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Martes, 29 de marzo de 2005 |
Noticias
Seguridad Corporativa y Protección del PatrimonioEl Gobierno pone orden en los grandes puertos
Plan para erradicar conductas irregulares en el transporte de mercancías
El conflicto en el negocio de carga y descarga de contenedores en el Puerto de Valencia ha tenido consecuencias.
El Gobierno, con la colaboración estrecha de las comunidades autónomas, ha decidido tomar cartas en el asunto, ya que sospecha “que los problemas de Valencia no son aislados y se corre el peligro de que se extienda a otros recintos portuarios de España”. La Administración quiere acabar con la mala imagen que pueden provocar los acontecimientos de las últimas semanas y ha trazado un plan para erradicar cualquier tipo de conducta “irregular” dentro de los puertos.
“Está habiendo reuniones al más alto nivel entre los Ministerios de Fomento, Economía y Hacienda e Interior para poner coto a estas presuntas actuaciones delictivas”, señalan fuentes del Gobierno. La intención es que cuando se produzcan nuevas denuncias como las ocurridas en Valencia –quema de camiones, restricciones al libre mercado o imposición de tarifas– se actúe “por la vía fiscal, administrativa y también la penal”.
Desde el Gobierno se descarta que haya habido pasividad por parte de las autoridades portuarias o por los Ejecutivos regionales. “Las Comunidades Autónomas han reaccionado, sobre todo, desde lo ocurrido en el País Vasco, concretamente, en el Puerto de Bilbao”, subrayan las fuentes consultadas. Los responsables del Gobierno vasco están preocupados por este tipo de prácticas y así se lo hicieron saber a sus homólogos autonómicos en una reunión celebrada el pasado 3 y 4 de febrero en Santiago de Compostela.
En ese encuentro se constató que el conflicto se ha extendido a otros recintos portuarios, por ejemplo, “Gijón Santander o Barcelona, y hay sospechas que en el Puerto Seco de Coslada se esté intentando crear asociaciones de transportistas con el objetivo de controlar el movimiento de camiones y de fijar el régimen tarifario” añaden.
Gasóleo caroEn Santiago de Compostela, los responsables del Gobierno y de las autonomías reconocieron que en el origen de estas asociaciones denunciadas está “la fuerte escalada del precio del combustible en los últimos tiempos –el gasóleo vale un 20% más en los últimos doce meses– y el consecuente incremento de los costes de explotación pero eso no justifica prácticas contrarias a la ley de defensa de la competencia”.
Por eso, añaden que hay algo más. “Los dos grandes agravantes son el precio del petróleo y la intención clara de algunos grupos de defender su posición extendiendo el problema a otros puertos españoles”, subrayan.
Es una referencia clara a una de las asociaciones que opera en el Puerto de Bilbao: Sintravi, el Sindicato del Transporte en Vizcaya. No hay evidencias, pero desde la Administración se indica que hay indicios de vínculo más o menos directo entre las investigaciones abiertas a Sintravi y la aparición de otras asociaciones como, por ejemplo, Transcont.
La organización vasca ya fue multada por el Tribunal de Defensa de la Competencia en diciembre de 2001, aunque la sentencia fue recurrida y se está a la espera de una respuesta del Tribunal Supremo. En todo, caso, y a falta de la resolución judicial, Defensa de la Competencia ha decidido abrir otro expediente en el Puerto de Bilbao para investigar si se siguen llevando a cabo prácticas contra la libertad de mercado.
Frente a la mano dura contra los que cometen delitos, el Gobierno ha puesto en marcha fórmulas para buscar “una salida airosa para los que trabajan de buena fe”. Ya se han tomado algún tipo de decisiones como, por ejemplo, el desarrollo de un plan estratégico en el Puerto de Barcelona.
AyudasSe trata de un modelo similar al del Plan Estratégico del Transporte de Mercancías (Petra) de ámbito nacional para que los precios se ajusten a los costes mediante vías legales como, por ejemplo, las agrupaciones de intereses empresariales, los incentivos al cese de la actividad, la búsqueda de nuevos mercados y las mesas de diálogo con los cargadores, los clientes de los transportistas.
En la Administración también reconocen que el deterioro de los márgenes de las empresas y de los transportistas autónomos –están entre el 3% y el 4%– se esconden prácticas irregulares como la contratación de trabajadores ‘sin papeles’. El último ejemplo, que acabó en tragedia, lo protagonizó el chófer rumano que arroyó el 8 de marzo con un camión a un grupo de guardia civiles. Murieron seis personas.
Acuerdo en Santiago de Compostela
1.- Instar a que se lleva a cabo o se intensifique la inspección fiscal a asociaciones y a empresas que operan o contratan transporte por carretera en el ámbito portuario. 2.- Instar a al actuación de los órganos de Defensa de la Competencia.
3.- Animar a las autoridades portuarias a un mayor control de accesos a los recintos portuarios y de las actividades que en ellos se desarrollan.
4.- Dar apoyo y cobertura en las denuncias de empresas que sufran acciones delictivas, sabotajes, amenazas o daños que afecten a personas o bienes destinados a regir la competencia.
5.- Llevar a cabo actuaciones de control, inspecciones de la normativa de transportes a las empresas que operan o contratan transporte por carretera en el ámbito portuario.
6.- Promover la máxima coordinación entre instituciones y administraciones tanto de las comunidades autónomas como del Estado.
7.- Lleva a cabo estudios de los instrumentos legales y, en su caso, promover su adopción, que permitan un tratamiento restrictivo especial para aquellas asociaciones o federaciones en las que se integre, cuando se demuestre que está organizado, participando o apoyando, directa o indirectamente, sistemas o actuaciones que impiden o restringen la competencia en el mercado de transporte por carretera. Este tratamiento especial debería incluir la prohibición a las citadas asociaciones para acceder a subvenciones de las administraciones públicas, participando en el Comité Nacional del Transporte por Carretera o en comités regionales, colaboración con las administraciones.
Transcont culpa del conflicto valenciano a la falta de regulación
En medio del conflicto del transporte en el Puerto de Valencia, la confederación de tranportistas autónomos estatal Cofedetrans celebró ayer una asamblea en Valencia para mostrar su apoyo a Transcont, la asociación cuya junta directiva fue detenida la semana pasada después de las denuncias de varios camioneros.
“No es un apoyo simbólico, sino real”, aseguró ayer Antonio Rodríguez, presidente de Confedetrans, que salió en defensa de los miembros de Transcont, en libertad con cargos pero que por el secreto de sumario no pueden hacer declaraciones. Rodríguez consideró “un abuso de la Administración” las detenciones y también descalificó a la asociación Fenadismer, por sus acusaciones de comportamientos mafiosos. Además señaló que se está estudiando emprender acciones legales contra esta federación de autónomos.
Según Confedetrans los asociados de Transcont también han sufrido la quema de camiones y por ello habían solicitado a la Autoridad Portuaria que tomara medidas hace meses.
Además, negaron que la asociación perciba “ni una peseta” por entregar licencias para operar en el puerto. “Otra cosa es que entre los propios transportistas se traspasen tarjetas de transporte, a las que el propio Ministerio de Fomento pone un precio”, comentó Rodríguez, que además aseguró que no se puede acusar a Transcont de controlar el tráfico en el puerto y fijar las tarifas cuando sus asociados asumen cerca de mil órdenes de carga de entre las cinco y seis mil diarias que se mueven en el recinto.
Mano negraPara la asociación, el origen de este conflicto se encuentra en la subida de tarifas derivadas de la escalada de precios del petróleo e incluso insinúa la existencia de una mano negra relacionada con los que se han visto perjudicados por este aumento. “El problema que subyace detrás es el del sector del transporte y la falta de un marco laboral regulado. Cualquiera puede hacer dumping y poner precios por debajo de los costos”, añadió Daniel González, vicepresidente de Confedetrans. Además, culpó a la Administración de esta situación, “porque interesa que el transporte sea barato y por eso no se regula”.
Fuente: Expansión
19.03.05Suplemento temático: Seguridad Portuaria.
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