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El conocimiento científico, un salvavidas para evitar las ‘catástrofes sociales’

Científicos, políticos y ciudadanos están obligados a entenderse y a cooperar para desarrollar políticas a medio y largo plazo que permitan evitar y prevenir ‘catástrofes sociales’, como las vacas locas o algunos desastres ecológicos.

 

El vertido tóxico de la mina de Aznalcóllar, el hundimiento del Prestige o la crisis de las vacas locas son episodios de nuestra historia reciente cuya resolución ha exigido a los gobernantes contar con asesoramiento científico. Son claros ejemplos de la interrelación que debe existir entre sociedad, política y ciencia, especialmente en la época actual, en la que “la sociedad quiere buscar el avance en el conocimiento científico y los desarrollos de la tecnología como un instrumento fundamental para su desarrollo y bienestar”, apunta el catedrático César Nombela, presidente del Comité Asesor de Ética en la Investigación Científica y Técnica.

Hoy, con una opinión pública concienciada sobre los problemas emergentes como el cambio climático, la biodiversidad o el futuro de la naturaleza humana en el contexto de las intervenciones biotecnológicas, “tenemos que reforzar en nuestra sociedad las referencias científicas para la gestión pública, creando estructuras ágiles cuando sean necesarias y no existan, potenciando el funcionamiento de las existentes y desarrollando los comités de ética científica”, explica Nombela. El interés final es que la sociedad disponga del conocimiento suficiente para forzar a los políticos a que planifiquen sus estrategias basándose en criterios científicos.

Presión ciudadana

Precisamente, la presión de la opinión pública frente a determinadas alarmas, como la de las vacas locas, ha sido la que ha promovido la creación de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, como reconoce su presidenta, María Purificación Neira, un claro ejemplo de cómo “el conocimiento científico ha influido en la toma de decisiones políticas. Creo que el modelo de seguridad alimentaria materializa la llamada de atención para primar el asesoramiento científico”. Y sobre argumentos científicos se apoyan algunas de las líneas de trabajo de la Agencia, como la vigilancia de la composición de los alimentos en el marco de la lucha contra la obesidad, “otro muestra de cómo la ciencia tiene que salir a la calle para orientar políticas”.

Aunque existe una corriente de colaboración entre poderes públicos y científicos, Neira aboga por “modelar la ciencia para que sirva a la toma de decisiones políticas. El político puede solicitar consejo al científico, pero éste tiene la responsabilidad de influir”.

Para Luis Balairón, jefe del servicio de Predicción del Clima del Instituto Nacional de Meteorología, las posibles repercusiones que pueda tener el cambio climático están obligando a adoptar medidas intergubernamentales fundamentadas en las opiniones de un conjunto de científicos procedentes de diversas áreas (física, química, geología o ingeniería), asunto en el que el modo de actuar de las Naciones Unidas ha permitido sacar la ciencia a la sociedad. “Es una lección de cómo se deben conectar los conocimientos científicos (que paga la sociedad) y la toma de decisiones políticas”.

No obstante, Balairón cree que debe mejorar el diálogo a tres bandas entre científicos, políticos y ciudadanos, para lo que cada uno debe superar sus limitaciones: “La asignatura pendiente de los gobernantes es atender políticas a medio y largo plazo, un requisito que es fundamental en ciencia. Por su parte, la comunidad científica no debe limitarse a exigir financiación y a subrayar la carencia de medios. Finalmente, los ciudadanos deben elevar su cultura científica, porque no son conscientes de que todo lo que les rodea (teléfonos, transportes, etc) es ciencia”.

Los expertos insisten en la implicación que deben tener todos los agentes para hacer frente al futuro, y reiteran que “el científico debe dar su asesoramiento a la comunidad política sin esperar a que se lo pidan, y el político tiene la responsabilidad de tomar más en cuenta el asesoramiento científico”.

Argumentos para la colaboración

Los argumentos que justifican la necesidad de que exista una estrecha colaboración entre los gobernantes y los científicos aparecen detallados en el libro ‘El conocimiento científico como referente político en el siglo XXI’, editado por la Fundación BBVA y coordinado por César Nombela, que explica: “Esta obra recoge lo que debe ser un sistema bien articulado de referencias científicas para la gestión pública, ya que el conocimiento científico actualizado, riguroso, es fundamental para la gestión pública”.

Por ello, el libro incide en la planificación científica, la selección de prioridades y la organización de un sistema de ciencia y tecnología. “La planificación científica es fundamental para configurar un esquema de trabajo para el futuro que aporte referencias de conocimiento para la gestión pública”.

Rafael Pardo, presidente de la Fundación BBVA, insiste en el papel primordial que desempeñan los científicos en la sociedad actual, aunque el investigador ya no responde al estereotipo del “genio” recluido en su laboratorio. “El científico aparece con distintos roles, puede estar trabajando en la universidad, y el lenguaje que emplea es distinto al que usa cuando forma parte de una institución o una agencia.

Han aparecido expertos con roles distintos, porque el experto en diferentes espacios institucionales es el que acaba garantizando el sentido más independiente de la comunidad científica, que se debe hacer oír de más formas y a su vez debe escuchar más a la sociedad. Es un círculo virtuoso”.

Fuente: Expansión
24.02.05

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