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Los puertos deberán reforzar su seguridad a partir del 1 de julio de 2004

Una normativa modificada tras el 11-S obligará a controles exhaustivos. La inversión en Tarragona y Barcelona rondará los dos millones de euros

 

A partir del 1 de julio, los grandes puertos españoles de pasajeros y mercancías se blindarán en aras de la seguridad. Exhaustivos controles en los accesos mediante tornos para personas y barreras para vehículos y trenes, zonas restringidas y sistemas de videocámaras diurnas y nocturnas son los ejes de un plan de protección requerido por la normativa internacional.

La amenaza del terrorismo internacional ha provocado una sustancial modernización de la normativa de protección de buques e instalaciones portuarias, conocida como Código ISPS. Se trata de un procedimiento de seguridad aprobado por la Organización Marítima Internacional (OMI) para proteger la navegación comercial tras los atentados islamistas del 11-S del 2001.

Autoridades portuarias, navieras, empresas de transporte por mar y buques han de disponer de delegados de seguridad. Así, al control de accesos se unirán las zonas restringidas, donde únicamente se podrá entrar mediante una tarjeta magnética individualizada.

Los sistemas de videocámaras diurnas y nocturnas, conectado entre sí por fibra óptica, permitirá ejercer la vigilancia desde un centro de control.

ZONAS MÁS SENSIBLES

Las terminales más expuestas a riesgos, como las que almacenan o en las que se manipulan productos químicos o peligrosos, tendrán que ser aisladas con vallas dotadas con sensores y totalmente iluminadas. Por otro lado, la Policía Portuaria y la Guardia Civil incrementarán sus patrullas y efectivos. "Se trata de un operativo muy importante y caro, sobre todo para los enclaves más grandes, como es el de Tarragona, y que trajinan millones de toneladas de crudo o derivados del petróleo", señaló Josep Anton Burgasé, presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona.

Aunque en Tarragona, por sus características, ya se aplican fuertes controles, la aplicación de esta norma implicará un desembolso superior a los dos millones de euros (333 millones de pesetas), cifras similares a la que deberán gastar puertos como Barcelona o Algeciras. Ello repercutirá en los costes de explotación de puertos y navíos.

Tarragona no podrá cumplir todas las exigencias del Código ISPS el 1 de julio, porque uno de los tres controles de acceso no estará listo hasta dentro de unos cinco meses.

Muchos puertos españoles esperan subsanar a lo largo del año las dificultades que encuentren. Pedro J. Román Núñez, coordinador de responsabilidad del Ente Público Puertos del Estado, ha advertido que "no habrá una moratoria".

Fuente: El Periódico de Catalunya
24/05/2004

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