Seguridad Medioambiental
y Protección del Entorno
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Un millar de municipios
españoles vierte sus
aguas residuales sin
depurar
Andalucía,
Extremadura y Castilla y León son las comunidades con más población
afectada
El 13% del agua de las
ciudades se vierte directamente a los ríos o al mar sin tratar. En
total, 1.079 pueblos de más de 2.000 habitantes carecen de depuradora o
la que tienen no cumple con los requisitos marcados por la Unión
Europea, que obligaba a depurar todo el agua el 31 de diciembre de 2005.
Este es el panorama que presentó ayer la ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona, a los consejeros del ramo antes de proponerles un
nuevo plan de depuración para 10 años. El Ministerio propuso que las
comunidades financien el 60% de las obras, mientras que en el plan
1995-2005, el Gobierno financió el 60%
En España hay poca agua.
Y mucha de ella está contaminada. Una directiva europea de 1991 obligaba
a que el 31 de diciembre de 2005, "todas las aglomeraciones de más de
2.000 habitantes equivalentes tuvieran un sistema de tratamiento de
aguas residuales". La norma habla de habitantes equivalentes porque
tiene en cuenta las segundas residencias o los cambios de población por
temporada. Es decir, aunque un municipio tenga determinada población, la
depuradora debe estar diseñada para la población que pueda llegar a
tener en verano. Con el cálculo, España tiene que tener depuradoras para
71 millones de habitantes. En la práctica esto supone que "los
municipios de poco más de 1.000 habitantes tienen que tener una
depuradora", según subdirector de calidad del agua del ministerio hasta
2004 y actual director ejecutivo de la Asociación para el Tratamiento
del Agua, Ángel Cajigas.
El Gobierno diseñó en 1995 un Plan Nacional de Saneamiento y Depuración
para cumplir los objetivos comunitarios. Pero la directiva, llegada la
fecha de vencimiento, no se cumple. La ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona, admitió ayer que "España no está cumpliendo la
directiva".

En España hay 2.274
núcleos de más de 2.000 habitantes. De ellos, 952 municipios cumplen con
la directiva y tienen tratamiento de agua. Estas ciudades vierten el 74%
del agua que se consume. Un 13% restante se encuentra en zonas con una
depuradora que a finales de 2004 se encontraba en construcción.
44% sin tratamiento
El resto de municipios, 1.079 (el 44,47% de los pueblos) no cumplen los
requisitos de depuración. La mayoría de ellos, 706, directamente no
tienen ninguna depuradora. En total, el 13% del agua residual llega a
los ríos o al mar directamente sin depurar.
Son municipios como Nerja, Benalmádena, Rincón de la Victoria o Alhaurín
de la Torre (Málaga), Burgos, Algeciras (Cádiz), Almendralejo (Badajoz)
Tomelloso (Ciudad Real), en general, municipio pequeños, aunque hay
zonas como la Costa del Sol con graves problemas de depuración, según
una respuesta parlamentaria del Gobierno y fuentes del sector. Por
comunidades, Andalucía es la peor parada (el 24,9% de su población no
tiene tratamiento adecuado de agua), seguida de Extremadura y Castilla y
León y Asturias.
Tras presentar el panorama y constatar que cumplir con los objetivos de
Bruselas es imposible, Narbona propuso a los consejeros de Medio
Ambiente renovar el Plan Nacional de Depuración para los próximos 10
años. La ministra anunció que su intención es tener aprobado el plan en
febrero de 2006. "Queda mucho por hacer", anunció antes de señalar que
el Gobierno anterior no hubiera completado las obras.
"La Administración General del Estado ha pagado hasta ahora el 60% de
las obras de depuración pese a ser una competencia autonómica", explicó Narbona a los periodistas en un receso de la reunión. La ministra señaló
que pedirá a las autonomías que a partir de ahora financien el 60%. "Así
al final del periodo, el Gobierno y las comunidades habrán pagado lo
mismo cada una", concluyó.
La tarea es enorme porque construir las 1.000 depuradoras necesarias y
renovar o ampliar muchas de las existentes costará unos 3.700 millones
de euros, según el informe presentado ayer por el ministerio. Las obras
ya ejecutadas, licitadas o en construcción desde 1995 han supuesto una
inversión de 2.405 millones, según el mismo documento.
"Esfuerzo enorme"
La portavoz del PP en la comisión de Medio Ambiente del Congreso, María
Teresa de Lara, defendió la labor del Gobierno popular: "Hicimos un
esfuerzo enorme en depuración. El plan que aprobó el Gobierno del PSOE
en 1995 preveía que el Gobierno pagaría el 25% de las obras y acabó
pagando el 60%. Es triste decirlo, pero las comunidades autónomas y los
ayuntamientos no hicieron todo lo que debían en materia de depuración".
La directiva establecía plazos de cumplimiento paulatinos comenzando por
las ciudades de más grandes: hasta 2000 sólo era obligatorio que se
depurase el agua de las de más de 15.000 habitantes.
Cajigas, responsable del plan, afirma que los plazos impuestos por
Bruselas "no eran razonables". "No daba tiempo porque aparte de invertir
dinero hay que acordar con ayuntamientos, autonomías, licitar, buscar
terrenos. Construir 2.000 depuradoras requiere muchos años", añade.
España se enfrenta a un procedimiento de infracción por parte de la
Comisión Europea. En septiembre de 2005, el Tribunal de Justicia de
Luxemburgo condenó a España por no depurar las aguas de Vera (Almería) y
por no declarar como especialmente sensible a la contaminación la playa
de Montilla (Valencia). Estas condenas, van contra el Gobierno, no
contra el ayuntamiento o la autonomía, llegaron tras años de litigio.
Cuando un país incumple una directiva comunitaria, la Comisión Europea,
por propia iniciativa o por una denuncia de los ecologistas, da varios
avisos para que se cumpla. Finalmente lleva el país ante el Tribunal de
Luxemburgo. Las condenas no suponen una multa, según el abogado de
Ecologistas en Acción y experto en quejas ante la UE Jaime Doreste. Sólo
si el país persiste en el incumplimiento y se reabre todo el
procedimiento, puede llegar una multa. España fue multada en 2003 por
incumplir la directiva de calidad de aguas de baño.
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España, por debajo de la media de
la UE |
España está por debajo de la
media de la UE en tratamiento de aguas residuales. El último
informe de la Comisión Europea sobre el cumplimiento de la
directiva de depuración, realizado en 2004, sitúa a España entre
los países con peor nota.
El informe, elaborado con datos de 2002, afirma que en ese año
España trataba de forma correcta el 58% del agua mientras que la
media comunitaria era del 75%.
El grado de cumplimiento de España sólo era superior al de
Irlanda (61%) y Portugal (59%). Otros países también tenían un
grado de cumplimiento inferior, pero la cifra era engañosa. Esos
países habían declarado todo su territorio como zona sensible,
lo que significa que exigían una depuración más rigurosa. Así el
grado de cumplimiento era menor para una norma más estricta,
pero mayor que la usada por España.
La Comisión advirtió por escrito a España en 2001 de que muchas
ciudades de más de 15.000 habitantes incumplían el tratamiento
que fijaba la directiva comunitaria. |
Fuente: El País
21.12.05