Un
«gran hermano» para recuperar la seguridad
La UE intensifica
las medidas de vigilancia tras el 7-J - Miles de «ojos» electrónicos
siguen a los ciudadanos y avivan el debate entre protección e intimidad
Los
atentados terroristas al corazón de la capital británica han obligado a
desplegar nuevas medidas de seguridad. La UE ha acordado
almacenar las llamadas de teléfono y los mensajes de internet.
seguridad. La Unión Europea ha acordado almacenar las llamadas ade
almacenar las llamadas telefónicas y los mensajes de Internet reabre
el debate sobre el derecho a la intimidad frente a la seguridad.
«La mañana del 7 de
julio, Hasib Mir Hussain subió las escaleras de la estación de Luton
poco antes de tomar el tren con destino a King´s Cross. En su espalda
portaba una abultada mochila y en su joven rostro –tenía 18 años– podía
leerse una firme intención. Así lo captaron las cámaras de seguridad de
la estación londinense, unas imágenes con las que Scotland Yard ha
podido identificar a este terrorista que, poco después, se inmoló en el
autobús de la línea 30.
El terrorismo ha vuelto a
derramar sangre sobre la Democracia. Los atentados contra Londres
revelan, una vez más, que los muros de las ciudades no son
infranqueables para los fanáticos y que las medidas de seguridad no
pueden evitar el ruido de las bombas. Paradójicamente, de entre todas
las naciones, Gran Bretaña es la más vigilada del planeta. Unas 300
veces al día, una cámara filma y almacena el rostro de un londinense en
la calle, en las tiendas, restaurantes, metros... Gracias a estos
ojos electrónicos, Londres investiga ahora las imágenes de 5.000
videocámaras.
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Más vigilados que
nunca. La seguridad ha vuelto a fallar y la Unión Europea ya ha
tomado medidas, como el acuerdo de dar luz verde en octubre a una norma
que obligue a almacenar los datos de las llamadas telefónicas y mensajes
de internet. El controvertido debate sobre si prima el derecho a la
intimidad respecto al de seguridad vuelve a ser noticia. Manuel Coma,
investigador en el Área de Defensa y Seguridad del Real Instituto Elcano
de Estudios Internacionales, indica que la ola de atentados asestó un
duro golpe al prestigio de los servicios secretos británicos, puesto en
duda en varias ocasiones. Recordemos la intromisión en el Palacio de
Buckingham de un periodista o la entrada de armas ficticias en la sala
de reuniones de los Comunes, incidentes que llevan a «apretar las
tuercas» de la seguridad cada vez más. «No existe un sistema de
seguridad perfecto. La norma de la UE supone un sacrificio para la
intimidad y la libertad, pero no se inspeccionarán a todas horas los
datos, sino que se utilizará para volver sobre ello cuanto sea
necesario».
Adaptar en España el
acuerdo del almacenamiento de datos, asegura el portavoz de la
Asociación de Jueces Francisco Vitoria, Manuel Torres Vela, «requiere
autorización judicial» y «cambios normativos en nuestro país». Siempre
que se preserve la garantía de que sea esta autoridad la que permita
analizar al detalle esos datos –explica–, el derecho a la intimidad
personal y a la propia imagen quedaría salvaguardado, ya que la
Constitución permite que esos derechos puedan ser limitados con
autorización judicial. A pesar de ello, el juez confiesa que es «un tema
polémico» que habría que estudiar con «mucha cautela» por si pudiera
producirse algún otro tipo de vulneración. Lo que es un hecho, confirma
Torres Vela, es que hoy estamos más vigilados que nunca: «Cada vez son
más restricciones a la libertad en provecho de la seguridad, pero ésa es
la pretensión de cualquier estado que vive los fenómenos del terrorismo
islamista».
Entre las medidas de
vigilancia de nuestro país, donde las empresas de seguridad facturan al
año 2.000 millones de euros, las videocámaras son las más
llamativas.
La Ley de Videovigilancia aprobada en
1997 permitió su instalación en lugares públicos para velar por la
seguridad ciudadana. Sin embargo, debido al consenso del que disfrutó la
norma al ser un instrumento contra el terrorismo, nadie la recurrió ante
el Tribunal Constitucional a pesar de que varias voces del propio
organismo consideraron que había «visos de inconstitucionalidad» y que
suponía «una injerencia en la intimidad». La implantación de estos
aparatos se ha extendido desde entonces por toda la geografía española.
«Es preocupante la presencia cada vez más habitual de vigilancia no
reglamentada o distribuida de manera global», lamenta Alberto
Escudero-Pascual, doctor en Seguridad y Privacidad en la Sociedad de la
Información por el Royal Institute Technology de Estocolmo, quien señala
que «en nombre de la seguridad se justifica todo». Un sentimiento que
experimentamos al salir de casa; al bajar al aparcamiento o
introducirnos en el metro; entrar en un centro comercial o en un estadio
de fútbol; caminar por la vía pública o conducir por la carretera. Y es
que, a excepción de las comisarías, en la mayor parte de los lugares
–bancos, museos, edificios públicos, estaciones de tren, aeropuertos–
alguien nos observa por una cerradura digital.
Las únicas cámaras
registradas en España son las que colocan las fuerzas de seguridad para
vigilar la vía pública, el resto están fuera de control. Fuentes del
sector de seguridad privada estiman que son cientos de miles, pero
realizar un censo resulta imposible, ya que las empresas no facilitan
datos alegando confidencialidad.
Uno de los aspectos más
criticados de la videovigilancia es que la mayoría de la gente no sabe
que la están filmando, algo que vulnera la Ley de Protección de Datos (LOPD),
que obliga a colocar un cartel en el que se informe de la grabación y
a destruir las cintas en el plazo máximo de un mes. Pocas personas
son conscientes de que sobre nuestras cabezas sobrevuelan también
satélites que nos fotografían obteniendo imágenes de gran definición.
Sobre España sobrevuelan dos, uno en Madrid y otro en Málaga. Como
reconocen los expertos, el riesgo que conlleva es una fuga de datos con
fines comerciales.
Redes de espionaje. Con
el desarrollo de la tecnología aumenta el control. «Se nos vigila con
aparatos tan cotidianos como un teléfono, una tarjeta de crédito o un
ordenador, que nos conectan involuntariamente con personas que nos
observan desde el otro lado, un lado que ni siquiera sabemos que
existe», dice Emili Altur, abogado especialista en Derecho Informático.
Es el caso de Echelon, un sistema militar de espionaje creado durante la
Guerra Fría por la Agencia Nacional de Seguridad norteamericana junto a
Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda para averiguar los
secretos del bloque comunista. Medio siglo después, esta gran oreja
anglófona sigue interceptando 2.000 millones de comunicaciones cada día,
ya sean telefónicas, por fax o por correo electrónico, según reveló al
Parlamento Europeo el investigador Duncam Campbell, quien acusó a
Washington y Londres de espiar a los países comunitarios.
España es una «receptora
pasiva» del Echelon, denuncia Altur, quien asegura que los socios de
Echelon usan la información captada para sus propios fines comerciales,
y pone un ejemplo: «La Boeing utilizó el Echelon para desbancar un
contrato multimillonario de compra de aeronaves a Airbus por parte de
Arabia Saudí».
Cámaras que siguen
nuestros pasos, satélites que nos controlan desde el espacio, redes de
vigilancia de parte a parte del planeta. ¿Es nuestra vida un Gran
hermano de alta tecnología? La profecía de Orwell en su obra «1984»
empieza a cumplirse: «Siempre esos ojos que miraban, vigilantes. En
vigilia o en el sueño, en el trabajo o comiendo, en casa o en la calle,
no había privacidad posible».
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"Las multas más bestiales" |
| El hecho de que alguien nos
observa es hoy una realidad. Otra cosa es con la finalidad que
se haga, si se emplea con fines criminalísticos o para terceras
causas. "Hasta ahora las libertades primaban en los textos
constitucionales, pero de unos años aquí, sobre todo con la
excusa del terrorismo, está primando la seguridad jurídica. Sin
ir más lejos, EEUU ha encarcelado recientemente a una periodista
por negarse a revelar sus fuentes. Hoy, bajo el prisma y el
paraguas de la seguridad las libertades se ven restringidas",
expresa el abogado Emili Altur. No obstante, los españoles
gozamos de una legislación de protección de datos privilegiada:
"España es el número uno en Europa en tema de privacidad y la
protección de datos, tiene leyes muy restrictivas y
proteccionistas del titular del dato y la persona en concreto,
todo lo contrario que EEUU. Las sanciones más bestiales se
encuentran en la legislación española. Ni la francesa ni la
alemana contemplan multas como las nuestras que, por fuga de
datos consentida pueden alcanzar hasta los cien millones de
pesetas. |
Fuente: La Razón
17.07.05
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