Gestión y Protección del
Conocimiento
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Derechos de autor y
libertad cultural
El Gobierno tiene
que modificar en los próximos meses la Ley de Propiedad Intelectual para
trasponer la directiva comunitaria sobre derechos de autor en la
sociedad de la información, reforma normativa que entrará en vigor el
próximo año.
Una
actividad legisladora que ha originado un cruce de campañas de presión
entre algunos de los colectivos implicados con el objetivo de preservar
sus intereses económicos en el marco legal resultante.
En este contexto, el Senado aprobó una proposición de ley del Grupo
Popular que solicita la supresión del canon que grava los soportes CD
y DVD, fórmula vigente desde 1987 para los soportes analógicos
–casetes, cintas de vídeo VHS– y extendida a los digitales con el fin de
retribuir a los autores por el uso que puede hacerse de estos medios al
realizar copias privadas de contenidos con derechos de autor,
como la música o el cine. También ha aumentado la contestación social
ante la eventual aplicación de cualquier otro gravamen sobre soportes,
equipos, redes y servicios de telecomunicaciones. Tanto los defensores
como los críticos del canon esgrimen argumentos de peso.
Es cierto que un gravamen indiscriminado penaliza de manera injusta a
todos los usuarios. Y es innegable el auge de la importación ilegal de
discos que eluden el canon. Pero tampoco hay que incurrir en el grave
error de confundir el desarrollo de la sociedad de la información y la
libertad de difusión cultural con la cultura gratuita. La protección
legal y la compensación económica son esenciales para estimular la
creación. Una de las claves para no emponzoñar este debate es
deslindar con claridad al usuario de las nuevas tecnologías y la copia
privada con la piratería. Una es legal y la otra, un grave delito.
Quizás habría que explorar las posibilidades que ofrece la tecnología
digital para sustituir el canon por otras fórmulas que garanticen un
modo justo de retribuir a los creadores. ¿Por qué ciertos autores, los
denominados artistas, organizados institucionalmente, cobran derechos y
no los perciben científicos, empresas y agentes creativos no sindicados?
Fuente: Expansión
20.05.05
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