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Los abogados y el blanqueo de capitales

La operación contra el blanqueo de capitales que se está llevando a cabo en Marbella ha vuelto a alertar al colectivo de los abogados sobre su papel como sujetos obligados a denunciar este tipo de prácticas. Con el reglamento ya encima de la mesa, los profesionales no tienen claro su cometido.

 

El próximo mes de abril entra en vigor el nuevo reglamento que desarrolla la Ley de Prevención contra el Blanqueo de Capitales. En el texto se amplían y aclaran las obligaciones a las que quedan sometidos colectivos como el de los abogados, los notarios o los procuradores, para prevenir casos de blanqueo de dinero.

En el texto original de la ley, los abogados debían denunciar cualquier tipo de indicio de delito al respecto a las autoridades competentes. De hecho, la Abogacía puso el grito en el cielo al entender que eso podía vulnerar la obligación de secreto profesional con las consecuencias que ello traería.

Sin embargo, el nuevo reglamento sólo señala a los abogados, notarios y procuradores como profesiones obligadas a denunciar cuando realicen trabajos que no les sean propios: “concepción, realización o asesoramiento de transacciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles (...), la gestión de fondos, fiducias (los llamados ‘trusts’), empresas o cuentas bancarias...”. No estarán obligados a notificar nada en lo que hace referencia a la información que reciban de uno de sus clientes al determinar la posición jurídica en favor de su cliente o al desempeñar la defensa del mismo.

El debate sobre el secreto profesional –donde empieza y donde acaba– sigue en el aire. No hay que olvidar que la obligación de los colectivos señalados en el reglamento es triple. En primer lugar está el deber de identificar a los clientes. En el caso de las personas físicas es con el DNI mientras que las personas jurídicas deberán presentar sus papeles acreditativos. En segundo lugar, los profesionales tienen la obligación de comunicar al Servicio Ejecutivo las operaciones “respecto a las que exista indicio o certeza de que está relacionado con el blanqueo de capitales”. En tercer lugar, deberán colaborar con el Servicio Ejecutivo en lo que sea necesario.

Estas obligaciones –que ya estaban más o menos definidas– vienen acompañadas de otros deberes que también están generando un quebradero de cabeza, especialmente en los bufetes. Se trata de las medidas de control interno. Los “sujetos obligados” tienen que “establecer procedimientos y órganos adecuados de control interno y de comunicación para conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales”. Y a los despachos colectivos les interesa más que nunca ya que la norma refleja la responsabilidad de la sociedad en caso de que uno de sus “empleados” o personas que realiza servicios de forma habitual o esporádica, no cumpla con su deber como sujeto obligado.

Por esto mismo, por ejemplo los despachos de abogados andan a la carrera organizando sus comités internos para evaluar y determinar el papel de sus profesionales en la detección y denuncia de operaciones irregulares.

Además de esos comités internos, las firmas se han apresurado a comenzar la formación específica de sus abogados para que, en caso de encontrarse ante un cliente que proponga una operación irregular, sepan como actuar. Muchas son las conferencias que se están desarrollando en España durante estas últimas semanas hablando sobre el papel del abogado en la lucha contra el blanqueo de capitales. Y a la vista de los últimos acontecimientos, parece que hay que estar muy bien preparado.

Los profesionales, preocupados en expansion.com

El asunto del despacho Del Valle ha puesto en alerta a los abogados. El foro de Internet (El Bufete) que habla sobre la abogacía, refleja esta semana estos comentarios: “Estas detenciones nos deben recordar que el abogado no está por encima del bien ni del mal, ni siquiera al margen. Ética y abogacía siempre deben ir de la mano, por el bien de la profesión, y por el de sus profesionales”, señala el hombre verde. Por su parte, Duncan Kennedy explica que “en la Primera acaban de decir que también hay cuatro notarios detenidos. Parece ser que la cosa es bastante gorda pues. Por lo visto, el dinero blanqueado proviene del narcotráfico. En fin, el Tribunal dirá, y ante todo está la presunción de inocencia, pero al ser un hecho tan excepcional y grave no creo que se hayan practicado las detenciones a la ligera”. Por último, Ulises hace un interesante apunte: “quiero daros unas pistas. Esos notarios apunta a que se han limitado a firmar las escrituras de constitución de sociedades que pedía el bufete. En teoría puede que tuvieran alguna obligación de avisar. Pero hace poquísimos meses se circuló por la Administración (sí, sí por un Ministerio) que se notificaran menos operaciones de posible blanqueo porque no daban abasto para controlar si eran o no supuestos permitidos. Esto es cierto. Por tanto, el problema es que no se puede dictar una norma de casi imposible cumplimiento. a) Si notificaron, Hacienda se enfadó porque les daban demasiados datos que no podían procesar. b) Si no notificaron, ahora se les puede empurar. Cualquiera que sea abogado y se lea las normas sobre Prevención de Blanqueo debería estar temblando ... ¿o no? Las últimas normas tampoco aclaran gran cosa. Pocas normas, claras y que se puedan cumplir. No es mucho pedir, ¿no?

 

La Policía investiga a políticos de Marbella por su relación con el blanqueo de dinero

El 'factótum' de urbanismo, José Antonio Roca, está relacionado con los notarios implicados   Operación Policial contra el crimen organizado La trama empresarial del escándalo "Ballena Blanca" Por favor, pulse sobre las imágenes para ampliar Las nuevas investigaciones en torno al blanqueo de capitales en Marbella y alrededores ya apuntan directamente a políticos de la zona. Los agentes de la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado de la Policía Nacional (Udyco) están convencidos de que detrás de la trama de abogados, notarios y sucursales bancarias se encuentran los auténticos controladores del suelo y de los terrenos de la zona: los ayuntamientos y sus regidores. La Policía ha llegado a esta conclusión tras intervenir un número importante de teléfonos que han ido apareciendo en la investigación.Se da la circunstancia de que algunos de los políticos que controlan, de forma personal, la recalificación de los terrenos de la Costa del Sol eran y son los principales clientes de los notarios implicados en la trama. En Marbella hay ocho notarios. EL MUNDO ha podido saber que, en estos últimos días, la ciudad se ha convertido en una repetición de lo que fue la investigación judicial del llamado caso saqueo de Marbella, que reveló este periódico en 1999. Entonces, se produjo en diferentes bufetes y despachos del consistorio marbellí una alocada carrera para destruir toda la documentación que pudiera comprometer a más de un concejal de algún político o regidor. Hasta hace tres o cuatro años, el notario que más trabajaba con el Ayuntamiento de Marbella, en todo lo relacionado con los terrenos del municipio y los diferentes trueques que se realizaban con particulares o sociedades sobre inmuebles, era Alvaro Rodríguez, uno de los tres imputados en la operación Ballena Blanca. Este notario abandonó de sopetón su privilegiado estatus en Marbella y se trasladó a Granada. Personas que tuvieron muy buenas relaciones profesionales y personales con él apuntan la posibilidad de que viera con antelación lo que se venía encima e intentara poner tierra de por medio: «Es impensable que de la noche a la mañana decidas irte de una plaza de primera categoría a otra de tercera en cuanto a volumen de negocios y de facturación». Cuando Rodríguez trasladó su casa y su notaría a Granada, dejó libres sus dependencias en Marbella. Rápidamente fueron ocupadas por Maras Asesores, una sociedad con la que Juan Antonio Roca, el asesor personal y urbanístico de la alcaldesa marbellí, Marisol Yagüe, tiene muy buenas relaciones. Aunque Roca, como siempre, no aparece directamente vinculado con esta sociedad. El ex domicilio de Rodríguez y actual de Maras Asesores se encuentra en la calle Ricardo Soriano, enfrente del Club Financiero de Jesús Gil. Juan Antonio Roca pasó a ser el asesor personal de Yagüe en temas de urbanismo y recalificación de terrenos tras los diferentes pactos políticos que se produjeron en Marbella para controlar la Alcaldía. Antes, había sido la mano derecha de Gil y se encargaba personalmente de los acuerdos con constructores e inmobiliarias que querían construir en la zona. Era, para muchos, el auténtico alcalde. En la actualidad, se encuentra procesado por el caso saqueo de Marbella. Además, aparece implicado en el caso saqueo II (también descubierto por este periódico, en 2003). EL MUNDO ha podido saber que Roca, que tiene una fortuna de más de 100 millones de euros -amasada o conseguida desde que entró en política con el GIL- dio vía libre, cuando era gerente de Urbanismo, a la construcción de un helipuerto en Marbella y en terrenos municipales. En este proyecto él también tiene intereses. Algunos de sus enemigos han llegado a decir que su capacidad económica es tal que incluso podría tener en su nómina a más de un alcalde y/o ex alcalde y a algún que otro miembro de las Fuerzas de Seguridad. Otros apuntan que entre sus amistades hay más de un juez. Los otros dos notarios señalados por la Policía y el juez Miguel Angel Torres como factores imprescindibles en la trama son Amelia Berguillos y Joaquín María Crespo. Comparten despacho y Roca está entre sus clientes más destacados. El pasado martes, el fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, no descartó la posibilidad de que dentro de toda esta trama se encontrara algún político de la zona. También se especula con que salgan a la luz pública en los próximos días otros bufetes afincados en Marbella que se dedican a crear sociedades para lavar dinero como Fernando del Valle, cabeza visible de esta trama. Entre esos despachos se señala a uno que tiene relación directa con un bufete de Gibraltar y que en los últimos años ha creado más de 600 sociedades off shore con las que se han comprado importantes inmuebles en toda la Costa del Sol. Ese despacho también tiene sucursal en Madrid. Según ha podido saber este periódico, otro de los despachos sometidos a vigilancia es el de un español de origen argentino que tiene muy buenas relaciones con un catedrático de Derecho Penal de Madrid. Entre sus clientes destacan ciudadanos árabes y suramericanos. En tercer lugar, aparece el despacho de un abogado con el que tuvo relaciones profesionales Del Valle y que ya se encargó, entre finales de los 80 y principios de los 90, de adquirir varias propiedades a favor de un importante capo gallego. También asesoró a alguna empresa marbellí que se dedicaba, entre otras cosas, a la venta de lanchas rápidas y embarcaciones para narcos. Por último, la Policía indaga las relaciones de un destacado bufete de Madrid, cuya especialidad son los ciudadanos rusos y sus capitales. Incluso se sospecha que podría estar detrás de las operaciones de Yukos. Eva Joly, ex magistrada francesa que se encargó de la investigación de la petrolera gala Elf, ya reconoció a EL MUNDO en 2003 que detrás de esas grandes empresas siempre hay políticos y agentes de la autoridad que se dejan corromper: «También existen bancos cuyo único fin es enriquecerse con el dinero robado en otros países o conseguidos de forma ilegal. Sin ellos es imposible que se produzca el lavado total del dinero del narcotráfico y del crimen». Las últimas investigaciones en la operación Ballena Blanca apuntan en ese sentido: los bancos.

 

Fuentes: Expansión
El Mundo
El País
Belt Ibérica S.A.
17.03.05
15.03.05

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