de las personas sentenciadas se declaró culpable, y de esta cifra, sólo el 50% reconoció plenamente su delito, pues el 23% dijo haberlo hecho por tortura y el 12% por amenazas, entre otras formas de presión.

Más de la mitad afirmaron haber tenido sus respectivas sentencias condenatorias después de permanecer entre uno y ocho años de prisión. Y en el desarrollo del proceso, dos terceras partes de los consignados (66%) no fueron informados de su derecho a no declarar. Así mismo, “el 71% de los sentenciados reportaron que el juez no estuvo presente cuando rindieron su declaración. De igual modo, el 80% denunciaron que nunca tuvieron la oportunidad de hablar con el juez…”

Peor aún, “el 50% de los encuestados estimaron que el secretario de acuerdos del juzgado era quien dirigía las audiencias; 21% dijo que lo hacía la secretaria mecanógrafa del juzgado; 20%, el MP adscrito al juzgado, mientras que sólo 8% estimó que era el juez quien llevaba el control”.

Y de un total de mil encuestados, el 20% aseguró que su abogado le pidió dinero para darle al MP, y otro 18% contestó que recibió una solicitud similar para quedar bien con el juez.

“Durante su estancia en el MP, sólo 30% reportaron haber contado con un abogado de oficio. Sobre la calidad del servicio (lo otorga el Estado) que éstos prestaron, el 70% reportaron que no los asesoraron antes de rendir su declaración y 65% consideran que no hicieron nada para defenderlos”.

Finalmente, en la encuesta se planteó la siguiente pregunta: “¿Qué tan justa cree usted que fue su sentencia?”. El 74% respondió que “nada justa”, el 19% que “poco justa” y sólo el 6% contestó que “muy justa”.

Fuente: El Diario Digital (México)
05.07.04

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