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Martes 23 de marzo de 2004 |
Noticias
Seguridad Pública y Protección CivilLos atentados del 11-M obligan al Ministerio del Interior a cambiar todo el dispositivo de seguridad de la boda del Príncipe de Asturias
El Gobierno decide suspender el Acuerdo de Schengen de libre circulación de personas entre el 15 y el 23 de mayo
Los efectos de la matanza perpetrada en Madrid el pasado 11 de marzo ya se han dejado sentir en otros acontecimientos. El primero de ellos, la boda del Príncipe Felipe y Letizia Ortiz Rocasolano. El dispositivo policial que el Ministerio del Interior tenía ya muy avanzado de cara al evento será totalmente renovado durante las próximas semanas.
Una de las novedades más significativas será que entre el 15 y el 23 de mayo (la boda se celebrará el sábado 22), las fronteras españolas quedarán completamente cerradas. Así, el Gobierno deberá renunciar al espacio Schengen, es decir, suspender durante esos días la libre circulación de ciudadanos entre los 15 países europeos signatarios del acuerdo.
Los responsables de las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ya barajaban la posibilidad de la suspensión temporal del Acuerdo de Schengen y el cierre de fronteras antes de que se produjeran los atentados de Madrid. Entendían que el evento real era de la máxima seguridad y que, en consecuencia, estaba justificada la necesidad del cierre fronterizo. Sin embargo, pese a que las autoridades aún no habían tomado una decisión firme, todo parecía indicar que no sería necesario.
Los 202 muertos en los trenes de Cercanías de Madrid han dejado claro cuál será la decisión final.
De hecho, los especialistas ya han comenzado a trabajar en otro estudio de seguridad para la boda real ante el nuevo concepto de terrorismo que se ha registrado en España. Hasta la fecha, todos los estudios estaban elaborados fundamentalmente en base a que la organización terrorista ETA pudiera intentar alguna acción en Madrid durante el enlace entre Don Felipe y Letizia Ortiz.
Según el análisis de los expertos, el riesgo de terrorismo islámico era más reducido. Por eso, el dispositivo de seguridad estaba encaminado a cualquier tipo de actuación similares a las que ETA ha perpetrado a lo largo de su historia. Ahora, el concepto de seguridad para este evento ha cambiado por completo. No se trata de poner más policías en las calles, sino de estudiar cómo podrían actuar durante esos días terroristas como los que han provocado la masacre en Madrid.
Según informaron a EL MUNDO fuentes policiales, además del cierre de fronteras que supondrá la suspensión temporal del Acuerdo de Schengen, se está elaborando un nuevo despliegue en centros de comunicaciones y de transporte. Por otra parte, se está evaluando la necesidad de recolocar los efectivos policiales que iban a participar en el despliegue de cara a la boda real.
El dispositivo de seguridad estaba ya elaborado tan al detalle que, incluso, los agentes de los servicios especiales ya tenían claro dónde debía estar colocado cada uno durante la boda. Hasta los agentes de tiro de precisión tenían asignadas sus terrazas para cubrir el recorrido que la pareja iba a realizar antes y después de casarse en la catedral de La Almudena.
Durante las últimas semanas, efectivos de los servicios de información han estado peinando las calles del centro de Madrid, centrándose, fundamentalmente, en aquellas por las que se presume que el Príncipe Felipe y Letizia Ortiz realizarán el recorrido oficial en vehículo al descubierto, sin capota.
Según algunas estimaciones, está previsto (porque ese despliegue se mantiene) realizar investigaciones en más de 10.000 viviendas del centro de la capital. Los agentes intentarán averiguar quién vive en cada una de ellas y estudiarán con más cuidado aquéllas que están en alquiler. Inicialmente, los investigadores iban con la mente ocupada casi exclusivamente por el riesgo terrorista de ETA. Ahora, la mentalidad está cambiando. Pero, de todas formas, se quiere evitar cualquier actuación colectiva de la policía que pueda ser considerada racista. Es decir, no se investiga a todo aquel ciudadano que procede de países del norte de Africa como criterio general.
Tras el 11-M, los especialistas han ampliado el concepto de seguridad. Se pretende realizar un férreo control en todos los centros de comunicaciones. El control será aún más intenso en todas aquellas instalaciones relacionadas con el transporte público. Algunos expertos barajan la posibilidad de realizar una recolocación de las Fuerzas Armadas. En este nuevo despliegue se trabajaba también sobre la hipótesis de que, coincidiendo con la boda, alguna organización terrorista cometa una acción en otro punto de la geografía española. Inicialmente, se contaba con la presencia de más de 7.000 efectivos del Cuerpo Nacional de Policía. Ahora, los responsables policiales están reconsiderando la cifra y, sobre todo, su disposición. En este dispositivo intervendrán también agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Comunidad de Madrid.
Además, el Ayuntamiento de Madrid colaborará activamente en la seguridad del enlace real a través de la Policía Municipal. De hecho, los atentados del 11-M también han alterado notablemente la estrategia que el Consistorio que preside Alberto Ruiz-Gallardón tenía ya establecida. Los criterios de seguridad de la Policía Municipal de Madrid se tendrán que adaptar a la nueva amenaza del terrorismo islamista, y ello pese a que todavía se desconoce el itinerario definitivo del cortejo nupcial de Don Felipe y Letizia Ortiz.
Las fuentes consultadas por este periódico precisaron también que el papel del Ejército será importante, ya que se le encomendará labores de vigilancia de instalaciones consideradas estratégicas, como, por ejemplo, las centrales nucleares.
En la actualidad, el Gobierno en funciones, tras consensuarlo con el Partido Socialista, ha incluido también a los militares en el dispositivo de máxima alerta que está en vigor ante el riesgo de que se produzcan nuevos episodios de terrorismo.
Un acuerdo que permite la circulación libre de personas en 15 países europeos
La libre circulación de personas en la Unión Europea, regulada por el Acuerdo de Schengen, se ha visto suspendida en diversas ocasiones durante los últimos años cada vez que los gobiernos europeos han querido controlar (e impedir) la entrada de ciudadanos de otros países en aras de la seguridad. La última ocasión ha sido la confirmación por parte del Ministerio del Interior de que suspenderá el Acuerdo de Schengen en España entre el 15 y el 23 de mayo. La razón: que los atentados del 11-M han abierto un nuevo frente de inseguridad de cara a la boda entre el Príncipe Felipe y Letizia Ortiz y que todas las precauciones son pocas.
El argumento es de peso. Como lo es el que ha esgrimido Portugal, que también impedirá el libre acceso al país durante los días en los que se celebre la Eurocopa de fútbol, el próximo mes de junio.
En uno y otro acontecimiento, los ciudadanos de la Unión Europea no podrán entrar en España y Portugal, respectivamente, con el simple trámite de mostrar su documento oficial de identidad. La policía podrá efectuar registros, comprobar los equipajes y, sobre todo, podrá impedir la entrada a todo aquel que sea sospechoso de alterar la seguridad.
De hecho, no será la primera vez que ocurra. El Acuerdo de Schengen fue suscrito en primera instancia en 1984 entre Francia y Alemania para eliminar los controles fronterizos en las carreteras, los aeropuertos y en los puertos.
En los años siguientes se incorporaron la casi totalidad de los miembros de la Unión Europea (Holanda, Bélgica y Luxemburgo en 1985, Italia en 1990, España y Portugal en 1991, Grecia en 1992, Austria en 1995, Dinamarca, Suecia y Finlandia en 1996) y dos países que no forman parte de ella (Islandia y Noruega). Los únicos que, de momento, han quedado fuera han sido Gran Bretaña e Irlanda.
El Acuerdo establece que los ciudadanos pertenecientes a los países suscriptores del Acuerdo podrán circular libremente por la fronteras interiores de la Unión Europea con la presentación del documento de identidad. Un requisito que, en la práctica, ni siquiera se exige, sobre todo en las fronteras terrestres, donde no existe ningún tipo de control. Una permisividad que, sin embargo, tiene un pero, y es que Schengen incluye una cláusula que permite a cada país la posibilidad de suspender temporalmente el Acuerdo por motivos de seguridad.
No obstante, ningún gobierno hizo uso de ella hasta que, a finales de los 90, los nuevos militantes de izquierdas, reconvertidos en antiglobalizadores, tomaron la costumbre de manifestarse en toda reunión de líderes que se celebrase en Europa. Un peregrinaje de ciudad en ciudad que alcanzó su punto álgido en la cumbre del G-8 que se celebró en julio de 2001 en Génova. Entonces, Berlusconi, se empeñó en evitar las masivas manifestaciones y, entre otras medidas, suspendió el Acuerdo de Schengen.
Sentó precedente. Sin ir más lejos, el Gobierno español adoptó la misma resolución durante la celebración del Consejo Europeo en Barcelona en marzo de 2002 para, de nuevo, controlar la entrada de antiglobalizadores. Y si se hizo entonces para deshacerse de universitarios con ganas de gritar, no es de extrañar que la amenaza del terrorismo islamista desatada tras el 11-M haya desembocado en el mismo sitio.
Fuente: El Mundo
23/03/2004Noticias relacionadas:
