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Viernes, 11 de marzo de 2005 |
Noticias
Seguridad Corporativa y Protección del PatrimonioLas mafias se hacen con el transporte en los puertos con métodos violentos
Grupos de transportistas controlan el servicio de carga y descarga en Bilbao, Santander y Valencia. Mediante la extorsión, cobran hasta 90.000 euros por una autorización.
La entrada de grupos y asociaciones mafiosas en los servicios de carga y descarga en los puertos españoles ha pasado de ser una anécdota a convertirse en un grave problema. Las denuncias empezaron hace tiempo en Bilbao, pero este tipo de organizaciones se han extendido a otros puertos con una gran actividad empresarial como, por ejemplo, Santander y Valencia.
El último incidente, que está siendo investigado por la Policía Nacional, se produjo el pasado fin de semana en Valencia. Según la organización de transportistas Fenadismer, un grupo de veinte personas irrumpió en el transcurso de una reunión de la asociación en la que se iba a discutir cómo hacer frente a las extorsiones. Durante el altercado hubo agresiones verbales y físicas contra los profesionales reunidos.
Según las fuentes consultadas, se trató de un “un aviso a navegantes” para impedir el libre ejercicio de la actividad por parte de los transportistas en un régimen de libre competencia.
Las mismas fuentes señalan que el método utilizado por estas “mafias” formadas por agrupaciones de transportistas consiste en exigir a los camioneros el pago de cantidades de hasta 30.000 euros para obtener una ‘licencia’ con la que poder prestar el servicio de carga y descarga dentro del recinto portuario. Según la Administración, estas cantidades pueden ascender hasta 90.000 euros, que “se depositan en cuentas bancarias desconocidas”. En caso de no pagar, el profesional se arriesga a sufrir “persecuciones, insultos, asaltos en los vehículos, el pinchazo de todas las ruedas, hasta incluso la quema completa del camión”, denuncian desde Fenadismer.
Desde la Administración se apunta que las autoridades portuarias han puesto los medios para acabar con este tipo de prácticas presuntamente delictivas pero todavía no han dado sus frutos.
El Ministerio de Fomento y el del Interior están en conocimiento del problema. En una reunión en febrero con los directores generales de Transporte autonómicos se acordaron actuaciones coordinadas en el País Vasco, Cataluña, Cantabria y Castilla y León. Entre ellas, destacan las inspecciones fiscales a asociaciones y empresas, la actuación del Servicio de la Competencia y el control de los accesos a los puertos.Fuente: Expansión
10.03.05Noticias relacionadas:
