Seguridad
Corporativa y Protección del
Patrimonio
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Los 'números
800' entran en crisis por la plaga del fraude
Los timos mediante llamadas
que prometen falsos premios frenan el uso de estos servicios
Las empresas de servicios de
tarificación adicional que utilizan los números 800 han visto como su
facturación está cayendo ante el efecto disuasorio que tiene para
los consumidores el incremento de los timos por empresas que utilizan
fraudulentamente estos números. Y es que los fraudes a través
de los números 800 que retienen a la gente al teléfono prometiendo
falsos premios se ha multiplicado. Las organizaciones de
consumidores hablan de más de 5.000 denuncias sin resolver, aunque la
Administración reconoce menos de 500.

Las 400 empresas legales que operan en este negocio utilizan los números
de teléfono que empiezan por 803, 806 y 807 (o los 907 en caso
de Internet) para vender sus servicios: horóscopos, llamadas eróticas,
consulta del porvenir y otros servicios profesionales. El sector
había tenido una fuerte expansión. Sin embargo, la aparición en el
último año de unas pocas empresas capaces de realizar estafas a gran
escala utilizando estos números amenaza su supervivencia o, por lo
menos, su rentabilidad. Y es que organizaciones de consumidores y otros
colectivos piden ya su cierre temporal o una legislación más
restrictiva.
En 1993, estas empresas (que entonces utilizaban los famosos 906)
facturaban 240 millones de euros. Diez años después sus ingresos han
caído hasta los 210 millones, según datos provisionales de la Asociación
de Empresas de Servicios de Valor Añadido (AVA). El director general de
AVA, Ángel Martín, señala que el fraude procede de alrededor de 12
empresas pero la mala imagen que crean salpica al resto y los
consumidores no se atreven a llamar a los números legales.
Cuando un cliente llama a uno de estos números, paga entre 0,30 y 3
euros por minuto. De esa cantidad, el operador telefónico
(Telefónica, Uni2, Jazztel y otros) se lleva entre el 10% y el 35%, y el
resto va para la empresa de tarificación adicional. Por eso, el negocio
consiste en retener al cliente lo más posible al otro lado de la línea,
con un máximo de 30 minutos, periodo al cabo del cual se desconecta
automáticamente la comunicación.
Y ahí entra la picaresca. Los timadores incitan a llamar a un 807 con
los más variados motivos: falsos premios, viajes, encuestas, ofertas o
concursos. El último timo que hace furor es el que promete llamadas
gratis haciéndose pasar por una promoción especial de Telefónica.
Una vez que el incauto abonado llama al 807 para recibir el supuesto
premio, le retienen en la línea pidiéndole datos personales o
mediante esperas interminables. El servicio jurídico de Telefónica
aclara que "desde ningún departamento se están poniendo en contacto con
sus clientes pidiéndoles que llamen a ningún número 800".
La Unión de Consumidores Españoles (UCE) ha denunciado recientemente que
el 30% de las familias ha sido presa de este tipo de fraudes. Para
frenar el fenómeno, ha pedido al fiscal general del Estado y a los
ministerios de Industria y Sanidad y Consumo, que suspendan
temporalmente la actividad de estas empresas y una nueva regulación de
forma que sólo se pueda llamar a esos números si el abonado lo pide
expresamente a su compañía telefónica.
Según la UCE hay 5.000 denuncias. Pero los los últimos datos de la
Comisión de Supervisión, dependiente de Industria, hablan de 2.014
denuncias acumuladas, de las que 1.572 se han tramitado ya con el cierre
del número telefónico en cuestión; del resto de 442 expedientes, 262
están en trámite, y sobre los otros 180 se están haciendo comprobaciones
para su apertura.
Esta comisión sólo tiene potestad para suspender los números. Por ello,
además de la persecución policial, el otro frente para atajar el fraude
procede de las compañías telefónicas, que les asignan los números 800.
Algunas, como Telefónica, tienen un sistema de alarma si detectan que
el proveedor de ese número tiene una facturación excesiva. Si observan
fraude les paralizan los pagos, e informan al resto de operadoras de la
firma estafadora.
Pero el abonado también puede defenderse, ya que con la legislación de
2003, puede negarse a pagar a su compañía telefónica la parte
correspondiente a estas llamadas, sin temor a que le corten el teléfono.
Las empresas de los 800 no suelen reclamar luego estas cantidades, y
menos aún las que estafan.
Fuente: El País
31.05.04
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