Seguridad Pública y Protección Civil
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Las Bescam renacen con
630 nuevos agentes y un acuerdo de financiación a quince años
El proyecto de
seguridad del Gobierno regional, las Bescam, verá finalmente la luz el
próximo año con la incorporación de 630 policías locales a 17 municipios
de la comunidad.
La
presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, y el presidente de la
Federación de Municipios de Madrid (FMM), Luis Partida, firmaron ayer el
convenio marco para la puesta en funcionamiento de esta primera remesa
del plan de seguridad ciudadana. La primera, porque el proyecto de las
Bescam prevé que esta legislatura termine con 2.500 agentes locales y
otros 3.000 nacionales en las calles de la región. Todos ellos velarán
en exclusiva por la seguridad ciudadana y lo harán financiados por el
Gobierno de la Comunidad de Madrid, que este año dispone de 3,4 millones
de euros -para 2005 se ha reservado una partida de 50 millones- para
«gastos materiales y salarios» de los nuevos agentes, quienes
dependerán directamente de su alcalde. El acuerdo estará vigente durante
los próximos 15 años, hasta 2018, y se prorrogará de forma automática
por el mismo periodo de tiempo.
El reparto de los nuevos policías
La selección de los municipios en los que estarán destinados los 630
agentes se ha realizado en función de criterios poblacionales, situación
geográfica o -en el caso de los que cuentan con menos de 25.000
habitantes- teniendo en cuenta el incremento estacional que padecen,
como El Escorial, donde están censados 20.000 vecinos, pero durante
cinco meses supera los 60.000. En este municipio habrá 20 policías
locales, al igual que en Boadilla del Monte, Arganda del Rey, Colmenar
Viejo, San Fernando de Henares y Rivas-Vaciamadrid. Por su parte, Parla,
Coslada, Pozuelo, Alcobendas y Torrejón de Ardoz contarán con 40, y
Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Getafe, Alcorcón y Leganés, con 50. De
los 17 ayuntamientos implicados en esta primera fase, ocho están
gobernados por el PP, siete por el PSOE y dos por IU.
La capital no entra, de momento, en los planes de esta primera fase,
porque, según explicó a ABC el vicepresidente segundo del Gobierno,
Alfredo Prada, requiere «un criterio singular» que será analizado
en negociaciones con el propio Ayuntamiento.
Con la firma de ayer -y tras varios meses de intensas negociaciones con
los alcaldes de PP, PSOE e IU- comienza la primera fase de un proyecto
que muchos dieron por muerto desde el primer día, pero que para la
presidenta regional suponía una de sus grandes apuestas para esta
legislatura.
Esperanza Aguirre volvió a señalar que la garantía de la seguridad
ciudadana «es la primera responsabilidad de los poderes públicos» y
reiteró su compromiso de que la Administración autonómica no escatimará
recursos «para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales
de los ciudadanos en las plazas, calles y locales públicos».
Otro de los puntos de encuentro que han desembocado en la firma de este
acuerdo es la reforma de la Ley de Coordinación de Policías Locales, que
data de 1992 y cuenta con artículos «que, desde su nacimiento, fueron
declarados inconstitucionales». Además, se deja la puerta abierta a
que la Asamblea apruebe, en el marco de la reforma de esta ley, la
financiación de los agentes locales por parte de la Comunidad de Madrid;
en definitiva, que en el nuevo texto legal se deje constancia del nuevo
sistema de subvenciones.
El papel del delegado del Gobierno
Las rúbricas de Aguirre y del presidente de la FMM, Luis Partida, ponían
el «sello oficial» al acuerdo alcanzado el pasado 5 de mayo entre el
Gobierno regional y los 17 municipios que contarán con los nuevos
agentes. Aquel día asistía por primera vez a la comisión de seguimiento
sobre la seguridad ciudadana el nuevo delegado del Gobierno, Constantino
Méndez, quien se comprometió a pedir al presidente del Ejecutivo de la
Nación, José Luis Rodríguez Zapatero, el número de policías nacionales
que requiera la Comunidad de Madrid.
Y es que la segunda pata del proyecto de Aguirre contempla la
incorporación de 3.000 agentes nacionales a las tareas de seguridad
ciudadana. Premonitoria o no, la presencia de Méndez y su apoyo al
proyecto del Ejecutivo regional supuso un paso adelante en la
reactivación de las Bescam.
Pocas cosas han cambiado en el plan de lucha contra la inseguridad que
el vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior, Alfredo
Prada, presentó el 16 de enero en la Cumbre que se celebró con los
distintos alcaldes en la Puerta del Sol, pero tampoco respecto al que
Aguirre anunció en campaña. No se ha modificado el número de policías
locales y nacionales que preveía este proyecto; ni la idea de reformar
la Ley de Coordinación de Policías Locales. Se dijo que el mando natural
de esos agentes iban a ser -y serán-sus respectivos alcaldes y que la
Comunidad de Madrid se limitaría a financiar a los municipios para la
adquisición de los medios materiales necesarios para la lucha contra la
inseguridad ciudadana. Quizá la cuestión más espinosa fue la de si los
agentes destinados a seguridad ciudadana iban a cobrar más que los que
no se dedicaran a estos menesteres. Prada zanjó ayer la polémica
anunciando que «no se crearán agravios comparativos».
Fuente: ABC
19/06/2004
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