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Jueves, 10 de junio de 2004 |
Noticias
Seguridad Corporativa y Protección del PatrimonioLa Cámara de Navieros de Costa Rica critica la falta de seriedad del Gobierno en la certificación portuaria
El hecho de que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) no hayan publicado el decreto ejecutivo que establece el marco legal para que la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) y el Instituto de Puertos del Pacífico (Incop) cumplan con la certificación de seguridad que exige la Organización Marítima Internacional (OMI), antes del 1 de julio, llenó de preocupación a las Cámaras y Asociaciones de navieros del país.
Jorge Campabadal, presidente de la Cámara de Navieros de Costa Rica, mencionó que el hecho de que el decreto ejecutivo esté varado en la Casa Presidencial retrasa que el Gobierno establezca un plan de protección portuaria.
Además, criticó que si el país no logra la certificación se aumentarán los costos de importación y podrán dejar como medida de sanción a los barcos en altamar por más de 48 horas, afectando esto el intercambio comercial.
El director de la agencia naviera Repremart, Luis Marín, manifestó que el Gobierno no ha tomado el asunto de la certificación portuaria con la seriedad que requiere, ya que este hecho podría afectar al comercio nacional, tanto las importaciones como las exportaciones.
“Los costos en realidad no serán asumidos por las navieras -ya que nosotros solamente hacemos un servicio- sino por los importadores, los cuales deberán trasladar los contenedores de Manzanillo, o Rambala en Chiriquí grande de Panamá hasta Costa Rica vía terrestre, lo cual les saldría sumamente caro”, comentó.
En cuanto a la aplicación de medidas de seguridad que estén acordes con los requerimientos del código de Protección de Buques o Instalaciones Portuarias (PBIP), regulados por la OMI, Marín dijo que los puertos han venido realizando su trabajo, y cerca del 80% de las obras están casi concluidas, pero que el Gobierno debería de hacer su parte y agilizar la publicación del decreto.
“El problema que existe en Costa Rica es que no hay una autoridad portuaria nacional y cada una de las instituciones realiza esfuerzos por su lado. Se necesita una directriz estatal para que la certificación camine más rápido y los exportadores y productores no vayan a perder competitividad en los mercados internacionales”, comentó Marín.
Fuente: La Prensa Libre (Costa Rica)
26.05.04Noticias relacionadas:
