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jueves 6 de mayo de 2004 |
Noticias
Seguridad Pública y Protección CivilETA planea un secuestro ante la falta de dinero y material para nuevos atentados
Los empresarios se niegan a pagar el «impuesto revolucionario» tras la presión judicial de Garzón
La situación en la que se encuentra ETA, con muy poco dinero, ante la negativa de los empresarios a pagar por la presión judicial de la Audiencia Nacional, y sin explosivos, podría llevar a sus cabecillas a ordenar un secuestro, según expertos antiterroristas consultados por LA RAZÓN. Además, esta acción criminal, para que la banda cuenta con infraestructura, le serviría para hacerse presente, de una manera permanente, en la sociedad. El secuestro es un atentado que se comete todos los días de su duración y que permite a los pistoleros mantener en el tiempo su amenaza criminal.
José María Aldaya, último
secuestrado por la banda
terrorista ETAEl hallazgo, entre los papeles encontrados al cabecilla Ibon Fernández, «Susper», de una lista de empresarios que supuestamente habían pagado a ETA, se ha convertido, gracias a los expertos de la Comisaría General de Información y a la decisión del juez Baltasar Garzón, en un arma contra las finanzas de la banda. El magistrado ha llamado a declarar, en condición de imputados, a estos industriales, algunos de los cuales, como varios de la empresa Azkoyen, han sido procesados y han estado a punto de ingresar en prisión.
Las noticias de la actividad de Garzón y de la Policía, han causado un efecto «taumatúrgico» entre los empresarios receptores de las últimas cartas remitidas por ETA en las que se les exigía el chantaje terrorista conocido como «impuesto revolucionario» y que estaban dispuestos a pagar. La casi totalidad de ellos, según las citadas fuentes, se han negado a entregar dinero a la banda, que se ha quedado sin esos ingresos y, al menos por el momento, sin la posibilidad de obtenerlos por otras vías.Las recientes operaciones de la Guardia Civil contra el «aparato de logística», en el curso de las cuales fue desmantelada la fábrica de armas y el almacén de explosivos, que ETA escondía en un caserío de la localidad francesa de Saint Michel, han dejado a los pistoleros sin gran parte del material que precisan para sus atentados. (Lo que no quiere decir que no tengan alguna disponibilidad de dinamita u otras sustancias).
Esta situación es la que podría provocar, según las citadas fuentes, que los cabecillas ordenaran un secuestro a alguno de sus «comandos». Los pistoleros tratarían, de este modo, de dar un aviso a los que no pagan y, de paso, con el secuestro, que es un atentado que se comete todos los días de su duración, hacerse presentes en la sociedad española y, en particular, en la vasca, en la que tan escaso protagonismo tienen en los últimos tiempos.
Las referidas fuentes consideran que ETA puede tener infraestructura suficiente para mantener a una persona secuestrada durante bastante tiempo. Lo que le resultaría más difícil sería cobrar el rescate que exigieran a los familiares de la persona afectada, ya que la vigilancia que se ejerce en estos casos, muy mejorada en los últimos tiempos gracias a los sofisticados sistemas introducidos por las Fuerzas de Seguridad, hace muy complicada cualquier tipo de transación económica o retirada de fondos.
Sin embargo, la situación de desesperación de los cabecillas etarras, y el deseo de dar una «alegría» a su desmoralizada militancia, en especial a los presos, podría inducirles a ordenar el secuestro sin haber previsto con anterioridad todos los detalles para el cobro del rescate.
En otros tiempos, cuando ETA gozaba de una cierta operatividad, los familiares del secuestrado sabían, prácticamente desde el primer momento, antes incluso de que las Fuerzas de Seguridad tuvieran conocimiento de lo ocurrido, el procedimiento que tenían que seguir para efectuar los pagos, y los plazos y las cantidades que debían entregar antes de la puesta en libertad de la persona privada de libertad.
Con posterioridad, el propio secuestrado debía seguir entregando dinero, hasta la totalidad de la cantidad fijada como rescate, ante la amenaza de represalias.
Otra de las hipótesis con la que trabajan las Fuerzas de Seguridad es la de que ETA intente destruir alguna instalación de los empresarios que se han negado a pagar.
De hecho, durante 2003, la banda cometió varios atentados con explosivos contra industriales que no habían cedido al chantaje terrorista. El 19 de junio, pistoleros terroristas colocaron una bomba en una subestación eléctrica, en Iurreta, Vizcaya. Cuatro días después, y para amenazar a los empresasarios vascos, la banda hizo estallar un artefacto en un conocido hotel de Neguri. El 6 de julio, la accción criminal se dirigió contra una empresa de transportes en Bedia, Vizcaya; y, siete días después, contra un hotel de Pamplona. El 31 de julio, el objetivo fue una empresa de transportes en Azcoitia, Guipúzcoa; y, al día siguiente, un concesionario de coches en Lejona, Vizcaya.El 12 de octubre, nuevamente atentaron contra una empresa de transportes, esta vez en Irún.
Fuente: La Razón
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