> MAPA del WEB <
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
Noticias Profesionales
|
|
Martes, 22 de marzo de 2005 |
Noticias
Seguridad Corporativa y Protección del PatrimonioLa ‘ley del silencio’ en el Puerto de Valencia
Una decena de personas en libertad con cargos, cuentas bancarias de asociaciones de transportistas intervenidas por el juez, una veintena de camiones quemados, familias arruinadas...
Éste es el triste balance que se ha registrado dentro y en los alrededores del Puerto de Valencia en poco menos de un año. Hasta hace unos meses era aparentemente un ejemplo de eficacia comercial y empresarial entre su competidores del Mediterráneo pero su imagen se ha visto dañada por el presunto uso de métodos irregulares en la prestación del servicio de carga y descarga de contenedores, una de las áreas de negocio portuario con mayor crecimiento en los últimos años.
Todas las denuncias, en manos del juzgado de instrucción número dos de Valencia, tienen un denominador común: en el Puerto de Valencia los transportistas no pueden desarrollar su trabajo con libertad; para hacerlo necesitan una autorización, cuyo precio oscila entre 3.000 y 30.000 euros. Estos “números” o “identificaciones” las expiden tres asociaciones: AIT, ELTC y Transcont. Además, no existe competencia. Las asociaciones distribuyen un nota anual con las tarifas de referencia. Quien intente trabajar por debajo de ese precio corre el peligro de perder su empleo. Un riesgo que recuerda al que protagonizó Marlon Brando en ‘La ley del silencio’, la película de Elia Kazan de 1954 en la que se reflejan los negocios turbulentos en los puertos de EEUU.
Transcont representa los intereses de profesionales autónomos, y varios de sus directivos fueron detenidos el pasado 9 de marzo tras verse involucrados en un altercado con otro grupo de conductores que se encontraba almorzando en un local en un barrio cercano al puerto. Fue la gota que colmó el vaso.
El precio del miedo“Transcont informa: tenemos bloqueo de cuentas de la asociación; rogamos asistencia esta tarde a los juzgados al lado del centro comercial el Saler. Aportación solidaria”. Es uno de los múltiples mensajes de móvil enviados a los afiliados de la organización después de la orden dictada por el juez. Su capacidad de movilización es enorme y en los círculos del puerto aseguran que han importado el mismo modelo de otras asociaciones en Bilbao y Barcelona, investigadas desde hace tiempo por la Administración.
El conflicto valenciano nace en el verano de 2004. “En junio del año pasado, las tres asociaciones acuerdan fijar unas tarifas que no se negocian con los cargadores, es decir los transitarios y los consignatarios. A estas empresas se les hace un seguimiento brutal y si no pagan el precio establecido se les deja de prestar el servicio. Ése es el precio del miedo”.
“Incluso las grandes navieras han entrado en su estrategia bajo amenazas”, dice un pequeño empresario propietario de una agencia de transportes que desde el establecimiento del “régimen de control” ha perdido una porcentaje importante de clientes. “Mi agencia trabajaba con 67 camiones y ahora dispongo de 47. He perdido 4 clientes de Madrid y 3 de Zaragoza. Dicen que con esas tarifas de obligado cumplimiento prefieren sacar la mercancía por Barcelona o por Bilbao, que son más bajas”, lamenta.
“Me han arruinado”
El caso de este empresario no es el único ni el más grave. Él no ha recibido amenazas personales ni daños materiales. Otros, en cambio, no han tenido tanta suerte. José Vicente comenzó a operar en el Puerto de Valencia en Navidades. Poco después empezó a recibir las primeras amenazas. No estaba asociado en Transcont y le pasó factura. El 22 de febrero quemaron su camión junto a otros tres vehículos que se encontraban aparcados en un parking de la zona.
“Me han arruinado”, dice resignado. El camión le costó 48.000 euros, no sabe lo qué le devolverá el seguro, ha tenido que dejar de trabajar y dejar de ingresar una media de 9.000 euros al mes, necesarios para hacer frente al pago de las letras del vehículo. “Mi tarifa era exactamente la misma que la que Transcont fijó para 2005 pero el problema es que yo no estaba asociado, no disponía del número de identificación”, recuerda.
Israel sí disponía de esa autorización pero le sirvió de poco. Él y su mujer pagaron por ella cerca de 12.000 euros junto con un camión de segunda mano que le costó otros 12.000 euros más. Ese mismo día 22 de febrero por la mañana, un miembro de Transcont le advirtió: “No trabajes o atente a las consecuencias”. Horas después su camión ardía. Por suerte, el chófer que tenía contratado no se encontraba en esos momentos dentro de la cabina.
Los damnificados no dudan en denominar lo ocurrido como conductas “mafiosas”. Otros, los denunciados y las asociaciones que indirectamente apoyan las prácticas restrictivas de la competencia, recuerdan que se trata de una respuesta al progresivo deterioro del negocio del transporte de contenedores en el Puerto de Valencia, cuyas tarifas ya no soportaban, tras el verano de 2004, el fuerte incremento de los costes, principalmente, del combustible.
“En verano se decide llevar a cabo una estrategia de unidad, el interés no es monopolizar el mercado sino marcar una pautas de supervivencia”, opina Carlos Gómez gerente de la patronal ELTC que representa los intereses de unas 100 compañías de transporte con una estructura empresarial consolidada.
Conchabeos
Su asociación secundó los paros convocados en el sector tras conocerse la detención de los directivos de Transcont. “Lo hicimos para impedir que se produjesen males mayores”, aclara. Sabe que fijar tarifas de obligado cumplimiento no es legal pero recuerda que hay otros operadores que hacen lo mismo, por ejemplo, “las compañías petrolíferas”.
Ningún miembro de ELTC fue detenido el pasado 9 de marzo pero hay empresarios que creen que asumen íntegramente los objetivos de Transcont. Arturo lleva trabajando en el Puerto de Valencia desde 1976. Tiene una flota de 13 camiones y “en verano recibí una llamada de ELTC para que me asociase. Cuando me acerque a las oficinas me rechazaron porque, según ellos, estaba fuera de plazo y me recomendaron afiliarme en Transcont”. En su opinión, “esto demuestra que están conchabeados”.
Al final ELTC –pedía 3.000 euros por camión– le concedió “tres autorizaciones, con lo que me he visto obligado a diversificar el negocio y dedicar mis camiones a otro tipo de cargas como, por ejemplo, el transporte frigorífico”. A él no le quemaron ningún camión “pero amenazaron a los chóferes, pincharon las ruedas, cortaron los cables eléctricos en varias ocasiones y echaron silicona en las cerraduras. Lo he puesto en conocimiento de la policía y espero que no se vuelva a repetir”, reflexiona.
Historia de un conflicto
En verano de 2004 y ante la bajada de las tarifas se decide elaborar un censo de transportistas e impedir la entrada de nuevos competidores a través de un sistema de autorizaciones.
Se marcan unas tarifas de referencia, pero que son de obligado cumplimiento.
Los transportistas “no autorizados” comienzan a recibir amenazas que culminan, en algunos casos, con la quema de camiones.
En marzo interviene la policía y el caso es llevado por el juzgado de la sala de instrucción número dos de Valencia.
Fuente: Expansión
18.03.05Suplemento temático: Seguridad Portuaria.
Noticias relacionadas:
* Las mafias se hacen con el transporte en los puertos con métodos violentos (11.03.05)
