La Amazonia devastada

La masiva destrucción de selva brasileña pone en entredicho la capacidad del Gobierno de Lula para preservar el mayor pulmón medioambiental del mundo

La pérdida el año pasado de 26.000 kilómetros cuadrados de selva amazónica en Brasil (una superficie similar a la de Galicia) ha causado conmoción dentro y fuera del país. La enorme devastación ha puesto de relieve que ni las promesas ni los esfuerzos realizados por el gobierno de izquierdas del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, están consiguiendo parar la hemorragia de ese pulmón de oxígeno de la humanidad, el mayor bosque tropical del mundo, que conserva además la mayor riqueza de biodiversidad del planeta. Si no se logra la contención de esa hemorragia de la selva -que ya ha sido deforestada en un 17,5% según el Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF)-, la región se convertirá, antes de 50 años, en un desierto o, en el mejor de los casos, en un inmenso granero de soja y un pastizal de ganado vacuno, con todas las secuelas ambientales que ello comportaría, no sólo para Brasil sino para el mundo. La Amazonia continúa siendo la manzana de la discordia en Brasil, un campo de batalla entre preservación ecológica y desarrollo.

Vilmar Locatelli, asesor de la Comisión Nacional de la Amazonia, afirma que, según estudios realizados por satélite, el ritmo de deforestación de la selva y el aumento del efecto invernadero "pueden causar serias alteraciones en el clima amazónico". Y añade: "Sin la selva, las lluvias pueden verse reducidas entre un 20% y un 30% y la temperatura media subir de 3 a 5 grados".

¿Quiénes son los culpables? El Gobierno se ha defendido por boca del secretario de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, João Paulo Capobianco, afirmando que el Plan de Prevención y Control de la Deforestación de la Amazonia (lanzado por el presidente Lula el año pasado, en el que participan 13 ministros y cuyo responsable es el ministro de Presidencia, el poderoso José Dirceu) aún no ha podido dar sus frutos "porque lleva sólo unos meses en funcionamiento". En nombre de la oposición ha respondido uno de los mayores líderes de la defensa del medio ambiente, el diputado del Partido Verde (PV) Fernando Gabeira, quien asegura que el problema es que el famoso plan "no está funcionando por falta de recursos y porque el ministro Dirceu aún no ha pisado la Amazonia".

Para los analistas, el gran problema que se le plantea a Brasil es cómo conciliar el actual desarrollo económico del país (centrado en el agronegocio, sobre todo en el cultivo de soja y de ganado vacuno), con una defensa a ultranza de sus bosques, de su madera preciosa, de sus ríos sin contaminar (posee el 23% del agua potable del mundo), de su biomasa y de sus inmensos yacimientos de minerales preciosos, principalmente diamantes.

La Amazonia es un territorio de cinco millones de kilómetros cuadrados, con sólo 275 fiscales para vigilarla -un fiscal por cada 18.000 kilómetros cuadrados-, una región codiciada por todos, incluidas las 27 multinacionales que actúan en el área.

En este momento, Brasil es el segundo exportador de soja del mundo, después de Estados Unidos, y uno de los mayores vendedores de carne vacuna. El consumo de carne brasileña en Europa y de soja para pienso es una de las causas de ese vertiginoso aumento de la deforestación de la Amazonia, según David Kaimowitz, director general del Centro Internacional de Investigaciones sobre Bosques (Cifor). La Unión Europea importa de Brasil casi el 40% de las 578.000 toneladas de carne bovina consumida cada año en el Viejo Continente. El número de cabezas de ganado en Brasil supera ya los 60 millones, de las cuales más del 30% se encuentra en la Amazonia. Brasil controla hoy el 20% del mercado de carne vacuna del mundo.

Para cultivo de soja y para pasto de ganado se talan millones de árboles. El 80% de la madera usada sólo en el estado de São Paulo es de procedencia ilegal. Los expertos calculan que por cada árbol caído se destruyen otros 10, y que seis de ellos ni siquiera son aprovechados.

La defensa de la Amazonia estaba presente con fuerza en el programa electoral del presidente Lula, quien puso al frente del Ministerio del Medio Ambiente a Marina Silva, que, hija de una familia pobrísima del norte y analfabeta hasta los 16 años, llegó dentro del sindicato hasta senadora. Sin embargo, el presidente Lula defendió desde el principio que la Amazonia no podía convertirse en un "santuario intocable", y que debía llevarse a cabo allí un "desarrollo económico sostenible", es decir, compatible con la preservación de su diversidad y riqueza natural. "No queremos prohibir, queremos reglamentar, hacer las cosas civilizadamente", dijo Lula.

El gobierno Lula tomó toda una serie de medidas para intentar frenar la ocupación ilegal de la selva amazónica amenazada. Para ello incentivó un sistema modernísimo de vigilancia aérea, capaz de detectar los incendios, la deforestación y la ocupación ilegal. Exigió el empadronamiento de todos los propietarios de más de 300 hectáreas para demostrar que eran tierras legítimamente adquiridas y no bajo la ilegalidad. Se dispuso a conceder 13 millones de hectáreas de áreas públicas de la Amazonia para un uso económico sostenible en diez años, para intentar evitar las invasiones ilegales y la ocupación de tierras públicas. Y al mismo tiempo se planteó la creación de decenas de parques naturales, dentro de la selva amazónica, para blindarlos del pillaje. Los resultados, sin embargo, tardan en aparecer.

La ministra Silva, que ha perdido casi todas las batallas dentro del Gobierno y del Parlamento, comenzando por la guerra contra los transgénicos, prefirió tras el anuncio de los últimos datos sobre destrucción de la naturaleza echar la culpa a la sociedad civil tanto brasileña como extranjera, que, según ella, "critica la deforestación de la Amazonia, pero continúa consumiendo productos que contribuyen a dicha deforestación".

Lo que le resulta difícil a Brasil es explicar cómo, poseyendo la legislación más exigente y moderna sobre defensa de la naturaleza y de sus santuarios, no consigue poner un freno a su devastación, ni parar las pistolas que asesinan a cuantos se oponen a dicha destrucción, como lo demostró la reciente ejecución a sangre fría de la religiosa norteamericana naturalizada brasileña Dorothy Mae Stang, que llevaba 40 años luchando contra el pillaje y la desvastación de la Amazonia, cuya muerte sacó a la luz internaconal la dificultad real de poner en práctica la ley, ante las connivencias entre terratenientes, policías, políticos locales y jueces corruptos en una trama de impunidad contra la que se dan de bruces, desde hace decenas de años, los esfuerzos de todos los gobiernos. Según datos de la Comisión Pastoral de la Tierra, del Episcopado de Brasil, entre 1985 y 2004 se registraron 1.349 asesinatos de personas empeñadas contra los saqueadores de la Amazonia. Sólo 75 de esos asesinatos fueron juzgados, y sólo 15 personas fueron condenadas. Y todas han apelado la sentencia.

Refiriéndose a los responsables de la deforestación, el diario O Globo afirmaba en su editorial del martes pasado: "Son siempre los mismos, como es siempre la misma la ineficiencia del Gobierno en la preservación del mayor patrimonio natural del país".

Internacionalizar el santuario

La última alarma sobre la destrucción de la selva la dio Pascal Lamy, nombrado el pasado jueves director de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Lamy pidió que Brasil "sea castigado" por el nuevo aumento de la deforestación de la Amazonia, un santuario con 30.000 especies de plantas, 2.500 de árboles, 3.000 tipos de peces diferentes, un tercio de la madera tropical del planeta, y donde se registran cada año más de 300.000 incendios, buena parte dolosos, obra de ganaderos, agricultores y madereros. Lamy pidió también la internacionalización de la Amazonia. "No se trata", dijo, "de que Brasil pierda la propiedad del territorio, pero sí de que se busquen reglas de gestión colectiva de la Amazonia".

La respuesta tajante del Gobierno Lula a Lamy se produjo a través del ministro de Asuntos Exteriores, Celso Amorim, quien afirmó que Brasil tiene sobre la Amazonia "un derecho de soberanía nacional intocable". Brasil siempre temió que especialmente Estados Unidos pudiera un día arrogarse el derecho de internacionalizar la Amazonia alegando que el país no consigue defender la integridad de ese santuario ecológico de interés mundial.

En el mundo político brasileño, quien más se ha opuesto a la internacionalización de la Amazonia ha sido el intelectual del Partido de los Trabajadores (PT), el senador Cristovam Buarque, ex gobernador de Brasilia y ex ministro de Educación de Lula. Buarque, autor de más de 40 libros, escribió: "Como brasileño, estoy contra la internacionalización de la Amazonia, a pesar de la degradación ambiental de ese patrimonio. Como humanista, sin embargo puedo imaginarla. Pero entonces, que se internacionalicen también todas las reservas de petróleo del mundo, todos los museos y toda la infancia para que deje de pasar hambre y tenga derecho a la educación".

Interrogado por este periódico sobre si, tras la pérdida de 26.000 kilómetros cuadrados más de selva en 2004, sigue manteniendo su rechazo a la internacionalización, Buarque dijo: "Empiezo a tener dudas, porque esa destrucción significa la incapacidad de todos nuestros gobernantes para defender semejante patrimonio nacional y mundial".