Seguridad
Corporativa y Protección del
Patrimonio
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El sector minero propone
cerrar 5.000 polvorines para evitar robos de dinamita
Los empleados
critican "la dejación del Estado" en la seguridad y control de
explosivos
La
industria minera y los fabricantes de explosivos han propuesto el
cierre de los 5.000 minipolvorines distribuidos por toda España para
evitar robos como el que supuestamente se produjo en la mina Conchita de
Asturias y que facilitó la comisión de los atentados del 11-M. Los
minipolvorines suelen estar en el campo, pegados a la bocamina, sin
vigilancia, cerrados sólo por una llave. Los fabricantes se
comprometen a distribuir los explosivos a la carta, con sus propios
medios, antes de tener que aumentar el número de vigilantes privados, ya
que creen que dispararía sus costes y crearía nuevos riesgos.
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La mina Conchita, de
donde supuestamente salió
la dinamita del 11-M |
El sector
de la minería y los fabricantes de explosivos han visto con preocupación
los pasos dados hasta ahora por el Gobierno para incrementar
la seguridad de los polvorines a raíz del robo de no menos de
210 kilos de dinamita que supuestamente fue perpetrado en la Mina
Conchita por la llamada trama de Avilés, clave para la perpetración del
ataque combinado a cuatro trenes con 13 bombas el 11 de marzo.
Los cambios comenzaron con una orden ministerial de Presidencia del
Gobierno, del pasado 21 de julio, pero ahora se prepara una reforma
urgente de los Reglamentos de Seguridad Minera y Explosivos "con el
fin de incrementar la presencia de vigilantes de seguridad privada en la
custodia de dichas materias en los lugares de consumo". Los cambios
afectarían también al Código Penal, de forma que se podría encarcelar a
quien faltara a sus labores de custodia. y registro de los explosivos.
Cartas a dos ministerios
La
Confederación Nacional de Empresarios de la Minería y Metalurgia (Confedem)
ha enviado sendas cartas a los ministerios del Interior y de Industria,
departamentos que tienen encomendados el velar por la
seguridad en este tipo de asuntos, en la que reclaman que se cuente
con ellos para dichas reformas, a fin de evitar que la reforma tenga
"una ineficacia por nadie deseada".
Los empresarios mineros, que cuentan con el apoyo
de los fabricantes de explosivos -Unión Española de Explosivos tiene la
mayor parte del mercado español-, relatan en la carta que el control de
los explosivos "ha sido ejercido siempre con eficacia probada por el
Cuerpo de la Guardia Civil, que ha tutelado tanto la seguridad en su
fabricación, almacenamiento y transporte como su empleo en los lugares
de consumo".
Sin embargo, añaden, "la salvaguarda de ese control se ha ido derivando
en los últimos cuatro años hacia las empresas usuarias, a las que se ha
cargado con la gravísima responsabilidad de prevenir y evitar las
conductas que utilizan los explosivos en delitos de extrema gravedad
(terrorismo". Esta derivación ha supuesto una elevación de costes y "una
significativa pérdida de la eficacia alcanzada por la seguridad
pública".
La Confedem explica que esa seguridad pública ha sido sustituida por
"una seguridad privada que se basa en medidas burocráticas y en una
seguridad física prestada por jóvenes vigilantes", con los que no se
ha conseguido "mantener los niveles de seguridad que le son exigibles".
Estos jóvenes, añade, suelen tener entre 20 y 30 años y "sólo han
dispuesto de una preparación superficial" y no tienen la condición de
agentes de la autoridad". Este sistema se pone en contraste con lo que
se hace en países de nuestro entorno, "en los que la protección de todo
el sector es encomendada, incluso, a las fuerzas armadas". España no
había sufrido ningún robo de explosivos en los últimos 32 años, hasta el
que fue perpetrado para el 11-M.
Los mineros y los fabricantes de explosivos ven "de difícil comprensión
la actitud de dejación manifestada por el Estado al atribuir a las
empresas la responsabilidad inmediata de la seguridad de los explosivos
y, en definitiva, de evitar los actos en los que pudieran emplearse".
Tras estas líneas, los empresarios piden entrevistarse con la
subsecretaria de Interior, Soledad López Fernández, y con el director
general de Política Energética y Minas, Jorge Sanz Oliva.
Operación Lechera
La
propuesta que le llevarán consiste básicamente en el cierre de los 5.000
minipolvorines que almacenan explosivos y detonadores en las propias
minas. Las más de 1.000 industrias extractivas de mineral que
utilizan explosivos pueden tener como máximo diez de estos cofres y, en
el caso de la Mina Conchita, la explotación disponía de ocho (cinco para
Goma 2 Eco y tres para detonadores). Los minipolvorines son cajas
fuertes encastradas en las faldas montañosas próximas a las bocas de las
minas que albergan, como media, 50 kilos de dinamita cada uno o 500
detonadores.
Los informes de la Guardia Civil sobre el 11-M enviados al juez Juan del
Olmo revelan que estos cofres de seguridad -con una sola llave de
seguridad, sin vigilancia continua, situados en zonas aisladas donde
nadie acude tras acabar la jornada laboral- son muy vulnerables a un
posible robo. Sin embargo, dichos informes agregan que el robo en la
fábrica o en los depósitos intermedios se considera casi imposible por
las enormes medidas de seguridad dispuesta en torno a los búnkeres en
los que se guardan los explosivos. Además, las llaves de la mayoría de
ellos están en poder de la Guardia Civil, encargada de abrirlos.
La propuesta se llama Operación Lechera y consiste
básicamente en distribuir a la carta los explosivos, con
furgones privados de los productores, de forma diaria y cada vez que
se vaya a hacer una voladura. La carga sería entregada y los
sobrantes serían recogidos en la ruta de vuelta. Lo que se trata de
evitar es que el explosivo "duerma en el campo sin seguridad". Unión
Española de Explosivos dispone de 28 depósitos de seguridad y de 12
fábricas desde los que se podrían distribuir los explosivos a la carta,
ya que ninguno de ellos dista más de 40 kilómetros de las principales
minas españolas.
Fuente: El País
14.10.04
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