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Lunes, 7 de marzo de 2005


Seguridad Corporativa y Protección del Patrimonio

Seguridad Pública y Protección Civil

El último simulacro de incendio que realizaron los propietarios del Windsor se llevó a cabo en 2002

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a las empresas a contar con un plan de autoprotección destinado a prevenir y extinguir las emergencias

 

Más de dos años sin realizar ningún simulacro de incendio. Y eso, a pesar de las recomendaciones al respecto de la Inspección de Trabajo, por ser un enorme rascacielos de 106 metros de altura; y, por si fuera poco, albergar en su interior de lunes a viernes a más de 4.000 empleados. Ésa era la situación en la que se encontraba el devastado edificio Windsor, situado en Raimundo Fernández Villaverde, tras el espectacular e inexplicable incendio -cuyas causas siguen siendo una incógnita, tres semanas después del siniestro-, y que dejó el enorme inmueble reducido a su esqueleto.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 de 8 de noviembre establece la obligación para todas las empresas de elaborar un plan de autoprotección que incluya medidas de extinción, prevención, así como la obligación de realizar simulacros de incendios. Lo que ocurre es que no especifica con cuánta periodicidad. Las compañías deben comunicarlo, cada vez que realicen un simulacro, a su Ayuntamiento, tal y como explicó a ABC Alfonso del Álamo, director general de Emergencias de la Concejalía de Seguridad y Servicios a la Comunidad del Ayuntamiento de Madrid.

La solicitó Asón el 4 de julio

«El protocolo de actuación prevé la asistencia de los bomberos y, si el servicio lo permite, se envía a un técnico como mero observador o asesor; en caso de que se detecte que falte algo, se lo comunica a la empresa para que lo subsane, pero el mantenimiento del edificio es responsabilidad exclusiva de la firma». En el caso del Windsor, la última operación de evacuación que figura registrada se llevó a cabo el 4 de julio de 2002, y la solicitó Asón, la inmobiliaria propietaria del inmueble.

Sin embargo, no existe ninguna normativa que establezca cada cuánto tiempo se tienen que llevar a cabo los simulacros, el reglamento de prevención de incendios de la Comunidad de 31/2003, que será de obligado cumplimiento el próximo año ni la ordenanza municipal del 28 de junio de 1993. ¿Cómo es posible este hecho? El responsable se limita a explicar las diversas normativas y el papel del Consistorio. «Los inmuebles de una determinada altura precisan por ley el plan de autoprotección, prevención y evacuación de incendios. Nosotros nos limitamos a analizar los proyectos que nos presentan de cara a otorgar las correspondientes licencias de construcción, actividad y/o ocupación, o actuamos cuando se van a acometer obras de reforma o alguna modificación», explica. Estos planes tienen que incluir elementos de seguridad activos y pasivos -salidas de evacuación, emergencias, materiales ignífugos, etcétera-. Una vez que se concede la licencia de ocupación, es la Junta Municipal del Distrito la encargada de verificar que el proyecto recoge lo requerido, labor que ejerce el departamento de inspección en una revisión protocolaria. «En ningún lugar se establece que el Ayuntamiento deba responsabilizarse de las inspecciones -aclara Del Álamo-; si se tuviera que hacer cargo de ello, tendría que multiplicar el número de funcionarios». En este sentido, algo similar ocurre con las Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE), que corren a cargo de empresas acreditadas, como en este caso sucede con las de mantenimiento. El plan de autoprotección tiene que contar con personal entrenado para la tarea, vigilantes y responsables de la seguridad del inmueble; así como los elementos necesarios de prevención y contraincendios: bocas de incendio equipadas (BIES), columnas secas, extintores, planos en cada planta sobre las salidas de emergencias, y éstas debidamente señalizadas, escaleras...

UGT: «No se cumplen las normas»

Ante lo sucedido en el Windsor y la falta de medidas de seguridad en edificios similares como el Bronce, que carece del plan de autoprotección, Marisa Rufino, responsable de Salud Laboral de UGT criticó el vacío legal que existe en este ámbito. «Las empresas incumplen sistemáticamente la normativa y las inspecciones de trabajo tendrían que hacer hincapié en el cumplimiento de las medidas de extinción y prevención en todo tipo de edificios públicos donde pueda ocurrir una desgracia». Destaca que, ante esta situación, si una empresa no cumple lo exigido en este apartado. La Administración sólo actúa cuando existe una denuncia; no lo hace de oficio. Por ello, UGT exige que se aproveche la ocasión para hacer una nueva legislación más restrictiva.

Más de 30.000 toneladas de escombros del Windsor servirán para hacer carreteras

El hecho de que la empresa se encargue de la construcción de autovías facilita que se llegue a un acuerdo con la Comunidad y que los residuos puedan ser reutilizados

El desgraciado incendio del edificio Windsor podría tener consecuencias positivas en medio de tanto desastre en caso de que la empresa encargada del desmontaje del esqueleto del rascacielos, Ortiz Construcciones y Proyectos, acepte el ofrecimiento de la Comunidad de llevar los escombros a la planta de tratamiento de residuos de Navalcarnero.

Gran parte de los restos de la torre se convertirían en material para hacer carreteras de la red regional. En concreto, entre un 70 por ciento y un 80 por ciento de las 40.000 toneladas de escombros (32.000 toneladas) que saldrán de la eliminación del edificio. Las 60.000 restantes -el Windsor generará 100.000 toneladas de residuos- son forjados, elementos metálicos y de otros materiales que no pueden ser «reciclados» para el bien común de los madrileños.

Requisito indispensable para que esta idea se convierta en realidad, informaron a ABC fuentes de la Comunidad, sería que Ortiz Construcciones y Proyectos se decidiera a llevar los restos a Navalcarnero, puesto que este extremo se deja en manos de los encargados de los derribos.

«Ortiz -indicaron las mismas fuentes- es quien tiene que trasladar los escombros a los puntos de recogida y tratamiento. Ha contactado con la Comunidad para informarse del presupuesto \ y de la capacidad de la planta de Navalcarnero, que es la mayor de España». En la región existen tres plantas públicas de tratamiento de este tipo de residuos -Salmedina y Tecrec, en la capital, y la de Navalcarnero, gestionada por la empresa Gedesma-; además, está el complejo municipal de Valdemingómez, en Villa de Vallecas, que, pese a su magnitud, resulta claramente carente de la capacidad necesaria como para «engullir» el Windsor.

Ortiz Construcciones y Proyectos deberá tardar un máximo de 15 días en decidir si Gedesma será quien trate los escombros o si lo hará otra empresa. Eso sí, tendrá que hacerlo dentro de ese plazo como máximo, puesto que las obras de eliminación del rascacielos van con buen pie y se encuentran en la última fase preliminar, la que, precisamente, consiste en la extracción de todos aquellos elementos y escombros que cuelgan del segundo piso técnico, el 17, y la colocación de pantallas de neopreno para la completa seguridad del medio centenar de obreros que participa en el desmontaje.

La conversión en material para carreteras de los restos estará asegurada, por tanto, si Ortiz se decanta por Navalcarnero. De hecho, esta constructora también se encarga de ese tipo de obras de ingeniería, lo cual, desde el punto de vista de la Comunidad, «es un valor a favor» para que sea Gedesma la empresa elegida. De cualquier manera, si Ortiz decidiera no hacerse cargo de los escombros una vez llevados a Navalcarnero, serían las empresa a las que se adjudicara la construcción de las carreteras quienes los aprovecharían.

Doble método de actuación

La línea de actuación sería en dos vertientes. Por un lado, los restos «limpios» -hormigón, ladrillo- acabarían triturados para obtener distintos productos listos para la venta. Además, los residuos mezclados -que van desde el propio hormigón a cristales, cables, papeles, forjados...- se separarían para poder reciclarlos.

Eso sí, antes de que todo ello ocurra, los elementos deberán ser analizados para que el juez cuente con ellos en la instrucción del caso que se está llevando a cabo en el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid. El pasado viernes, este informe aún no había llegado a la Audiencia Provincial, ni tampoco el resto de evaluaciones periciales, como las del volcado del ordenador de control y de las cámaras de seguridad de la torre.

Por lo tanto, el juez no llamará a prestar declaración a nadie hasta que no tenga todos los informes, para poder así interrogar sobre posibles contradicciones entre el resultado de las pericias y las manifestaciones anteriores ante la Policía.

 

Fuentes: ABC
06.03.05
07.03.05

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