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Martes, 16 de agosto de 2005 |
Noticias
Seguridad Pública y Protección CivilBlair endurece la política de inmigración para proteger al Reino Unido de los terroristas
Tony Blair dio marcha atrás en su actitud de no acusar públicamente los golpes del 7-J y el 21-J y decidió recrudecer la normativa vigente sobre la política de inmigración y el derecho de asilo en el Reino Unido.
En un gesto que contó con el apoyo de los tories pero que hizo disparar las críticas del tercer partido, el primer ministro británico anunció que planea conferir mayor poder al Ministerio del Interior para deportar o excluir a extranjeros que alienten ideas terroristas. 
A pesar de que el premier había anunciado poco después de los sangrientos atentados del 7-J que no acudiría a políticas de lucha antiterrorista que implicaran decisiones «autoritarias», Blair dijo que estaba «preparado» para modificar las leyes sobre Derechos Humanos y facilitar el proceso de deportación de eventuales sospechosos.
Aunque la legislación británica actualmente permite expulsar del Reino Unido a todos aquellos extranjeros que representan una amenaza para la seguridad de la ciudadanía, el primer ministro también propone ahora castigar a todos aquellos que demuestren simpatías hacia el terrorismo.
Este anuncio representa un giro abrupto en la política de inmigración de este país, que en los últimos años se había diferenciado de las de otros países europeos por su carácter relativamente aperturista, en especial hacia quienes buscaban asilo en las islas británicas.
En este sentido, se impulsarán cambios en la legislación sobre la admisión de asilados, ya que lo que se procura es no dejar entrar a ninguna persona que haya tenido vínculos de cualquier tipo con organizaciones terroristas, como Al Qaeda.
Blair consideró estas medidas de máxima prioridad, y por esta razón solicitó a los legisladores, que se encuentran en receso por las vacaciones de verano, que regresen «tan pronto como sea posible».
Más allá de que el paquete de medidas sobre deportación no requieren de aprobación parlamentaria, Downing Street someterá estas importantes reformas a un periodo de un mes de consultas en la Cámara de los Comunes.
Aunque todavía no se ha establecido la fecha de reinicio de las sesiones, los representantes de las principales fuerzas y partidos políticos así como las organizaciones de defensa de los derechos civiles ya adelantaron cuáles serán sus posiciones en este debate caliente.
Así, Charles Kennedy, líder del Partido Demócrata Liberal, se mostró «sorprendido» por el anuncio oficial, que criticó sin fisuras.
«El jueves recibimos un informe del Ministerio del Interior, y nada se nos dijo allí sobre estas medidas. Pero creo que si se penaliza a las personas que visitan determinadas librerías y páginas de Internet, se corre el riesgo de aumentar las tensiones y de alienar a la gente», observó Charles Kennedy.
En sintonía con estas declaraciones de protesta, el director de la asociación de defensa de los Derechos Humanos Liberty, Shami Chakrabati, dijo a la cadena de televisión BBC que, con su propuesta, Blair está atacando «Derechos Humanos básicos» y que, incluso, podría «poner en peligro la unidad nacional».
También el Consejo Musulmán del Reino Unido, considerado moderado por los medios locales, opinó que la medida era «contraproducente», y se opusieron a una de las medidas que tomaría Blair, consistente en la prohibición de organizaciones islámicas como Hizb ut Tahirir.
Por contra, el Partido Conservador apoyó la iniciativa oficial de endurecer los controles sobre los potenciales terroristas y sus seguidores.
«Es vital que el Ministerio del Interior haga uso de sus poderes para deportar o excluir a los extranjeros que atenten contra nuestra seguridad nacional», señaló David Davies, uno de los máximos referentes de esa fuerza política.
En este contexto, el titular de Scotland Yard, Ian Blair, señaló que las nuevas normativas impulsadas por el Gobierno laborista deberían ser puestas en marcha «lo antes posible» para reducir así el margen de posibles nuevos atentados.
El cambio de talante del jefe de la Policía británica se produce a pesar de las objeciones iniciales a las que las autoridades debieron enfrentarse por querer enviar de vuelta a su patria a gente que en su país de origen es oprimida.
«El humor de la sociedad está cambiando. Yo lo lamento, pero esto es Inglaterra, y no queremos que se siga fomentando el terrorismo», dijo el máximo responsable de Scotland Yard.
Nuevas medidas contra el terror Los puntos más destacados del plan antiterrorista de Blair son los siguientes:
- Medidas de exclusión y de expulsión de personas que profesen la violencia. Se revisará la ley de los Derechos Humanos y se entregará al ministro del Interior una lista de páginas web, librerías y centros religiosos extremistas para facilitar la expulsión de aquellos que inciten al terrorismo.
- Se adoptará una nueva legislación antiterrorista que introducirá el crimen de apología del terrorismo, no sólo para el Reino Unido.
- Se privará de asilo político a cualquier persona que presente algún tipo de relación con el terrorismo.
- Las medidas actuales que permiten retirar la nacionalidad británica a las personas que se impliquen en actividades extremistas podrán ser extendidas, tras una consulta, a los ciudadanos naturales.
- Se realizarán consultas para poner una fecha límite a la extradición de personas relacionadas con el terrorismo.
- El Gobierno del Reino Unido estudiará la posibilidad de ampliar el periodo de vigilancia de los sospechosos de terrorismo antes de su inculpación.
- Se extenderá el control sobre los ciudadanos británicos que no pudieran ser expulsados. Cualquier resistencia desembocará en una posible detención.
- Si fuera necesario, se ampliará el poder de la Justicia, y se tendrá muy en cuenta el número de jueces a la hora de tratar estos asuntos.
- Quedarán prohibidos los grupos musulmanes extremistas como Al Muhayirun o Hizb ut Tahrir, y se ampliarán las condiciones que permiten la prohibición de organizaciones radicales.
- Se repasarán las condiciones que permiten adquirir la nacionalidad británica. Se creará una comisión con representantes musulmanes para asegurar una mejor integración de sus miembros en la sociedad británica.
- Se realizarán consultas de cara a cerrar lugares de culto que promuevan el extremismo religioso. Los musulmanes deberán ayudar a detectarlos.
- Se deberá contar con los otros países a la hora de realizar las propuestas para reforzar el control de las fronteras.
Fuente: El Mundo
06.08.05* Especial Atentado 11-M.
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