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Martes, 15 de febrero de 2005


Seguridad Corporativa y Protección del Patrimonio

Denuncian la venta de certificados de padrón falsos en oficinas municipales

El proceso de regularización para inmigrantes que se abrió el pasado lunes está convertiéndose en terreno abonado para varias prácticas ilegales.

 

La portavoz de la Asamblea para la Regularización sin Condiciones, Norma Falconi, denunció ayer la supuesta venta de certificados de empadronamiento falsos en oficinas de distrito de Barcelona. Según Falconi, «en las colas de algunos consulados hay mafias que ofrecen nombres de funcionarios y oficinas en las que se venden certificados falsos al precio de 2.000 euros». Ante esta situación, reclamó al alcalde Joan Clos que «investigue» quién trafica con estos certificados de empadronamiento, uno de los requisitos documentales que los inmigrantes precisan para regularizarse, además de un contrato de trabajo

Con todo, Falconi no quiso precisar más y tampoco ofreció el nombre de las oficinas de distrito en las que supuestamente se ofrecen estos documentos falsos. «Esto pasa en cualquier oficina», afirmó en rueda de prensa.

Más de 12.000 inmigrantes han solicitado el certificado de empadronamiento en las once ventanillas habilitadas por el ayuntamiento de Barcelona para tramitar ese documento desde el pasado lunes. El documento que el Gobierno exige para tramitar la regularización es el certificado de empadronamiento, que tarda entre diez y veinte días en expedirse, ya que el volante del padrón, que se puede conseguir al instante o en unos días, no se considera válido.

Difamación

El Ayuntamiento de Barcelona no tardó en reaccionar a las denuncias de Falconi. A través de un comunicado, el Consistorio tildó de «grave» sus declaraciones, al entender que está acusando de falsificación a los funcionarios municipales, y anunció que presentará una querella por difamación contra ella. «El ayuntamiento de Barcelona no puede permitir que sin ninguna prueba se hagan afirmaciones como las realizadas hoy por Norma Falconi», señaló el consistorio, que además exigió a Falconi que si tiene conocimiento «de la más mínima irregularidad en el proceso, acuda al juzgado y denuncie los hechos».

Por otra parte, la portavoz de la Asamblea para la Regularización sin Condiciones también denunció que en el mercado negro «se están vendiendo contratos de trabajo -otro de los requisitos para obtener la regularización-, al precio de 6.000 euros.

También la Federación de Vecinos de Cataluña denunció la venta de contratos de trabajo falsos por parte de inmigrantes que «hacen su agosto» ofreciendo este documento a algunos de sus compatriotas «al precio de 1.500 euros». Además, la Fevecat señaló en un comunicado que «vecinos y comerciantes del barrio del Raval de Barcelona han denunciado que pequeños comercios regentados por inmigrantes contratan a compatriotas con el fin de conseguir la deseada regularizción».

Fuente: ABC
11.02.05

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