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Martes 22 de junio de 2004


Seguridad Medioambiental y Protección del Entorno

Las grandes claves del reto de Kioto

El Gobierno, que ha optado por una receta salomónica, presenta hoy el borrador del Plan Nacional de Emisiones.

 

La suerte está echada. El Gobierno ya ha decidido qué criterios seguirá para lograr que la adaptación de España al Protocolo de Kioto no dañe la competitividad de la industria. El borrador del Plan Nacional de Emisiones que presentará hoy la ministra de Medioambiente, Cristina Narbona, contiene una receta salomónica con la que se intentará contentar a los implicados. Kioto arranca de verdad. Estas son sus claves.

¿Qué es el Protocolo de Kioto?

El 11 de diciembre de 1997, los países industrializados se comprometieron en la ciudad japonesa de Kioto a ejecutar un conjunto de medidas para reducir los gases de efecto invernadero. Los gobiernos signatarios pactaron reducir en un 5,2% de media las emisiones contaminantes entre 2008 y 2012, tomando como referencia los niveles de 1990.

¿Para qué sirve?

El objetivo capital del Protocolo es luchar contra los efectos del cambio climático. Según las cifras de Naciones Unidas, se prevé que la temperatura media de la superficie del planeta aumente entre 1,4 y 5,8ºC de aquí a 2100. «Estos cambios repercutirán gravemente en el ecosistema y en nuestras economías», señala el último informe de la Comisión Europea sobre Kioto.

¿Cuándo se pondrá en marcha?

El compromiso no será de obligado cumplimiento mientras que no lo ratifiquen los países industrializados responsables de, al menos, un 55% de las emisiones de CO2. Hasta ahora, han dado este paso 121 estados. Sin embargo, la suma de sus gases contaminantes sólo representa el 44,2%. Para que el protocolo fuera vinculantes, bastaría con el apoyo de Rusia o EEUU. En el año de referencia del Protocolo (1990), ambas naciones eran responsables del 17,4% y el 36,1% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono.

¿Cuál es la postura de la UE?

La UE hizo suyas las tesis de Protocolo en una directiva cuyo objetivo es recortar los gases contaminantes en una media del 8%. La UE, se ratifique o no el compromiso de Kioto, pondrá en marcha medidas para recortar las emisiones. El esfuerzo variará en función de la situación particular de los estados miembros, cada uno de los cuales tiene asignado un objetivo de reducción.

¿Cómo afecta a España?

El Gobierno español ratificó el Protocolo y, como miembro de la UE, tendrá que tomar medidas cuanto antes para combatir la contaminación. El primer examen será en 2008 y el incumplimiento de los límites asignados será motivo de sanción. España es uno de los países de la UE que tendrá que realizar un mayor esfuerzo. Tiene derecho a aumentar un 15% sus emisiones respecto a las de 1990, según lo pactado con Bruselas. El problema es que la lentitud de las empresas a la hora de adaptarse, unido al fuerte crecimiento, han disparado la contaminación. En 2001, las emisiones doblaban ya el objetivo fijado.

¿A quién afecta el Protocolo?

No todas las actividades contaminantes se verán afectadas: por ejemplo, el transporte es el mayor emisor de gases, pero no está incluido en la directiva europea. El esfuerzo deberán hacerlo un conjunto de sectores que representan el 45% de las emisiones en España. Se trata de las empresas eléctricas, papeleras, cerámicas, azulejeras, cementeras, siderúrgicas y de refino. Que se hayan escogido estas actividades y no otras (como la agricultura o los servicios) se justifica en el diferente grado de flexibilidad para adaptarse a las exigencias de la Directiva. No obstante, en los planes del Gobierno también entran medidas para ir acortando progresivamente el nivel de emisiones de los sectores excluidos.

¿Qué mecanismos utilizará el Gobierno para controlar las emisiones?

Todos los países de la UE han elaborado un Plan Nacional de Asignaciones (PAN), que contempla cuánto puede contaminar cada sector en general y cada empresa en particular. A cada compañía se le asignará un paquete de derechos que le permitirá emitir un número determinado de toneladas de gases. Las compañías que rebasen el límite tendrán que comprar derechos de emisiones a otras empresas que, por su mayor esfuerzo de adaptación, se hayan convertido en excedentarias.

¿Cuándo empieza el comercio de derechos?

Las empresas comenzarán a negociar con los derechos a partir del año que viene. No obstante, hasta 2008 -fecha de inicio de la primera fase del Protocolo- no se sancionará a las compañías que contaminen más de lo debido.

¿Por qué España aún no ha desvelado sus planes a Bruselas?

La complejidad del reparto de los derechos y las elecciones generales del 14-M impidieron entregar el borrador del PAN dentro del plazo previsto, 31 de marzo, que la Comisión ha ampliado hasta agosto. Una vez analizado, Bruselas decidirá si España tiene derecho a entregar a sus empresas los derechos que haya solicitado.

¿Coinciden las posturas de las empresas afectadas?

Las compañías del sector más afectado, el eléctrico, están radicalmente enfrentadas. Por ejemplo, Iberdrola asegura que España no cumplirá los objetivos comprometidos si no se realiza un gran esfuerzo desde el principio (2005) y reclama acelerar la sustitución de las centrales de carbón y fuel por las renovables y los ciclos combinados de gas. Defensor de la máxima quien contamina paga, cree que deberían entregarse menos derechos a las empresas que no se han esforzado lo suficiente para recortar sus emisiones. Por el contrario, Endesa pide una adaptación más progresiva al Protocolo.

¿Cuánto costará la adaptación de la industria eléctrica?

Endesa estima que una adaptación en los términos que plantea Iberdrola encarecería los costes del sector en más de 1.200 millones de euros al año. Iberdrola, por su parte, asegura que la propuesta de su rival impedirá cumplir con Kioto y tendrá un impacto acumulado de 9.500 millones de euros entre 2005 y 2010.

¿Qué hará el Gobierno?

El Ejecutivo ha optado por una solución salomónica. El reparto de los derechos se realizará teniendo en cuenta las emisiones históricas, pero, al tiempo, se tomarán medidas para no perjudicar a las empresas que mejor han hecho sus deberes en los últimos años.

Fuente: El Mundo
21/06/2004

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