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Despiden de forma improcedente a un operador del 112 de Castilla-La Mancha que tomó decisiones en el incendio de Guadalajara

R. sabía demasiado

 

Se dejó la piel al teléfono desde el servicio de emergencias del 112 castellanomanchego durante el incendio de Guadalajara. Abandonó su casa, su carrera de Derecho y su vida en Madrid por un puesto de trabajo en Toledo que veía como «un sueño» y «una vocación de la infancia». Durante cuatro años desempeñó su labor «de manera intachable», dicen sus superiores (hasta los presidentes regionales José Bono y José María Barreda le felicitaron). A finales de septiembre llegó su premio: las gracias y un despido que incluso la empresa que lo subcontrató ha definido como improcedente. Desde entonces, R. pasa sus lunes al sol lamentándose por haber estado en el lugar correcto el día equivocado. Es el hombre que sabe demasiado. «Y eso, a la Junta de Castilla-La Mancha no le gusta nada».

«Toledo sigue viviendo en la Inquisición. A los que protestan, les ponen en la lista negra y olvídate de encontrar un trabajo»-. Pero también es un joven madrileño de 28 años que trabaja en el mundo de las emergencias desde los 16 y que ahora es ex operador de respuesta multisectorial (o, lo que es lo mismo, ex ayudante del jefe de sala del Centro de Coordinación del 112).

Su error consistió en haber sido de los pocos que estaban en su puesto cuando, a las 14.40 horas del sábado 16 de julio, se dio la alarma de ese fatídico siniestro que al día siguiente se iba a cobrar la vida de 11 trabajadores forestales y en el que se devastarían más de 13.000 hectáreas.

«Yo tuve que tomar las decisiones, yo tuve que asignar los recursos, a pesar de que no estaba autorizado para hacerlo», confiesa.

«Cuando entró el aviso del incendio, no había personal disponible: el técnico forestal se había ido a comer y la persona que estaba como jefe de sala era recién llegada y ni siquiera tenía la titulación necesaria. Hasta el sábado por la noche no apareció ningún superior», añade, y respira aliviado: «Ahora lo puedo contar, ya no tengo nada más que perder».

¿Se habrían minimizado los daños del incendio si durante esos primeros momentos hubiera habido en el Centro suficiente personal, y más cualificado? R. cree que sí. «Nos hubiéramos coordinado mejor. Ni siquiera el domingo sabíamos a ciencia cierta cuántos medios estaban trabajando y dónde lo hacían». Por la forma que adoptan sus descripciones, el centro de emergencias recuerda a algo así como el hilo donde baila el funambulista. A veces la función sale bien; otras veces, no.

Lo corrobora el jefe de sala Javier Llorente, secretario del comité de empresa y expedientado tres veces tras denunciar las «irregularidades» del 112: «Allí no se queda casi nadie los fines de semana, y ni siquiera los viernes por la tarde. Cruzamos los dedos para que las emergencias se produzcan en días laborables».

Denuncias de presiones

Tanto R. como Javier , han denunciado las «presiones» a las que se han visto sometidos desde aquel día en el que se les ocurrió advertir de que, si se producía otro siniestro como el de Guadalajara, iba a haber «serios problemas» para afrontarlo.

Cuenta R. que le ponían a hacer más turnos que a sus compañeros -«sobre todo de noche»- y que le negaban sistemáticamente los cambios que pedía; que le respondían «con tono amenazante cuando hacía sugerencias para mejorar el servicio»; que le prohibieron colaborar en una revista en la que hasta entonces había escrito sin problemas...

A R. le llamaron un día al despacho y, usando las palabras bajo y rendimiento, le pusieron en la calle. «¿Por qué antes no me advirtieron de que lo estaba haciendo mal? Incluso 15 días antes me habían felicitado. Mi jefe estaba muy contento conmigo. La realidad es que, como les resultaba incómodo, me martirizaron y luego me echaron. Sabían que podía contar muchas cosas y que no iba a ser fácil callarme».

Lo insólito es que MK Plan 21, la empresa subcontratada por la Junta para gestionar una parte del 112 y la que contrató y despidió a R., reconoció que el despido era improcedente. Sostiene R.que para persuadirle así de que fuera a los tribunales. Le ha dado igual. Su caso está ante el juez, ha escrito decenas de cartas contando su situación y sus compañeros del 112 de Castilla-La Mancha han decidido ir a la huelga en Navidades para que le readmitan.

Presiones a testigos, retenes y agentes

R. no es el único que ha denunciado «presiones» tras el incendio de Guadalajara. Lo han hecho también los familiares de las víctimas y retenes y agentes forestales. Según Isabel Villaverde, madre de Jorge César Martínez, se «ha presionado» a algunos testigos que declararon en los juzgados de Sigüenza. Asimismo, denuncia que se han manipulado pruebas y datos. Ella y otros familiares han advertido de que el Juzgado estaba recibiendo llamadas «desde La Moncloa». Entre los retenes, muchos de ellos compañeros de las víctimas, también se han producido presiones «desde el principio para que nadie se saliera de la versión oficial», cuenta David Nuevo, miembro del retén de El Vado y novio de otra de las víctimas, Mercedes Vives. «Tragsa [la empresa que los subcontrata] nos dijo que nos mantuviéramos calladitos, que siguiéramos trabajando igual que antes y sin rechistar, que podían expedientarnos y tomar represalias», asegura.«Hubo amenazas a todos los retenes». El agente forestal Vicente Peinado -que estuvo durante nueve años al frente del retén al que pertenecían las víctimas- sostiene que la Junta de Castilla-La Mancha le ha abierto un expediente «por haber usado el vehículo oficial sin estar de servicio para hacer fotos en la zona del incendio» y le ha forzado a dimitir de su puesto como delegado del sindicato CSI-CSIF, en el que llevaba siete años. «Escribí un artículo criticando la gestión de la Administración en el incendio, denunciando el caos, la falta de coordinación y las negligencias y se me echaron encima», explica. Todos coinciden en que la Comisión de Investigación fue «un paripé».

Fuente: El Mundo
11.12.05

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* Suplemento Temático: Incendios Forestales.

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