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Miércoles 31 de marzo de 2004 |
Noticias
Seguridad Medioambiental y Protección del EntornoEl difícil cumplimiento de Kioto pasa por la transformación del sector eléctrico español
La reducción de los gases contaminantes en España para no superar los límites que marca la directiva europea sobre emisiones ha abierto un fuerte debate empresarial. El consejo editorial de EXPANSIÓN analizó las consecuencias de la nueva política medioambiental.
No hay mayor preocupación para la industria española en la actualidad que los posibles efectos en su negocio del Protocolo de Kioto, el acuerdo por el que diversos países se comprometen a reducir el volumen de emisiones de gases contaminantes, como el dióxido de carbono (CO2).
Endesa, Iberdrola, Gas Natural y Arcelor son algunas de las empresas que han manifestado opiniones muy diversas sobre la aplicación del acuerdo en España.
La polémica quedó patente en la última reunión del consejo editorial de EXPANSIÓN y Actualidad Económica, que abordó el posible impacto del Protocolo de Kioto con el economista Carlos Ocaña Pérez de Tudela como ponente.
La discusión se dividió en dos partes. En la primera, los miembros del consejo se preguntaron si España puede forzar un cambio de los objetivos medioambientales aceptados en Kioto para que la industria no incurra en unos costes excesivos que reduzcan su competitividad. Existió una amplia variedad de opiniones sobre el impacto económico real que tendría la directiva europea que adapta los objetivos del Protocolo.
Después, se plantearon las opciones para cumplir con la reducción de emisiones asignada a España, si no es posible su modificación. Aquí hubo unanimidad casi completa: sólo el sector eléctrico tiene capacidad para adaptarse. Pero la discusión subió otra vez de tono al debatir las diversas fórmulas para repartir los costes entre las distintas instalaciones de producción de electricidad y su eventual repercusión en accionistas de las empresas y los consumidores.
Estimación de costes
En su intervención, Ocaña Pérez intentó restar importancia a los efectos económicos del Protocolo de Kioto. "Si tomamos como referencia una estimación de precio de diez euros por tonelada de CO2 que sobrepase los límites permitidos en España, el sobrecoste para el país sería de 148 millones de euros", aseguró. Jaime Velasco, director de Actualidad Económica, indicó que esa cifra es "una minucia dentro del mar del PIB español".
Ocaña remachó que "esos números quedan lejos de algunas cifras apocalípticas sobre el coste de Kioto". Antonio Zabalza, por el contrario, cree que "el coste será muy importante y elevado en un proceso con beneficios muy dudosos".
Para Juan José Dolado, la reducción de gases contaminantes sí tendría unos efectos muy favorables, "como la reducción de gastos sanitarios que generan las enfermedades derivadas del calentamiento de la Tierra. No hay más que recordar las muertes de cientos de personas en Francia el pasado verano".
Miguel Ángel Belloso, vicepresidente del consejo, criticó tal interpretación: "El cumplimiento en España del Protocolo de Kioto no tiene que ver con la salud".
Según Zabalza, "el problema del calentamiento es global. Aunque Europa reduzca sus emisiones, si no lo hacen otros países como China, Rusia o Estados Unidos, la atmósfera no mejorará".
"Europa ha sido más Quijote que nadie al lanzar la directiva para cumplir con Kioto mientras otros países renuncian a este Protocolo", dijo Gaspar Ariño.
La legislación europea impone multas a partir de 2005 a aquellos países europeos que sobrepasen un determinado límite de emisiones.
España no debe rebasa en 2010 los 333 millones de toneladas de CO2, un 15% más que en 1990.
Ecologismo
Alfonso Carbajo se preguntó por la forma en la que España negoció esos límites, que ya han sido superados ampliamente. En 2002, las industrias españolas emitieron cuatrocientos millones de toneladas de CO2.
Para Zabalza, "los miembros de la administración española pensaron que un aumento del 15% era maravilloso. Además, lo firmaron sin pensar mucho porque todos los compromisos ecologistas suenan bien".
El economista Rafael Martos, invitado a la reunión, explicó que "habrá ganadores y perdedores con el comercio de CO2. Países como Inglaterra y Holanda tendrán derechos de emisión sobrantes que podrán vender a países como España". Sin embargo, medido en términos de emisiones de CO2 per capita, España no está peor que el resto de Europa, afirmaron los miembros del consejo, por lo que la regulación es injusta. "Favorece a Francia y Alemania, que tuvieron sus procesos de reconversión industrial y redujeron emisiones". Martos recordó que "países como Inglaterra ya han sustituido buena parte de sus centrales de carbón por ciclos combinados de gas". Según Ariño, esto fue posible por "las reservas de gas en los yacimientos del Mar del Norte".
Para José Antonio Campa, "es absurdo el reparto de derechos entre países y entre instalaciones que plantea la directiva europea. Contradice el comercio interior".
Zabalza puso un ejemplo de esa situación: "una cementera del sur de Francia podría tener unos costes claramente inferiores a los de otra cementera en Cataluña, según el reparto que se realice de los derechos de emisión".
Rodrigo Moreno teme que "ese incremento de costes acelere la deslocalización de las industrias hacia países sin ese impacto".
Para evitarlo, Iñaki Garay, director de EXPANSIÓN, aseguró que los Gobiernos "deberían imponer aranceles a los productos que vinieran de países que no cumplen con Kioto".
Carlos Ocaña indicó que "aunque se pueda criticar ahora la negociación por parte de España, el caso es que los plazos se echan encima. El Gobierno debe repartir los derechos de emisión entre las instalaciones productivas antes del 31 de marzo. Y en enero de 2005 se inaugurará el comercio de CO2 en Europa. De hecho, ya se realizan algunas transacciones de forma bilateral".
Según sus cálculos, el coste de las emisiones será de un máximo de siete euros por tonelada de CO2 en los primeros años.
Gaspar Ariño cree que "el Gobierno no tiene clara la manera de repartir las emisiones y, en cualquier caso, será casi imposible que España cumpla con sus compromisos".
Tecnologías
Jorge Padilla analizó las posibilidades de que los distintos sectores industriales españoles se apresuren a reducir emisiones para cumplir con Kioto. "Existen dos variables para que una actividad pueda asumir ese coste: la capacidad tecnológica para cambiar sus instalaciones y la posibilidad de trasladar costes a sus clientes".
El sector del cemento podría subir precios en España, ya que tiene poca competencia exterior, dijo Padilla, situación que no disfruta la siderurgia y el vidrio. "Pero no tienen una alternativa tecnológica menos contaminante". El miembro del consejo concluyó que "sólo las eléctricas tienen capacidad para reducir emisiones sin un gran coste, ya que no tienen competencia exterior y pueden invertir en centrales de producción menos contaminantes". Casi todos los asistentes a la reunión aceptaron esa teoría.
Ocaña amplió los datos sobre ese asunto. El sector eléctrico acapara el 23,4% de las emisiones de CO2 en España. Por detrás se encuentran el cemento (6,6%), el refino (3,8%), y el vidrio y la cerámica (3,2%).
Según los cálculos del ponente, una reducción de emisiones del 10% en el sector eléctrico, con un coste estimado por tonelada de CO2 de 7 euros, reduciría el valor añadido bruto de las empresas en un 0,63%. Para el cemento, el efecto sería del 1,19% mientras que en las fábricas papeleras sólo tendría un impacto del 0,07%.
Juan Pérez Campanero indicó que Inglaterra, al haber realizado ya el plan de asignaciones, puede marcar un camino al resto de países europeos.
Ocaña explicó que las autoridades británicas "han otorgado abundantes derechos a todas las industrias y ha dejado en manos de las eléctricas la principal reducción de emisiones".
Contabilidad
Otra de las interrogantes planteadas por Pérez Campanero fue la forma de contabilizar en balance y cuenta de resultados los derechos de emisión. Zabalza cree que "será un activo que se podrá valorar en función del precio en el mercado del CO2".
Por ahora, esta cuestión queda aparcada. Otras dudas se deben resolver antes, sobre todo, la posibilidad de que la Comisión Europea flexibilice los criterios de aplicación de la directiva sobre comercio de emisiones. Así lo piden Rodrigo Rato, vicepresidente económico del Gobierno, y Loyola de Palacio, comisaría europa de Transportes. Por ahora, Romano Prodi, presidente de la Comisión, se opone a cualquier revisión.
Los presentes en el consejo editorial sobre el Protocolo de Kioto creen que las elecciones generales que se celebran en España el próximo 14 de marzo aparcarán con las negociaciones entre la Administración y las industrias afectadas.
Seguramente, Kioto será el primer reto al que deberá enfrentarse el Gobierno que salga de las urnas en las próximas elecciones.Fuente: Expansión
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