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Martes, 13 de julio de 2004


Seguridad Pública y Protección Civil

Sólo 4 de cada 100 urbanizaciones catalanas tienen plan antiincendios

La falta de recursos impide a los municipios crear perímetros de protección de las zonas habitadas. La Generalitat se ve forzada a ampliar el plazo de cumplimiento de la ley hasta finales del 2005

 

El 96% de las urbanizaciones catalanas carece de un plan que las proteja de los fuegos forestales. Sólo 40 de las 997 zonas residenciales han presentado a la Generalitat su propuesta antiincendios. El verano pasado, decenas de miles de personas fueron evacuadas de sus casas por la amenaza de las llamas. Un año después, la situación apenas ha variado. Los ayuntamientos lamentan que no pueden aplicar la ley porque la mayoría de ellos no cuenta con los recursos suficientes.

La norma, vigente desde mayo de 2003, obliga a los municipios a crear un perímetro de seguridad de 25 metros de ancho alrededor de las urbanizaciones situadas a menos de medio kilómetro del bosque, que en Catalunya son casi un millar. Además, señala que no puede haber vegetación seca en los terrenos sin edificar y traslada a los ayuntamientos la responsabilidad de mantenerlos limpios. La ley marca que estas dos condiciones deberían cumplirse un año después de su aprobación, a partir de mayo de 2004. Pero no es fácil.

En Maçanet de la Selva (Selva), el incendio de agosto pasado arrasó 1.400 hectáreas, la mayoría de ellas en urbanizaciones. "El núcleo urbano tiene ocho kilómetros, mientras que las zonas residenciales suman más de 80 kilómetros. ¿Cómo pretenden que vigilemos ese área?", protesta el concejal de Medio Ambiente, Antoni Trixeria, de la plataforma Acord per Maçanet.


DEMASIADO DINERO

"Nuestro ayuntamiento no puede limpiar las fincas de forma subsidiaria, como dice la Generalitat, y después perseguir a los dueños para cobrárselo: el coste económico sería elevadísimo", advierte. Trinxeria recuerda que su población tiene un presupuesto anual de inversiones de 510.000 euros (85 millones de pesetas), mientras que la instalación de depósitos de agua para actuar rápidamente en caso de un fuego (hidrantes) ascendería a tres millones de euros (500 millones de pesetas).

La Conselleria de Medi Ambient i Habitatge, consciente de esta dificultad de las administraciones locales para aplicar la ley, ha decidido ampliar los plazos para redactar los planes antiincendios hasta final de 2005, como reconoció esta semana el director de Medi Natural, Ramon Luque. La Generalitat también ha anunciado que destinará una partida presupuestaria mayor para el año que viene para afrontar la limpieza de las zonas forestales.
Entre los pocos ayuntamientos que sí han cumplido con sus obligaciones en materia de prevención de fuegos en las urbanizaciones está Llagostera (Gironès). A pesar de las estrecheces económicas, el alcalde, Lluís Postigo (Entesa per Llagostera), recalca que el peligro de que se declarase un fuego en urbanizaciones como Fontbona o Selva Brava --alejadas varios kilómetros del núcleo y en plena sierra de Cadiretes-- les hizo actuar urgentemente y despejar el perímetro de maleza. "Estamos asumiendo un riesgo económico, pero hemos decidido liarnos la manta a la cabeza y gastarnos 150.000 euros (25 millones de pesetas) en esos trabajos, porque tenemos muchas posibilidades de padecer un incendio", justifica Postigo.

CULPA DEL HOMBRE

Pero Llagostera es la excepción. Medi Ambient calcula que las urbanizaciones acogen durante el verano a medio millón de personas, entre quienes tienen su primera residencia y los que sólo pasan las vacaciones. El Govern ha editado 500.000 folletos con consejos para prevenir los fuegos que se repartirán precisamente en estas zonas residenciales. Según Medi Ambient, el 90% de los incendios están provocados por el hombre.

Otro de los municipios catalanes que en agosto de 2003 sufrió las devastadoras consecuencias de las llamas y que vio cómo tenían que desalojar la mayoría de sus urbanizaciones fue Castell-Platja d'Aro (Baix Empordà). El concejal de Medi Ambient, Josep Maria Solé (CiU), coincide también en que el gran escollo en la aplicación de la ley de prevención de incendios de estos núcleos es la financiación. "Nosotros, hasta ahora, hemos actuado en los perímetros, pero es muy diferente limpiar la vegetación de un sector llano, que no hacerlo en urbanizaciones con pendientes muy pronunciadas, en las que aún es más caro", concluye.
 

Fuente: El Periódico de Catalunya
12.07.04

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