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Los grandes bufetes filtran a sus clientes para evitar casos de blanqueo

Los mayores despachos se blindan ante casos de blanqueo. Nacen los “comités de seguimiento” para chequear la situación de los potenciales clientes antes de aceptarlos. El ‘filtrado’ se suma a un creciente control de Anticorrupción y Hacienda.

 

Los grandes despachos legales han puesto tierra frente a los casos de blanqueo. El miedo a escándalos como el que ha salpicado a Del Valle Abogados en la operación Ballena Blanca ha provocado el blindaje de los gigantes legales con el fin de evitar la entrada en sus firmas de clientes envueltos en tramas de fraude o delincuencia organizada.

“Hace ya varios meses que se ha empezado a implantar una figura para combatir este tipo de situaciones; se llama Comité de Seguimiento de Nuevos Clientes. Y su objetivo no puede ser más claro: chequear a los potenciales clientes para evitar la entrada en las firmas de personas o empresas envueltas en blanqueo o simplemente en supuestos de delito fiscal”, señala uno de los máximos dirigentes de uno de los cinco mayores despachos de abogados españoles. “La medida no es sólo nuestra. Está siendo respaldada por la práctica totalidad de los bufetes líderes del mercado español”, añade esta fuente.

Desde otro de los gigantes legales españoles se confirma el hecho: “Filtramos a los clientes por pura prudencia. Un escándalo como el de Ballena Blanca provocaría una auténtico desastre en un bufete como el nuestro”, añade. Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción afirman que su presión ha crecido en los últimos años para controlar las vías de apoyo al blanqueo. La causa: la sospecha implantada de que existen despachos de abogados de tamaño considerable implicados en tramas de blanqueo. Los últimos informes anuales emitidos por este organismo dejan constancia de la acusación: el blanqueo cuenta con el apoyo de “despachos de abogados y entidades financieras”.

En el caso español se une, además, la cercanía de un paraíso fiscal como Gibraltar, una prioridad en los planes de lucha contra el fraude de Hacienda desde 1999, según señalan fuentes de la Inspección. El propio ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo señaló ayer de nuevo el riesgo de “Gibraltar como punto clave de tramas de blanqueo”, ya que “inexplicablemente, sigue teniendo unos privilegios fiscales y unas formas de opacidad que la UE debe eliminar”.

	Sevilla	Málaga	Marbella	Total España
Población	1.782.862	1.374.890	116.234	42.717.064
Nivel Económico	3	3	6	6
Renta	5	7	8	5-6
Construcción	8.874	11.076	1.853	430.873
Teléfonos	3 hab/tfno	2,5 hab/tfno	1,6 hab/tfno	2,4 hab/tfno
Vehículos de motor	2 hab/vehículo	1,7 hab/vehículo	1,3 hab/vehículo	1,7 hab/vehículo
Restaurantes y bares	185 hab/bar	119 hab/bar	73 hab/bar	138 hab/bar
Oficinas bancarias	1.374 hab/entidad	1.423 hab/entidad	1.010 hab/entidad	1.104 hab/entidad
Abogados	297 hab/abog	343 hab/abog	159 hab/abog	396 hab/abog

 

A ello hay que sumar “la proliferación de la especulación urbanística” en determinadas zonas de España, especialmente en el mercado inmobiliario en la Costa del Sol, hacia donde se canalizaban las millonarias inversiones ilegales de las bandas de crimen organizado implicadas en la operación Ballena Blanca.

Normativa antiblanqueo

Otra de las grandes bazas en la guerra abierta contra estas redes es la normativa antiblanqueo, aprobada en enero de este año, que obliga a los despachos, entidades financieras, abogados, procuradores, notarios, contables o auditores a denunciar cualquier operación económica sospechosa que lleven a cabo sus clientes.

En caso de incumplimento, la responsabilidad recae sobre los despachos y las notarías, desde donde se entiende aún más el blindaje de los grandes bufetes españoles para no verse implicados en tramas de fraude.

Esta norma afecta a todas las operaciones que resulten “ostensiblemente” distintas de las transacciones habituales, bien por su “destino”, su “naturaleza” o por el “volumen” del movimiento de dinero. Los mismos criterios que llevaron a la Policía a iniciar la investigación a Del Valle Abogados hace casi un año. Y, junto a ellos, que operase en un lugar como Marbella, donde sólo los indicadores económicos inducen a la sospecha.

No sólo la renta de sus habitantes se ha elevado a un ritmo mucho más dinámico al de la media española o incluso sólo al de Málaga. Además, sus habitantes gozan de unos privilegiados ratios de bienestar: hay casi un teléfono y un vehículo por cada marbellí; unos mil habitantes por oficina bancaria y, lo más sorprendente de todo, un abogado para cada 159 habitantes, mientras que en el resto de España el ratio se eleva a un letrado por cada 396 ciudadanos –ver cuadro–.

Facturas falsas en la hostelería

La Inspección de Hacienda ha sospechado tradicionalmente de la implicación en tramas de fraude de empresas que emiten facturas falsas. Y señalan como origen habitual de estas cadenas de facturas los negocios que tributan en el régimen de módulos, debido a que no tienen obligación de emitir facturas. Entre este tipo de empresas se encuentran la mayoría de bares, restaurantes, supermercados y comercios.

Los notarios se comprometen a combatir las fugas de dinero

El Consejo General del Notariado hizo público ayer un comunicado en el que expresa su compromiso de colaboración “con las autoridades judiciales e instituciones públicas competentes en materia de prevención y persecución” del blanqueo de dinero, tras el caso detectado en Marbella en el que tres notarios están presuntamente implicados y se encuentran en libertad bajo fianza de 50.000 euros cada uno. El Notariado muestra su respeto absoluto a la investigación del juez instructo número 5 de Marbella, aunque también manifiesta “la necesidad de defender el derecho a la presunción de inocencia de los notarios investigados. A tal fin, y como cualquier otro ciudadano, dichos notarios gozan de ese derecho constitucional y, en consecuencia, debe respetarse el mismo”. Pocos medios El Consejo General del Notariado recordó, además, que estos profesionales tienen pocas competencias para actuar contra el blanqueo de capitales. “Se recuerda que el notario, como funcionario público, está en el ejercicio de su función sujeto a la legalidad, siendo las facultades que ésta otorga al notario muy limitadas en la persecución de actividades constitutivas de blanqueo de capitales”. Además, los notarios aprovechan para denunciar la existencia de “evidentes disfunciones normativas” en el ámbito regulatorio del blanqueo de capitales, tanto a nivel nacional como comunitario. Para los notarios, la actual normativa sólo les permite aportar “apreciaciones” basadas en “meras intuiciones de carácter indudablemente subjetivo” al denunciar prácticas de este estilo. Por ello, recuerda que, a partir del 5 de abril, entrará en vigor una nueva normativa por la que el notario “pasa de ser mero sujeto colaborador a sujeto obligado en el cumplimiento de determinadas obligaciones de información”, algo que mejorará la eficacia contra el blanqueo.

Fuente: Expansión
12.03.05

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