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Lunes, 13 de junio de 2005


Seguridad Corporativa y Protección del Patrimonio

La morosidad golpea a siete de cada diez empresas españolas

Un millón y medio de compañías tienen problemas para cobrar sus facturas, lo que coloca a España entre las peores de la Unión Europea

 

Los impagos de facturas se han convertido en una costumbre arraigada en España. Según un estudio realizado por la Escuela de Administración de Empresas (EAE), la morosidad afecta cada año a un millón y medio de compañías, lo que equivale al 70% del tejido empresarial español.

Pere Brachfield, profesor de EAE y experto en morosidad, asegura que “los impagos de los clientes provocan problemas financieros en la mayoría de las empresas que sufren el problema”. De hecho, según los datos de un estudio realizado por la Comisión Europea, la morosidad es la causa de una de cada cuatro quiebras, sobre todo entre las pymes.

En unas jornadas sobre morosidad en el sector del comercio organizadas por Recoletos Conferencias y Formación, Brachfield explicó que “los motivos más frecuentes que conducen a las empresas a una suspensión de pagos son una alta tasa de morosidad, insolvencia definitiva de sus clientes y retrasos en los pagos por parte de las administraciones públicas”.

Según un estudio elaborado por la empresa sueca Intrum Justitia, especializada en la prestación de servicios de cobro, España es uno de los países de la Unión Europea con mayor morosidad, sólo superado por Portugal, República Checa y Lituania.

Intrum Justitia concluye que España es un país con alto riesgo de impago y recomienda la adopción de estrictas medidas de control para evitar la morosidad en las transacciones comerciales.

Según los últimos estudios realizados, la mayor parte de los impagos que se producen en Europa son intencionados, ya que el deudor retrasa los pagos para financiarse a costa del proveedor. Uno de los sectores más castigados por este tipo de prácticas es el de la industria alimentaria. La Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab) ha presentado un recurso contra la normativa española que regula el aplazamiento de los pagos ante la Comisión Europea.

En España, hasta ahora, el comercio estaba pagando sus proveedores a una media de 130 días. El PSOE se había comprometido en su programa a rebajar estos plazos a 60 días en el caso de los productos no perecederos y a 30 días en el de los perecederos.

Sin embargo, la nueva Ley, aprobada el pasado mes de diciembre, fija el aplazamiento en 90 días para la mayoría de los productos.

“El Gobierno no sólo ha incumplido sus promesas, sino que, además, va en contra de la directiva europea, que establece que la distribución no puede financiarse a través del aplazamiento de los pagos a la industria”, asegura Jorge Jordana, secretario general de la patronal. Según datos de Fiab, España es el país que tiene los plazos de pago más dilatados de toda Europa.

Abuso de posición dominante

Jordana se muestra contudente: “las grandes cadenas de distribución están abusando de su posición de dominio en España y cometiendo una aberración contable al financiar su expansión mediante la deuda que tienen con sus proveedores”. Fiab asegura que “vamos a vigilar estrechamente el cumplimiento de la ley y a denunciar a todo aquel que se la salte”.

Desde Asedas, la patronal de los supermercados, su director general, Ignacio García Magarzo, insiste en que “compartimos los objetivos de la directiva europea y la ley que la desarrolla”. Asedas reclama, no obstante, que se distinga entre los productos congelados y los frescos, ahora equiparados.

Fuente: Expansión
10.06.05

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