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Viernes, 22 de abril de 2005


Seguridad Industrial y Prevención de Riesgos Laborales

Nuevos riesgos laborales

El "informe Durán" sobre riesgos laborales alerta de una «epidemia de enfermedades musculoesqueléticas fruto de los avances tecnológicos ante las que apenas existe regulación».

 

Las empresas deberían pagar un seguro obligatorio suscrito con una empresa privada, adicional a su cotización a la Seguridad Social por accidente de trabajo, para afrontar toda la responsabilidad que se desprende de los siniestros laborales y no gravar a las arcas del Estado. No obstante, la nueva aportación obligatoria podría salir de la actual cuota social para no encarecer los costes laborales. La propuesta figura en un nuevo Informe Durán, elaborado por el catedrático de Derecho Laboral y ex presidente del Consejo Económico y Social (CES), Federico Durán y el investigador y doctor en Medicina, Fernando G. Benavides.

Los dos expertos criticaron la falta de datos y estadísticas que existen en España para averiguar y conocer con exactitud todo lo concerniente a los accidentes de trabajo. Opinan que su estudio, entregado recientemente al ministro de Trabajo, Jesús Caldera, es válido y útil para la mesa de diálogo social en la que Gobierno, empresarios y sindicatos abordan la siniestralidad laboral.

Durán y Benavides denunciaron que, junto al descenso anual de accidentes mortales registrado surge «una epidemia de enfermedades musculoesqueléticas» ante las que no existe regulación y que es preciso afrontar con urgencia. El desarrollo natural del trabajo, con la incorporación de las nuevas tecnologías, conlleva mayor seguridad y reduce los riesgos mortales, pero provoca otros males sobre los que apenas existe información ni compensaciones.

La subcontratación

Asimismo, resaltaron que los trabajadores con contrato temporal corren «tres veces más que los empleados fijos» el peligro de sufrir un accidente y cuentan con el doble de probabilidades de padecer un siniestro mortal», pero subrayaron que resulta injustificable, sean cuales sean las características del tejido productivo español, el elevado índice de siniestralidad laboral contabilizado. «No creo que si todos los contratos temporales se convirtieran en fijos los accidentes laborales desaparecerían», añadió Benavides.

Los autores de este estudio, patrocinado por la compañía Zurich, también cuestionaron la eficacia de un mayor control sobre la subcontratación. «Nunca en el mundo la estructura de una obra es realizada por una sola empresa. Eliminar los efectos de la siniestralidad sin atajar las causas es un camino abocado al fracaso», apuntó Durán, quien en 2001 elaboró un primer informe, encargado por el entonces jefe de Gobierno, José María Aznar. Aquel documento fue, a juicio del ex presidente del CES, «un punto de reflexión y un objeto de atención en vías políticas y parlamentarias» que «conviene tener actualizado».

Entre las conclusiones del nuevo estudio figura la necesidad de unificar la legislación en un código de salud laboral, con obligaciones adaptadas al tamaño y actividad de la empresa. En este sentido, los expertos se inclinan por instaurar «un aseguramiento obligatorio de responsabilidades» y «un baremo de indemnizaciones, complementario a las cuotas de la Seguridad Social, semejante al de automóviles».

«En definitiva -explicó Durán- mientras que el seguro público asegura un riesgo objetivo, el aseguramiento propuesto cubre la culpa o negligencia del empresario».

Las ventajas de este mecanismo radican en que obligarían al empleador a estar más atento a cumplir las medidas preventivas y las normas existentes, las compensaciones por el daño causado serían adecuadas y se reducirían las denuncias que terminan en vía judicial civil o penal. Ante la posibilidad de que el nuevo seguro obligatorio encarezca los costes laborales, Durán señaló que en la actualidad las cotizaciones sociales por accidente son lo suficientemente altas, en relación con otros países europeos, como para que se reestructuren sin perjuicios. «No tiene por qué ser una medida que cueste más. Se trata de conseguir un uso más eficaz de los actuales recursos», dijo.

El papel de las mutuas

Otras recomendaciones del informe apuestan por clarificar las obligaciones de las empresas que concurren en un mismo centro; promocionar grupos estables de investigación, desarrollo e innovación en prevención laboral; coordinar mejor la labor de las tres administraciones -central, autonómica y local-; y pactar, a través de la negociación colectiva, concreciones y extensiones de las normas legales a la realidad del colectivo correspondiente. Este apartado recoge también la conveniencia de que las mutuas separen de su propia actividad la tarea preventiva, iniciativa que ya está en marcha.

Federico Durán explicó que en España no existen lagunas normativas, en líneas generales. Lo que ocurre, a su juicio, es que los ciudadanos carecen de concienciación para cumplir las leyes existentes. Apuntó que a este problema se suma el hecho de que las autoridades políticas «sólo apuestan por el corto plazo en beneficio de sus intereses» y «no fomentan la cultura de la prevención y la seguridad».

Tampoco existe entre los ciudadanos -continuó- la sensación de que casi de manera permanente se infringen las leyes. Para afrontar estas irregularidades es imprescindible la formación y la educación, medidas que dan fruto a medio o largo plazo, motivo por el que los políticos no tienen interés en impulsarlas.

A título de ejemplo, citó el comportamiento del elevado número del fumadores que encienden cigarrillos en lugares donde está prohibido; o la velocidad a la que los españoles conectan los teléfonos móviles cuando aterrizan los aviones, pese a los carteles que exigen que la puesta en marcha se reanude fuera de determinadas instalaciones. «Es lo mismo que pasa con los cinturones de seguridad de los automóviles o los cascos de los motoristas», concluyó.

Los autores advierten de que la mayoría de las políticas puestas en marcha por la administración laboral, central y autonómica, está centrada en los accidentes de trabajo y en la formación, y denuncian que el desarrollo de la prevención ha sido escaso.

Fuente: Diario de Navarra
20.04.05

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