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Martes, 17 de mayo de 2005 |
Noticias
Seguridad Corporativa y Protección del PatrimonioAnticorrupción estrechará el cerco a los grandes delitos económicos
La Fiscalía impulsa una reforma para sumar medios contra las grandes tramas financieras. Pretende ampliar sus plazos y posibilidades de investigar sin informar cuando haya riesgo de destrucción de pruebas o de fracaso de la inspección
La Fiscalía Anticorrupción acaba de trasladar al Gobierno su plan para estrechar el cerco a los grandes delitos económicos. La reforma, que supondría un vuelco a las medidas introducidas en este organismo por el Estatuto Fiscal aprobado por el PP en 2003, pretende duplicar los plazos de inspección del máximo organismo de lucha contras los grandes delitos económicos y aumentar las posibilidades de lanzar actuaciones secretas en los casos especialmente graves.
La propuesta ha sido impulsada directamente por el jefe de la Fiscalía especial Anticorrupción, Antonio Salinas. En su motivación de la reforma, no duda en señalar que la actual ley que regula el margen de maniobra de los fiscales para reunir pruebas de la existencia de un delito antes de llevar el caso ante un juez -el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal- resulta ineficaz. Es más, a juicio del Fiscal Anticorrupción los actuales poderes no encajan con un organismo que sea capaz de adaptarse a los nuevos retos del crimen organizado, relacionado con mafias, delitos económicos y grandes tramas fiscales.
El último caso vivido con el escándalo del Bufete Del Valle parece dar la razón a Salinas.
Fuerte giro
Salinas plantea dos cambios radicales. El primero, que el organismo pueda realizar pesquisas secretas en los casos en los que haya una “una gravedad intrínseca de determinados delitos económicos cometidos por grupos organizados [...], con el fin de lograr una investigación eficaz de los hechos y la identificación, así como el aseguramiento de los presuntos responsables y las fuentes de prueba”. O lo que es lo mismo: evitar que los investigados puedan, por el hecho de estar al corriente de las actuaciones, fugarse o destruir las pruebas. El Estatuto Fiscal de 2003 obligó a poner en conocimiento inmediato de los sospechosos la apertura de investigaciones, que además pueden conocer desde el principio el contenido exacto de las diligencias practicadas.
El plan de reforma prevé, sin embargo, que las actuaciones secretas deban contar siempre con el respaldo de una resolución motivada –que sería emitida por el fiscal jefe Anticorrupción– y la opacidad de las actuaciones duraría solo “el tiempo indispensable”.
La segunda medida pasa por duplicar los plazos de investigación. La reforma del PP fijó un plazo máximo de seis meses para investigar un posible delito antes de que el fiscal se viese obligado a presentarlo ante un juez o a decretar el archivo por falta de pruebas. La nueva propuesta plantea extender este margen hasta los doce meses.
Anticorrupción pretende aplicar estas nuevas competencias a sus dos grandes focos de actuación: los delitos de contenido político, entre los que destacan la prevaricación, la malversación, el cohecho o el tráfico de influencias; y los delitos económicos –los que más renombre han dado al organismo –tras sus recientes intervenciones en casos como Gescartera, Probursa y las filiales en paraísos fiscales del BBVA, o el escándalo de la Hacienda de Vizcaya en 2003–. En esta área, su gran foco de investigación se centra en los grandes fraudes, los delitos fiscales y financieros, y el blanqueo de capitales, campos en los que no ha dejado de ganar protagonismo a lo largo de los últimos años.
El Gobierno está de acuerdo con la idea de la Fiscalía Anticorrupción de estrechar el cerco a los grandes delitos económicos.
Especialmente ante la evidencia de las grandes conexiones existentes entre el crimen organizado y este tipo de delitos. Fuentes de la Fiscalía señalan que esperan que sea publicada en breve una nueva instrucción en la que se fragüe ya un impulso en esta lucha contra el fraude gracias al nombramiento de varios delegados de la Fiscalía Anticorrupción en las principales plazas españolas.
Plan coordinado con Hacienda
La propuesta de la Fiscalía Anticorrupción no es un hecho aislado. La economía sumergida alcanza en España un volumen de un 22% del PIB según los últimos estudios de la UE.
El dato supone un nivel de actividad oculta cercano a los 175.000 millones de euros, es decir, un importe equivalente a la recaudación total del IRPF de tres años y medio. Esta situación ha hecho que el nuevo Gobierno haya puesto su mira en dos frentes: el del refuerzo de los organismos anticorrupción; y el de la Agencia Tributaria, que acaba de poner en la calle un plan de refuerzo de la lucha contra el fraude fiscal que, de hecho, estrechará su relación con Anticorrupción para aumentar la eficacia de sus actuaciones.Fuente: Expansión
13.05.05Noticias relacionadas:
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