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Martes 12 de marzo de 2005 |
Noticias
Gestión y Protección del ConocimientoAprobado el Plan Integral Antipiratería para poner fin a los delitos contra la Propiedad Intelectual
El Gobierno aprobó hoy el Plan Integral Antipiratería, una batería de medidas para acabar con "la impunidad" de los distribuidores y la "complacencia" de los compradores, en un delito que hace que "la música y el cine estén literalmente tirados por el suelo" y que el sector cultural se vea afectado "gravemente"
Tras la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, señaló que el Gobierno ha trabajado "desde hace mucho tiempo" en un Plan que era "urgente" y que trata de poner fin a los delitos contra la Propiedad Intelectual, tanto en el denominado "top manta" como en el ámbito de Internet, con la descarga ilegal de productos como música o cine.
El Plan, que involucra a once ministerios en la lucha contra la piratería, contempla medidas preventivas, normativas, formativas y de sensibilización social y la firma de convenios internacionales y nacionales, como con la Federación Española de Municipios y Provincias, porque "se ha elaborado un consenso con todas las administraciones y los sectores implicados".
La creación de un grupo policial especializado en la persecución de estos delitos, especialmente en el ámbito de Internet, el refuerzo de la coordinación de los diferentes cuerpos policiales y el desarrollo de la eficacia de los juicios rápidos, son algunas de las medidas de este Plan.
También incluye la redacción de una instrucción de la Fiscalía General del Estado que unifique los criterios de actuación del ministerio público, medidas para la especialización de los diferentes agentes -desde los peritos a los jueces-, así como mejoras en procedimientos como los de incautación, recogida de muestras y destrucción de copias aprehendidas.
El Plan prevé la elaboración de un "mapa de la piratería en España", la creación, por parte del Ministerio de Cultura, de un servicio de asesoramiento dirigido a todos los Ayuntamientos, la elaboración de campañas de divulgación y de planes territoriales "para áreas y épocas de mayor incidencia".
Otro de los objetivos del plan destacado por Fernández de la Vega es fomentar la "autorregulación" en Internet, para lo que se creará un grupo de trabajo en el que estarán implicados desde entidades de gestión de derechos de autor a operadores de las telecomunicaciones.
Se trata, dijo la vicepresidenta, de "acabar con una práctica ilegal" que distribuye copias de discos o de películas, entre otros productos, que "salen muy baratos al comprador y muy caros a la sociedad". "Si a nuestros músicos les va mal, a la música le va mal, y si a la música le va mal, a nuestra cultura también le va mal", afirmó.
España, entre los países más afectados por la piratería
El fenómeno de la piratería, que sitúa a España entre los diez países más afectados, produjo el año pasado unas pérdidas en el sector audiovisual de 800 millones de euros, lo que supone el 25 por ciento de las ventas totales del sector, según los últimos datos facilitados por la industria.
Se entiende por piratería, la comercialización ilícita de obras y prestaciones protegidas por la legislación de propiedad intelectual, y su ámbito alcanza a grabaciones musicales, producciones audiovisuales, programas informáticos y libros.
La implantación del fenómeno "top manta" y su versión actualizada de los "mochileros" son en buena medida responsables de su existencia, como se desprende del último balance anual presentado por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), según el cual la lucha contra la venta ilegal de música y cine se saldó durante 2004 con 3.059 detenidos y casi cuatro millones de discos piratas incautados.
La SGAE aprovechó para poner de manifiesto la creciente actividad registrada en el sector audiovisual, a tenor del significativo aumento de películas incautadas, que pasaron de 76.939 en 2003 a 836.652 el pasado año.
Los expertos coinciden, sin embargo, en que aunque se ganara la lucha contra la venta callejera, el gran enemigo de la piratería continuaría siendo Internet, un fenómeno creciente en España al que tampoco escapan las películas y los vídeojuegos. Sólo en el 2004, se descargaron en nuestro país, de forma ilegal, unos 270 millones de canciones, además de unos 30 millones de películas.
Artistas y empresarios demandan desde hace tiempo medidas para combatir estas actividades ilegales, que a lo largo de los últimos años han provocado un perjuicio al sector de la música y el cine, traducido en una pérdida de más de 1.500 puestos de trabajo y el cierre de más de un centenar de pequeños y medianos comercios.
Además de este nuevo Plan Integral contra la Piratería, el Ejecutivo proyecta para el 2006, una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LIP), la única encargada de regular y determinar el marco legal para la explotación de obras y sus derechos inherentes.
Según la actual LPI, cualquier equipo o soporte capaz de albergar y reproducir un contenido digital debe estar adscrito al pago del canon que le corresponda. Incluso los propios CDs vírgenes están obligados a pagar un impuesto a la SGAE, aunque se utilicen para grabar datos y archivos privados, una medida contra la que están algunas las asociaciones de internautas y de consumidores.
La explotación ilícita de los derechos de autor está castigada por vía penal. El nuevo Código Penal, modificado por la LO 15/2003 que entró en vigor el 1 de octubre de 2004, establece que todo plagio o copia con fines de lucro de obras, literarias artísticas, científicas o industriales acarreará al que lo hace, y a quien distribuye los productos, entre seis meses y dos años de cárcel, más multa.
El asunto varía si se trata de grandes operaciones, si las ejecutan grupos organizados o si se utiliza a menores de 18 años, en cuyo caso las penas de prisión se establecen entre el año y los cuatro años más multa.
El Código castiga igualmente a quien fabrique, importe, ponga en circulación o tenga cualquier mecanismo para saltarse las protecciones anti-copias de programas, CD y DVD, etc. Y faculta a la Guardia Civil y a las fuerzas de seguridad del Estado para poder actuar de oficio ante la sospecha de fraude, por lo que elimina la necesidad de una denuncia previa por parte de la víctima.
Fuente: ABC
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