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Viernes, 19 de agosto de 2005 |
Noticias
Seguridad Pública y Protección CivilBlair quiere limitar por ley la independencia de los jueces en casos de terrorismo
Pretende que los tribunales «no obstaculicen más» los esfuerzos del Gobierno por deshacerse de «extranjeros indeseables». La ley «dará instrucciones» a los magistrados sobre «cómo interpretar» los derechos
Los jueces del Reino Unido tendrán a partir de ahora muchas menos competencias para intervenir en la deportación de presuntos extremistas en el Reino Unido. El golpe de mano de Downing Street, que marca un nuevo hito en el endurecimiento de la lucha contra el terrorismo, fue anunciado ayer por el ministro de Justicia, lord Falconer. 
En una entrevista concedida al matutino londinense The Guardian, lord Faloconer desveló que el Gabinete del primer ministro está preparando una nueva regulación destinada a «dar instrucciones» a los magistrados acerca de «cómo deben interpretar» las garantías judiciales en casos en los que esté amenazada la seguridad nacional.
Los comentarios del ministro provocaron ayer mismo un intenso debate político sobre la necesidad -o no- de proteger la integridad de los detenidos que, en algunos casos, podría peligrar si son deportados a sus países de origen.
Pero el Gobierno británico no dejó dudas sobre su posición en este tema y exhortó a los tribunales a «no obstaculizar más» los planes del Ejecutivo para deshacerse de quienes son considerados «extranjeros indeseables».
La iniciativa que prepara el Gobierno laborista pondrá en un plano de igualdad las cuestiones de seguridad nacional frente a los derechos fundamentales del individuo. El giro representaría un cambio drástico y profundo del sistema judicial británico, que tradicionalmente ha dado prioridad a la protección de los derechos individuales. La futura legislación incurriría también en una contradicción con las promesas de Blair, quien horas después del 7-J señaló que no caería en la tentación de apelar a «medidas autoritarias», aunque en los últimos días admitió que «las reglas del juego han cambiado».
La iniciativa que estudia el Gabinete laborista, en todo caso, comienza a chocar con el punto de vista de los magistrados, que desde ayer han comenzado a comprometerse en un pulso con el premier para defender las competencias del sistema judicial. Y este pulso amenaza con ser frenético.
«Todas las leyes están establecidas sobre un principio claro: si los hechos cambian, las leyes cambian; y la ley va a cambiar» afirmó Lord Falconer. «Tenemos que inclinar la balanza del lado correcto porque su inclinación actual no hace más que causar problemas al Parlamento».
Más tarde, en declaraciones a la cadena pública BBC, el funcionario explicó que la reforma contempla la posibilidad de que los jueces conserven su capacidad para aplicar la ley de acuerdo a sus criterios en algunos casos individuales. Pero señaló que el objetivo último de la reforma es agilizar la toma de decisiones en asuntos en los que las redes terroristas pongan en peligro la seguridad pública. «Quiero una ley que diga que el ministro del Interior, supervisado por el Parlamento, pueda poner en un plano de igualdad los derechos individuales del deportado y la seguridad nacional», dijo lord Falconer.
La normativa en la que trabaja el Gabinete británico se aplicaría a casos como el de la detención del líder religioso jordano Abu Qatada y otros nueve presuntos terroristas argelinos, que fueron detenidos el jueves último en Londres y otras ciudades del Reino Unido en un operativo en el que participaron 230 efectivos de la policía.
En tanto, ayer el dirigente musulmán Omar Bakri fue liberado en el Líbano, pocas horas después de que el Gobierno británico informara de que no le permite volver al país. Bakri, sirio-libanés de origen y nacionalizado británico en 1986, fue arrestado tras ser identificado por las autoridades británicas como uno de los «predicadores del odio» que alientan al terrorismo.
El fiscal general del Líbano, Said Mirza, declaró ayer en Beirut que Bakri fue liberado por las autoridades del país porque «aparentemente, no ha cometido ningún delito, ni se registran antecedentes de que haya cometido delito alguno».
Bakri está en la lista negra de las autoridades británicas por sus polémicas manifestaciones a los medios británicos sobre los atentados de julio pasado.
Tras recibir la condena pública del Gobierno británico, Bakri decidió viajar a Beirut, donde dijo, pocas horas antes de ser arrestado, que no volvería a Londres si continuaba siendo perseguido por sus ideas políticas.Fuente: El Mundo
13/08/2005* Especial Atentado 11-M.
* 11-S. Operación global contra el terrorismo: El análisis de los profesionalesNoticias relacionadas:
