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Martes, 23 de agosto de 2005 |
Noticias
Seguridad Pública y Protección CivilEl gran negocio del fuego
Cada año se gasta más en extinción pero hay más fuegos. En algunas zonas las empresas cobran por metros apagados. El dinero a repartir (370 millones) prende una sospecha terrible: habría interés en que arda el bosque
Hace más de 2.000 años, en la Roma de Julio César, Marco Licinio Craso recibió el encargo de crear el primer servicio de bomberos de la Historia. Lo hizo tan bien que los incendios disminuyeron drásticamente y, con ellos, el aluvión de dracmas que él cobraba por apagarlos. Entonces contrató una brigada paralela de incendiarios. Marco Licinio, que se hizo inmensamente rico, no sólo acababa de inventar un oficio. También el valor del fuego como negocio. Dos milenios después, este rincón de Europa adonde Craso huyó durante las guerras civiles padece la mitad de los 40.000 incendios forestales que se declaran al año en la UE.
Y el temor de que manos interesadas prendan fuego al bosque va más allá de la leyenda negra. Cada vez se gasta más dinero en extinción; cada año arde más superficie. ¿Ecuación sospechosa?
La Administración (central y autonómica) destina en 2005 más de 370 millones de euros a la guerra contra el fuego. Pagar a casi 23.000 efectivos y alquilar o mantener cientos de aviones y helicópteros no le sale barato al erario público. El reparto de la tarta es muy desigual: 600 euros al mes gana un peón brigadista; 160.000 puede cobrar una empresa de helicópteros por mantener un aparato activo durante el mismo tiempo.
«Aquí nunca interesó coger por los cuernos el problema del fuego. Interesó convertir el fuego en un negocio», sentencia Alfonso Fernández, profesional de viveros forestales. Galicia, donde vive y trabaja, sufre (son datos del último lustro) una media anual de 10.000 incendios. La mitad de toda España. La cuarta parte de los fuegos europeos. «Es normal que se gane dinero con ese trabajo», apunta Alfonso, «pero no podemos mantener 7.000 trabajadores en Galicia en época de fuegos. El planteamiento lógico sería apagarlos en invierno. La prevención simplificaría muchísimo la extinción».
En Galicia los ayuntamientos tienen potestad de contratar mediante convenio a 4.000 temporeros en época de riesgo. Se reparten entre ellos más de 8 millones de euros. Al final del verano, el maná deja de caer. Un modelo tan viciado ha provocado casos que luego amplifican las leyendas negras: brigadistas que queman el monte para asegurar el contrato estival. En la memoria, el incendio de Yeste (Albacete), en 1994, la hasta entonces mayor tragedia ecológica de Castilla-La Mancha. Testigos vieron a una avioneta, la «Icona 73», arrojando botellas incendiarias.
Estos días atrás, la detención de cuatro miembros de un retén en A Fonsagrada (Lugo), liberados con cargos el 27 de julio, desempolvó las viejas historias de sospechas. En Vilanova del Camí (Barcelona), se detuvo en 1996 a dos miembros de Protección Civil contratados por el Ayuntamiento. Se demostró que uno de ellos provocó varios incendios para que lo contrataran durante todo el año. Fue condenado a prisión y tanto él como su familia, repudiados, dejaron el pueblo.
El chapucero modelo gallego, que los alcaldes utilizan para obtener réditos políticos, desemboca en el absurdo. «Es una barbaridad», espeta un forestal de Lugo. «Mandan al monte a los amigos. Por no hablar de los alcaldes chulos que te levantan la brigada en plena extinción, o una carroceta que te hace falta, porque son suyas. Ha llegado a pasar».
El agente clama contra una Administración que no intenta «reducir el máximo posible el personal eventual. Les dan cursos mínimos para cubrirse ante la cuestión legal... Desconocen el protocolo, carecen de equipos de oxígeno ¡Parece el ejército de Pancho Villa!». Y un dato inquietante más: «En Castilla y León, las empresas cobran por metros apagados», apunta Francisco Cabezos, de CCOO. Lo mismo que en Galicia en los años 80. «Iban al fuego y lo dejaban hacerse grande. Lo cuentan las viejas glorias, pero ahora es otra cosa», explica un agente de las nuevas promociones.
La Comunidad de Madrid contrata los efectivos terrestres antiincendios a dos empresas privadas desde 1995. Las mismas empresas todos los años. «Hemos denunciado que la privatización del servicio está generando mucho dinero», dice Cabezos. «Hay ahí un gran negocio que planteábamos que se quedara en el ámbito público, se invertiría más en personal y en formación y se harían contratos más estables».
30 MILLONES DE EUROS
Los incendios le cuestan este año 30 millones al Gobierno regional, un 8% más que en 2004. «El presupuesto aumenta año a año, pero las inversiones en sueldos y categorías no suben en proporción», critica Cabezos.
Al contribuyente español le salen mucho más caros los medios aéreos. Hay 150 bases activas en verano. Sólo el Gobierno central moviliza 62 aeoronaves, entre hidroaviones de Defensa y helicópteros contratados a empresas privadas. «La extinción de incendios sigue siendo la principal fuente de trabajo de estas empresas», explica Marino Aguilera, presidente de la Asociación de Pilotos y Técnicos de Mantenimiento de Helicópteros (Aphytel).
Tres empresas -dos participadas por la firma canadiense lidera el sector en el mundo- copan gran parte del mercado y tejen una tupida red de subcontrataciones. «En Galicia los polacos están desde el 89. Por lo menos, se consiguió que los helicópteros fuesen certificados en España», apunta Aguilera. «Un piloto español puede llegar a cobrar 2.400 euros al mes y un polaco sale un 40% más barato...». Aguilera no cree en la veracidad -más leyenda negra- de las historias que hablan de helicópteros dejando caer artefactos incendiarios en la maleza. «Las empresas cobran el servicio haya o no haya fuegos».
Según un exhaustivo informe sobre incendios preparado por CCOO, el 66% del gasto público en la materia se destina a apagarlos y sólo un 34% a prevenirlos. Algo que enerva al agente forestal catalán Francesc Coll. «En Cataluña son los bomberos los responsables de la extinción y están diciendo: por favor, no nos den más dinero para aviones y coches». Pero ningún gasto puede contener lo que Coll llama «la paradoja de la extinción»: «El 98% de la superficie se pierde en el 0,3% de los incendios».
Xosé Santos, cofundador en 2001 del Comité de Defensa do Monte Galego, está convencido de que «el mejor fuego es el que no llega a iniciarse». «En el caso gallego, el dinero se gastó a lo loco: 800 millones de euros desde 1989 y prácticamente todo dedicado a la extinción. Jamás se han ejecutado programas de corta de maleza con fondos de la UE, y hay una directiva del 92 que los contempla».
El viverista Alfonso Fernández es más cáustico: «Se acaban de adjudicar en Galicia contratos de prevención, curiosamente a dos filiales de Ence, por cerca de 480.000 euros. Es muy simpático, estaban licitados en febrero y se adjudican a finales de julio. Cortafuegos y desbroces que tenían que estar listos a principios de campaña».
Félix Romero, coordinador del reciente informe de Adena ¿Por qué se queman los montes españoles?, subraya lo difícil que resulta «establecer políticas de prevención cuando no sabemos por qué arden los montes». «Se desconoce la causa del 40% de los incendios que ocurren cada año. Sólo el 3% acaba con algún detenido». En este aspecto, los agentes forestales de Cataluña marcan la pauta.«Como no tenemos responsabilidades directas en extinción desde 1988, nos hemos podido dedicar más a investigar», apunta Francesc Coll. «Se ha pasado de un 40% a un 13% de incendios no clarificados. Y la conclusión es que detrás del fuego no está sólo el pirómano o el loco que tan rentable le sale al político...».
Contra las creencias populares, pirómanos, brigadistas y especuladores ocupan puestos muy marginales en el ranking de causas conocidas. Las dos más importantes, según Adena: el despeje de monte para regenerar zonas de pasto o la quema de desechos agrícolas habrían originado el 25% de los incendios en 2004. Agricultores y pastores ligados desde siempre a la cultura del fuego. Intereses económicos también, al fin y al cabo.Fuente: El Mundo
14/08/2005Noticias relacionadas:
