Seguridad Medioambiental
y Protección del Entorno
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La telefonía móvil sufre
su primera cruzada legal
EEUU recupera cinco
casos que denuncian a una docena de compañías por los efectos de las
radiaciones en la salud
Primero
fue el tabaco, luego la comida basura y ahora parece que le toca a la
telefonía móvil, que acaba de convertirse en el nuevo
blanco de las demandas colectivas en EE UU. Un tribunal ha
devuelto a la actualidad la polémica acerca de las consecuencias de la
exposición continuada a las radiaciones de los celulares, al recuperar
cinco demandas contra Motorola, Nokia y una docena más de compañías de
telecomunicaciones.
Este sector ha negado siempre que las radiaciones causen daños a la
salud, pero no ha conseguido acallar las quejas e investigaciones de
quienes creen que los teléfonos móviles pueden llegar a provocar
cáncer u otras enfermedades. Así, la decisión del cuarto Tribunal de
Apelaciones de Richmond, Virginia, de retomar cuatro de los casos y
enviarlos a los tribunales correspondientes para que sean revisados,
viene a avivar estas teorías.
La sentencia de la corte de apelaciones sostiene que las compañías de
telefonía móvil eran al menos culpables de no avisar del riesgo de
contraer enfermedades como el cáncer por el uso de estos aparatos, según
informa Bloomberg. Estas son las primeras demandas interpuestas
contra el conjunto del sector de la telefonía móvil. En las denuncias se
pide que las compañías provean a cada usuario de algún tipo de auricular
que proteja de la exposición a las radiaciones de baja intensidad que
emiten los terminales.
Pero esta sanción parece ineficiente a ojos de muchos expertos dado que
no supone un gran desembolso para las empresas. 'La clave de este asunto
es que la industria de la telefonía móvil no quiere que cada cáncer de
cerebro que se sufra en EE UU se convierta en una demanda que reclame
diez millones de dólares al sector', comenta Paul Sagawa, analista de
Stanford C. Bernstein & Co.
Los casos salpican a los principales actores del sector, tanto
fabricantes como operadoras. Motorola, Nokia, VoiceStream Wireless, SBC
Communications, Verizon Communications, Nextel Communications, Cingular
Wireless, Sprint, Samsung y Ericsson están encausados por estas
denuncias.
En marzo de 2003, los cinco casos no fueron admitidos a trámite con el
argumento de que las denuncias entraban en conflicto con el intento del
Senado por definir unos estándares de seguridad para la telefonía móvil.
Los denunciantes apelaron ante esta decisión hasta que ayer el tribunal
de apelaciones decidió enviar cuatro de los casos a los tribunales donde
se originaron y el quinto ha vuelto a la jueza que rechazó las denuncias
en 2003.
Los defensores de las compañías denunciadas han insistido en remarcar
que no existe ningún estudio científico que demuestre que el uso de
teléfonos móviles provoquen cáncer. 'La industria peleará con uñas y
dientes', ha asegurado uno de los abogados que cree que ninguno de los
casos llegará a ser aceptado para someterse a un jurado.
La gran preocupación de las compañías afectadas es que este precedente
se traduzca en un nueva ola de demandas civiles al estilo de las
denuncias tan comunes en EE UU, donde alguien puede llevar a los
tribunales a un compañero de oficina por haberle tirado por encima una
taza de café caliente.
Los denunciantes están representados por Ken Starr, uno de los
consejeros independientes que investigaron las malas acciones del ex
presidente Clinton. Pero ninguno, ni denunciantes ni denunciados, han
querido hacer comentarios previos a la pugna judicial.
Para quienes tienen más memoria, esta situación recuerda a los
primeros enfrentamientos contra la industria del tabaco. Al
principio también se cuestionaba la relación entre fumar y la aparición
de distintas enfermedades, mientras que hoy las tabaqueras en EE UU
están cansadas de pagar indemnizaciones millonarias. De hecho, este
sector se enfrenta a la denuncia civil jamás interpuesta por el
departamento de Justicia de EE UU, que pide multas por un total de
280.000 millones de dólares.
En el campo de la telefonía móvil queda mucho por descubrir. La
Organización Mundial de la Salud puso en marcha un estudio en 1996 para
conocer los efectos de los campos electromagnéticos. En él se dice que,
con los conocimientos actuales, es 'poco probable' que la
exposición a los teléfonos móviles o a estaciones base se favorezca la
aparición de cánceres, aunque matiza que la situación puede variar
en cuanto se eleven los niveles de la radiofrecuencia de estos aparatos.
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Frentes para la
polémica: Un informe para cada postura |
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Unidad: El móvil
español suma fuerzas
La polémica por
el efecto del móvil en la salud ha sido fuerte en España en los
últimos tres años y medio, hasta el punto de que ha paralizado
en gran medida el despliegue de antenas celulares en el país.
Para paliar en lo posible las consecuencias de la alarma social,
las cuatro operadoras de móvil -Telefónica Móviles, Vodafone,
Amena y la no nacida Xfera- se unieron en marzo de 2002 para
emprender una campaña de mediciones y divulgación de
información. El resultado ha sido una suerte de ITV anuales de
antenas, en las que las operadoras han medido cada una de las
estaciones base del país para ver si cumplían la normativa. Los
datos recabados han resultado en su mayor parte positivos y se
han utilizado para intentar tranquilizar a la población.
Tranquilidad: Falta de evidencias científicas
Al igual que
hay informes que previenen sobre el uso del móvil y las
emisiones electromagnéticas, hay otros que lanzan mensajes
tranquilizadores para la población. Así sucedió en el Seminario
sobre campos electromagnéticos, telefonía móvil y salud,
organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en abril
de 2004, donde se estudiaron los informes de la Organización
Mundial de la Salud y del Comité de Expertos del Ministerio de
Sanidad. La conclusión a la que se llegó es que gran parte de la
población asocia telefonía móvil con efectos nocivos para la
salud, pero que, a pesar de ello, 'no existen evidencias
científicas que demuestren la relación' entre esta tecnología 'y
cáncer'. El seminario también constató que en España los niveles
de emisión recomendados por Europa en 1999 y recogidos en un
real decreto de 2001 'protegen adecuadamente a la población de
los efectos producidos por las emisiones de la telefonía móvil'.
Precaución:
Cuidados para la seguridad del niño
La telefonía
móvil ha sido el sujeto de multitud de informes sobre sus
efectos en la salud, tanto a favor como en contra. Uno de los
más recientes ha reabierto el debate sobre la conveniencia de
dejar que los niños menores de ocho años utilicen esta
tecnología. El informe es de William Stewart, miembro del
Consejo Nacional de Protección Radiológica del Reino Unido, y es
una clara petición a los padres de que no dejen utilizar móviles
en ningún caso a los menores de ocho años. El estudio insiste en
que todavía no hay pruebas de que la telefonía celular sea
nociva, pero Stewart ha añadido que varios informes han
despertado preocupaciones serias sobre ello. Por eso, alerta
sobre el mayor riesgo que corren los niños y aconseja no poner
antenas cerca de colegios.
Credibilidad: A la búsqueda de un organismo estatal
Las operadoras
de móvil españolas han hecho todo lo posible para convencer a la
población de que las antenas y los terminales no son peligrosos.
Han realizado las mediciones y difunden todos los informes sobre
los efectos en la salud -los positivos- que llegan a sus manos.
Sin embargo, son conscientes de que su credibilidad está
comprometida porque son la parte más interesada en que baje la
alarma y se permita la instalación del mayor número posible de
antenas. Por ello, Telefónica Móviles, Vodafone y Amena han
comenzado a reclamar la creación de una autoridad gubernamental
que sea la que se pronuncie cuando haya un caso polémico y cuyo
veredicto, dada su independencia y vinculación al Gobierno, no
pueda ser cuestionado. Sería algo similar a la Agencia de
Seguridad Alimentaria, que vela por las condiciones de los
alimentos y, en caso necesario, retira los que sean nocivos. Las
operadoras consideran que este nuevo organismo debería depender
del Ministerio de Sanidad |
Fuente: Cinco Días
18.03.05
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