Seguridad Medioambiental
y Protección del Entorno
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Un 'superfiscal'
perseguirá los delitos contra el medio ambiente en España
La Ley de Montes
prohibirá recalificar durante 30 años los terrenos incendiados
La
conservación de los montes pasa por evitar su mayor peligro: los
incendios. El 90% de éstos son causados intencionada o
accidentalmente por el hombre, y casi nunca se encuentra al responsable.
Con el fin de combatir más eficazmente esta plaga, el Consejo de
Ministros aprobó ayer la modificación de la Ley de Montes, que impide
recalificar los terrenos quemados durante 30 años. La norma, además,
crea la figura de un superfiscal de máximo rango que perseguirá
los delitos ecológicos y que coordinará las fiscalías de medio
ambiente que se abrirán en cada audiencia provincial.
El
anteproyecto, que el Gobierno quiere que entre en vigor el año que
viene, ha sido remitido al Consejo General del Poder Judicial y a la
Fiscalía General del Estado para que emitan los informes
correspondientes que definan las competencias del Fiscal de Medio
Ambiente.
Este fiscal tendrá adscritos "las unidades que se precisen del Servicio
de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), así como
el resto de las fuerzas de seguridad que tengan competencias
medioambientales y los profesionales y técnicos que sean necesarios para
auxiliarlo", según la propuesta.
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Junto al
Fiscal de Medio Ambiente, se crearán secciones especializadas en el
Tribunal Supremo y en las audiencias provinciales. "Será una estructura
parecida a la de los delitos de violencia de género, con un
reforzamiento de los medios especializados y una unificación de
criterios", añadió la ministra.
La Ley de Montes también incluye la prohibición de que se modifique en
30 años el uso del suelo donde se haya producido un incendio. Con ello
se quieren evitar los intereses que a veces están detrás de los fuegos.
"Se acabaron las recalificaciones y especulaciones a costa de nuestros
montes", dijo la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega.
La ley se aplicará "independientemente de que la titularidad del bosque
sea pública o privada", recalcó la vicepresidenta. También establece
especiales cautelas para la protección de montes considerados
"sensibles" (que contengan especies amenazadas o poco representadas).
Aunque las competencias en materia de protección medioambiental están
transferidas a las comunidades autónomas, insistió Narbona, el Estado
dispondrá de un instrumento a la gestión sostenible.
Entre las aplicaciones prácticas de este fondo figuran asegurar que no
se tala de cualquier manera o indiscriminadamente, o que se limpien los
bosques adecuadamente para dificultar la propagación de los incendios,
señaló la portavoz de Medio Ambiente.
En la ley también se hace hincapié en la promoción del uso de madera
certificada. Este sello de calidad, que no es obligatorio, indica que
los materiales obtenidos provienen de una explotación forestal
gestionada de una manera sostenible (que no se trata de talas en zonas
protegidas y que las compañías siguen políticas de repoblación que
aseguran que se reponen los árboles cortados y se respeta el entorno,
evitando, por ejemplo, la pérdida de biodiversidad). La Administración
dará prioridad a la adquisición de madera certificada.
El plan del Gobierno (aparte de Medio Ambiente, en la ley han
participado Interior y Justicia) fue presentado en enero a los
representantes autonómicos. Los representantes del Partido Popular, País
Vasco y Canarias se opusieron al proyecto porque entienden que invade
sus competencias.
Algunos Gobiernos regionales, por ejemplo, ya han dictado medidas para
impedir la recalificación de suelo después de un incendio (en Madrid el
límite de 30 años existe desde 1995). "Los servicios jurídicos del
ministerio están convencidos de que es competencia estatal establecer un
tiempo mínimo -que no un máximo- de protección", afirmó Narbona.
Fuente: El País
11.06.05
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