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Miércoles, 4 de mayo de 2005


Gestión y Protección del Conocimiento

Medidas para atajar la "piratería cultural"

Lamentablemente, la ‘piratería’, o infracciones contra la propiedad intelectual, forma parte de la vida cotidiana de muchas familias españolas

 

La compra de copias ilegales de música, cine, videojuegos o programas informáticos, entre otros, bien sea por canales tradicionales, bien por Internet –siempre de forma fraudulenta–, son percibidas por muchos ciudadanos como algo normal, e incluso justo y saludable.

Microsoft confirmaba hace unos días que casi la mitad de las tiendas informáticas que ha investigado en España venden ‘software’ ilegal. Otro dato revelador: la policía se incautó el pasado año de casi cuatro millones de CD y DVD ilegales. Según la Sociedad General de Autores, un 20% de la música que se consume fue comprada de manera ilegal.

Como en cualquier otra actividad fraudulenta, erradicar la piratería exige identificar los motivos de su auge. Muchos consumidores siguen sin percibir ventajas en la descarga legal por Internet o en la compra de música en un canal de venta autorizado, y la industria tiene que tomar nota para reinventar el negocio.

El Plan Integral contra la Piratería, aprobado por el Gobierno hace unos días, da al fenómeno un enfoque correcto, al considerarlo no como un problema específico de un sector industrial, sino como una cuestión que afecta a toda la sociedad. Es indudable que perjudica principalmente a las empresas del mundo cultural y tecnológico, uno de los pocos sectores en los que España podría competir con los países emergentes y hacer frente al fenómeno de la deslocalización.

La piratería genera evidentes efectos perniciosos para la sociedad: el mercado negro no paga IVA, las mafias no abonan Impuesto de Sociedades, y los vendedores no cotizan a la Seguridad Social. En cambio, las empresas del sector afectadas, que sí pagan impuestos, se ven obligadas a suprimir empleos por la inexorable caída de las ventas.

El final de la piratería exige concienciar e involucrar a los consumidores en su erradicación, identificar qué actividades la generan, y adoptar mecanismos para adelantarse a sus mutaciones, mejorar la legislación para asegurar la eficacia y dotar a las autoridades judiciales y policiales de medios necesarios para la efectiva aplicación de la ley.

Fuente: Expansión
26.04.05

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