Gestión y Protección del
Conocimiento
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Medidas para atajar la
"piratería cultural"
Lamentablemente, la
‘piratería’, o infracciones contra la propiedad intelectual, forma parte
de la vida cotidiana de muchas familias españolas
La compra de copias
ilegales de música, cine, videojuegos o programas informáticos, entre
otros, bien sea por canales tradicionales, bien por Internet –siempre de
forma fraudulenta–, son percibidas por muchos ciudadanos como algo
normal, e incluso justo y saludable.
Microsoft confirmaba
hace unos días que casi la mitad de las tiendas informáticas que ha
investigado en España venden ‘software’ ilegal. Otro dato revelador: la
policía se incautó el pasado año de casi cuatro millones de CD y DVD
ilegales. Según la Sociedad General de Autores, un 20% de la música que
se consume fue comprada de manera ilegal.
Como en cualquier otra actividad fraudulenta, erradicar la piratería
exige identificar los motivos de su auge. Muchos consumidores siguen sin
percibir ventajas en la descarga legal por Internet o en la compra de
música en un canal de venta autorizado, y la industria tiene que tomar
nota para reinventar el negocio.
El Plan Integral contra
la Piratería, aprobado por el Gobierno hace unos días, da al fenómeno un
enfoque correcto, al considerarlo no como un problema específico de un
sector industrial, sino como una cuestión que afecta a toda la sociedad.
Es indudable que perjudica principalmente a las empresas del mundo
cultural y tecnológico, uno de los pocos sectores en los que España
podría competir con los países emergentes y hacer frente al fenómeno de
la deslocalización.
La piratería genera evidentes efectos perniciosos para la sociedad: el
mercado negro no paga IVA, las mafias no abonan Impuesto de Sociedades,
y los vendedores no cotizan a la Seguridad Social. En cambio, las
empresas del sector afectadas, que sí pagan impuestos, se ven obligadas
a suprimir empleos por la inexorable caída de las ventas.
El final de la piratería exige concienciar e involucrar a los
consumidores en su erradicación, identificar qué actividades la generan,
y adoptar mecanismos para adelantarse a sus mutaciones, mejorar la
legislación para asegurar la eficacia y dotar a las autoridades
judiciales y policiales de medios necesarios para la efectiva aplicación
de la ley.
Fuente: Expansión
26.04.05
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