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Lunes, 11 de julio de 2005 |
Noticias
Seguridad de la Información y Protección de DatosCuando las empresas se lucran con los 'crackers'
Ingeniero, 26 años, residente en una pequeña localidad, propietario de un modem, un ordenador obsoleto y un programa Windows 98.
Éste es el perfil del supuesto cracker -pirata informático- que la policía detuvo ayer en Poio (Pontevedra) como presunto autor de diversos ataques a los sistemas de seguridad de uno de los programas de ingeniería más utilizados por los profesionales del sector.
P. Power, nombre con el que era conocido en internet el detenido, está acusado de romper la protección de esos programas con la ayuda de un simple módem, un viejo ordenador y un sistema operativo Windows 98, según aseguró ayer la Dirección General de la Policía. Tras desproteger los programas, el presunto cracker se dedicaba a publicar mensajes en la red en los que se confesaba como único autor de los ataques.
La detención efectuada por la policía es consecuencia de una denuncia presentada por la empresa Soft, propietaria del programa informático Presto, que detectó que en determinadas redes p2p (intercambio de programas) se podía acceder a un crack que permitía desproteger su programa y, por lo tanto, utilizarlo de forma pirata.
Pero lo llamativo de este caso no es tanto la identidad del presunto autor, como el perfil de quienes se beneficiaron de su actividad. 'Sabemos que la mayoría de los usuarios pirata del programa son empresas constructoras. Según diversos datos que tenemos, el programa Presto tiene un 44% de cuota de mercado. Pues bien, el 88% de esa cuota se corresponde con licencias pirata', explica Javier Ribas, socio del bufete Landwell, encargado de llevar el caso. Ribas asegura que la compañía a la que representa calcula que se han utilizado unas 150.000 licencias ilegales del programa, algo que a precio de mercado supone una cifra de más de 100 millones de euros.
'Llama la atención que en una época de tanta prosperidad en la construcción inmobiliaria todas esas compañías hayan optado por hacer un uso ilegal de este programa', señala el socio de Landwell. Según Ribas, utilizar una copia pirata de un programa de ingeniería supone, además, una negligencia que puede acarrear fallos en la construcción, con la consiguiente responsabilidad por parte de las constructoras.
La denuncia presentada por Soft es fruto de una iniciativa llevada a cabo por una treintena de empresas que, asesoradas por Landwell, impulsaron en julio de 2003 una denuncia contra las redes de intercambio de programas.
Fuente: Cinco Días
23.06.05Noticias relacionadas:
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