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La
morosidad golpea a siete de cada diez empresas españolas
Un millón
y medio de compañías tienen problemas para cobrar sus facturas, lo que
coloca a España entre las peores de la Unión Europea
Los
impagos de facturas se han convertido en una costumbre arraigada en
España. Según un estudio realizado por la Escuela de Administración de
Empresas (EAE), la morosidad afecta cada año a un millón y medio de
compañías, lo que equivale al 70% del tejido empresarial español.
Pere Brachfield, profesor de EAE y experto en morosidad, asegura que
“los impagos de los clientes provocan problemas financieros en la
mayoría de las empresas que sufren el problema”. De hecho, según los
datos de un estudio realizado por la Comisión Europea, la morosidad es
la causa de una de cada cuatro quiebras, sobre todo entre las pymes.
En unas jornadas sobre morosidad en el sector del comercio organizadas
por Recoletos Conferencias y Formación, Brachfield explicó que “los
motivos más frecuentes que conducen a las empresas a una suspensión de
pagos son una alta tasa de morosidad, insolvencia definitiva de sus
clientes y retrasos en los pagos por parte de las administraciones
públicas”.
Según un estudio elaborado por la empresa sueca Intrum Justitia,
especializada en la prestación de servicios de cobro, España es uno de
los países de la Unión Europea con mayor morosidad, sólo superado por
Portugal, República Checa y Lituania.
Intrum Justitia concluye que España es un país con alto riesgo de impago
y recomienda la adopción de estrictas medidas de control para evitar la
morosidad en las transacciones comerciales.
Según los últimos estudios realizados, la mayor parte de los impagos que
se producen en Europa son intencionados, ya que el deudor retrasa los
pagos para financiarse a costa del proveedor. Uno de los sectores más
castigados por este tipo de prácticas es el de la industria alimentaria.
La Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab) ha
presentado un recurso contra la normativa española que regula el
aplazamiento de los pagos ante la Comisión Europea.
En España, hasta ahora, el comercio estaba pagando sus proveedores a una
media de 130 días. El PSOE se había comprometido en su programa a
rebajar estos plazos a 60 días en el caso de los productos no
perecederos y a 30 días en el de los perecederos.
Sin embargo, la nueva Ley, aprobada el pasado mes de diciembre, fija el
aplazamiento en 90 días para la mayoría de los productos.
“El Gobierno no sólo ha incumplido sus promesas, sino que, además, va en
contra de la directiva europea, que establece que la distribución no
puede financiarse a través del aplazamiento de los pagos a la
industria”, asegura Jorge Jordana, secretario general de la patronal.
Según datos de Fiab, España es el país que tiene los plazos de pago más
dilatados de toda Europa.
Abuso de posición dominante
Jordana se muestra contudente: “las grandes cadenas de distribución
están abusando de su posición de dominio en España y cometiendo una
aberración contable al financiar su expansión mediante la deuda que
tienen con sus proveedores”. Fiab asegura que “vamos a vigilar
estrechamente el cumplimiento de la ley y a denunciar a todo aquel que
se la salte”.
Desde Asedas, la patronal de los supermercados, su director general,
Ignacio García Magarzo, insiste en que “compartimos los objetivos de la
directiva europea y la ley que la desarrolla”. Asedas reclama, no
obstante, que se distinga entre los productos congelados y los frescos,
ahora equiparados.
Fuente: Expansión
10.06.05
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