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Lunes 10 de mayo de 2004 |
Noticias
Seguridad Pública y Protección CivilMás control sobre la venta de armas en España
Varias ONG piden a Zapatero «un giro radical» en la política de transferencia de armamento
Cada minuto alguien muere en el mundo de un disparo. Y existen unos 600 millones de armas, más de la mitad en manos de civiles, que constituyen el 90% de víctimas en conflictos internacionales.
Son cifras que muestran que «el síndrome de la peligrosidad, el riesgo y la incertidumbre, que se desencadenó en Occidente tras el 11-S, lleva décadas sufriéndose en las dos terceras partes del planeta», según recordó ayer el director de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, Vicenç Fisas, durante la presentación del Informe Alerta 2004, una perspectiva global sobre conflictos, derechos humanos y construcción de la paz.
Con motivo del mismo, Amnistía Internacional, Intermón Oxfam, Médicos sin Fronteras y Greenpeace pidieron al nuevo Gobierno de Jose Luis Rodríguez Zapatero «un giro radical» en la política de transferencia de armas, dado que «el control de las exportaciones de armamento es un asunto pendiente» que no han sabido resolver anteriores Gobiernos.
Fisas habló incluso de «satisfacción por el fin de una etapa política llena de vacíos y desprecios al conjunto de estos temas» y de «ilusión» por que el nuevo Gobierno «se comprometa a impulsar la diplomacia preventiva, apoyar el arreglo pacífico a la controversia y prestar atención a las causas de la inestabilidad».
Las mencionadas organizaciones llevan años denunciando la venta de armas españolas a países que violan la legalidad internacional, como Angola, Colombia, La India, Israel o Ghana.
Las demandas principales a Zapatero las resumió Yolanda Román, responsable de Política Exterior de Amnistía Internacional: «Transparencia y control parlamentario del comercio de armas a través de una observación estricta del Código de conducta europeo [que establece los criterios para autorizar la venta de armas, como el cumplimiento de las sanciones internacionales, el respeto de los derechos humanos, la existencia de conflictos armados o la probabilidad de que la venta se desvíe o reexporte]; y apoyo español al impulso de un tratado internacional que imponga criterios uniformes sobre la venta de armamento».
Eva Quintana, representante de Intermón Oxfam, incidió en la necesidad de que el nuevo Gobierno «fomente programas de recolección y destrucción de armas, y reforma de los cuerpos de seguridad y militares en los países que sufren violencia» y que lleve al Consejo de Seguridad el debate «para que se defina cuándo usar el criterio de la fuerza».
La cuestión de la politización de la ayuda humanitaria, distribuida según agendas e intereses políticos y económicos, también fue muy criticada. «El Gobierno debe reflexionar si quiere llevar a cabo una verdadera acción humanitaria o prefiere utilizar el sufrimiento como propaganda», apuntó Consuelo López-Zuriaga, responsable de Relaciones Institucionales de Médicos sin Fronteras.
Un ejemplo: Irak, que ha concentrado prácticamente toda la atención mediática, ha recibido más del doble de lo recaudado para atender las 16 crisis africanas, pese a que este continente concentraba la mitad de los 23 conflictos armados abiertos en el mundo a finales de 2003.
En cuanto al gasto militar español, el responsable de la campaña de desarme de Greenpeace, Carlos Bravo, denunció que a finales de 2002 fue de 7.000 millones de euros -un 4% más que en 2001, en la tendencia alcista del gasto militar mundial, a cuya cabeza se encuentra EEUU- y que el anterior Gobierno preveía «un aumento anual del 7%». Y pidió a Zapatero que «revierta esta tendencia».
Fuente: El Mundo
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