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"En España es prioritaria una ley de responsabilidad civil medioambiental"

Cristina Narbona. Ministra de Medio Ambiente

 

Pregunta. Kioto, asignatura pendiente. ¿Para cuándo el plan nacional de asignación de derechos de emisión que exige la UE?

Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente,  en su despacho

Respuesta. El Gobierno del PP ratificó Kioto en 1997, pero no ha hecho absolutamente nada. Pese a la tendencia disparada en España de emisiones, no ha habido una estrategia contra el cambio climático, que la mayoría de Europa tiene desde casi hace 10 años. El 31 de marzo los Estados miembros deberían haber entregado su plan a la CE y hoy los únicos que ni siquiera tienen borrador son Grecia y España. La CE preveía haber estudiado los planes el 1 de julio, y es la fecha que el pasado lunes trasladé en Bruselas a la comisaria de Medio Ambiente, Margot Wallstrom, para entrar en una nueva situación. El comercio de emisiones debe funcionar en 2005. En España se necesita un cambio notable de las tendencias y no ha habido voluntad. Se acaba de crear un grupo interministerial para reconducir la situación heredada.

P. La idea de quien contamina paga suena bien, pero ¿habrá en breve una ley de responsabilidad civil medioambiental?

R. Es prioritaria. Aquí, a diferencia de la mayoría de Europa, no hay legislación de responsabilidad civil por daño ambiental. Aznar se comprometió a que la hubiera en el Congreso de los Diputados tras la rotura de la balsa de Boliden hace seis años. Ahora hay un compás de espera porque la CE preparaba una directiva que ha resultado muy descafeinada, ya que deja fuera algo tan fundamental como exigir un seguro por el que las empresas respondan si dañan. Me consta que hay un borrador del ministerio que desarrollaremos con un contenido más exigente. En EE.UU, tras el desastre del Exon Valdez, se puso un seguro de responsabilidad civil para transporte de mercancías peligrosas por mar, y ha funcionado. Aquí el Código Penal contempla el delito ecológico, pero fallan los medios judiciales, y espero que con el Ministerio de Justicia lleguemos a que haya un Fiscal de Medio Ambiente.

P. ¿Cómo incentivar las buenas prácticas de las empresas?

R. Queremos evaluar la incidencia de la reducción del 10% en el Impuesto de Sociedades, cuya eficacia no está clara. Hace falta una revisión ecológica de la fiscalidad. La política de compras de las administraciones puede también impulsar un mercado creciente para las mejores empresas en lo ambiental.

P. ¿Qué se va a hacer finalmente con las centrales nucleares?

R. El criterio de la UE es no recurrir, por cumplir Kioto, a ampliar esa energía, que no genera gases de efecto invernadero pero sí residuos radiactivos, para los que no hay sistema de eliminación. Países como Alemania cumplen ya con Kioto y sin embargo emprenden la reducción de las nucleares. En España la planificación contempla mantenerlas hasta 2010. El compromiso de reducción de esa energía, formulado en el discurso de investidura del presidente Rodríguez Zapatero, tiene que verse en un marco de planificación a medio y largo plazo, cuestión de enorme calado que compete al Ministerio de Industria.

P. ¿Hay algo parecido a un calendario de cierre?

R. Todavía no, pero nuestro compromiso electoral figura como criterio prioritario la seguridad de las centrales.

P. ¿Habrá una oportunidad para las energías renovables?

R. Son fundamentales, con la necesidad de mejorar el ahorro y la eficencia energética, para reducir las emisiones de efecto invernadero. El Ministerio de Medio Ambiente propiciará que algunos de los proyectos sustitutivos del trasvase sean de desalación, con energías renovables como la eólica o la biomasa.

P. Usted parece decidida a un cambio radical en la política del agua.

R. La prioridad será la gestión y el control público del uso y calidad del agua. Hay que incorporar correctamente la directiva europea, cuya transposición por parte del PP fue un fraude jurídico y público a través de una enmienda en el Senado a la Ley de Acompañamiento: la primera vez que una directiva europea se incorpora de forma tan chapucera.

P. ¿Qué alternativas reales ofrece al trasvase?

R. Sustituir por una serie de actuaciones en Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía los aproximadamente 4.200 millones de euros, que el Gobierno del PP estimaba como coste. Tras reunirme con esas Comunidades, tendremos unos días para cerrar los proyectos. Hasta entonces no quiero avanzar el volumen de hectómetros cúbicos y de euros que comporta la alternativa, pero sí diré que se plantea como paquete de medidas de ahorro y eficencia, de reutilización de aguas residuales y de desalación. El PP prometió 1.050 hectómetros cúbicos, y según nuestro análisis, tal como diseñaron el trasvase, apenas habrían llegado a cada uno de los territorios un 60% del agua prometida. No había bastantes embalses, no se tenían en cuenta los caudales realmente trasvasables. Y la calidad del agua tampoco sería comparable a la que podría obtenerse con aguas depuradas o ahorrando por utilización de infraestructuras o con las desaladoras. Esa obra generaba un agua incluso mas costosa que la desalación

P. Los presidentes populares de Valencia y Murcia, tras hablar con usted siguen disconformes.

R. Tengo la expectativa de que haya un deseo más constructivo de negociar. Creo que la propia sociedad, en Valencia y Murcia, exigirá esa negociación. De hecho, el martes el Gobierno murciano pidio al Consejo Regional del Agua pronunciarse contra el futuro decreto-ley, pero las organizaciones agrarias UPA y COAG, además de UGT y CC OO rechazaron la idea.

P. El cambio sobre el trasvase, ¿repercutirá en los fondos europeos para España?

R. Trabajaremos para lograr en torno a los 1.200 millones de euros previstos para el trasvase. El lunes expliqué a la comisaria de Medio Ambiente el compromiso de Rodríguez Zapatero sobre desarrollo sostenible y sobre la reorientación de la política del agua, que implica una reforma de las Confederaciones Hidrográficas que garantice el control público: apenas un 25% de los aprovechamientos de agua es conocido por las confederaciones. La comisaria dio la bienvenida a ese enfoque integral y quedó a la espera de los proyectos. Todos los informes disponibles demuestran que el trasvase había generado muchas dudas en la CE. Quien ha paralizado el trasvase ha sido el PP, por su diseño incorrecto y no ajustado a Europa y por su profunda irracionalidad económica.

P. Los cultivos transgénicos aumentan en España. ¿Qué tiene que decir Medio Ambiente?

R. Este Ministerio preside la Comisión de Bioseguridad, que controla los organismos modificados genéticamente, pero en cuanto a los cultivos las competencias son de Agricultura. Precisamente en el último Consejo de Ministros de Agricultura de la UE ha habido un cambio en la postura española: la ministra ha tomado una posición de mucha mayor prudencia. Es importante hacer un inventario real de las hectáreas de transgénicos cultivadas. Las normas europeas deberían permitir al consumidor saber qué alimentos tienen contenido transgénico. Pero el problema de fondo es que esas semillas pueden estar contaminando cultivos no transgénicos. La ministra de Agricultura tendrá el peso protagonista en el tema, y yo le he trasladado la preocupación de que España se esté convirtiendo en el gran laboratorio de las multinacionales de transgénicos, sin tener bien formalizados los mecanismos de control público y sin líneas de investigación independientes de las multinacionales.

P. ¿Volverá a funcionar el Consejo Asesor de Medio Ambiente?

R. Lo convocaré previsiblemente la próxima semana, invitando también a quienes habían quedado fuera. He pedido a las organizaciones ambientales que hagan propuestas para revisar el Consejo.

 

Fuente: El País
08/05/2004

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