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El Gobierno planea construir otras ocho cárceles hasta 2012

El sistema penitenciario, con más de 61.000 reclusos, necesita con urgencia nuevas plazas para aliviar la actual situación de hacinamiento

 

Las cárceles españolas tienen hoy día casi el doble de presos que en 1990: más de 61.000 repartidos en 77 prisiones. El aumento sostenido de la delincuencia, el endurecimiento de las penas, el castigo de nuevos delitos y la demora en la edificación de nuevas cárceles están sobrecargando el sistema penitenciario. El Gobierno ya tiene en marcha la construcción de cuatro prisiones, más otras tres que levanta la Generalitat de Cataluña. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en breve un nuevo plan de prisiones, con el que se edificarán al menos otras ocho y 18 centros de inserción social. Pero aún no hay una buena explicación sobre por qué España tiene la tercera tasa más alta de presos por habitante de la UE.

Las costuras del sistema penitenciario español están a reventar. Ya hay casi 61.000 personas en las 77 cárceles españolas, el doble que en 1990. La población reclusa crece a un ritmo de 100 personas a la semana. El año pasado entraron y salieron 87.575 ciudadanos. El sistema necesita aumentar de tamaño (o replantearse a sí mismo), pero construir cárceles requiere mucho tiempo y dinero. Las cuatro prisiones cuya edificación ya ha puesto en marcha el Gobierno no podrán estar en funcionamiento antes de 2007 o 2008, al igual que tres que levanta la Generalitat catalana. Sus 6.532 plazas tampoco serán suficientes.
 

 

El Ministerio del Interior tiene ultimado un plan para construir nuevos centros penitenciarios, que el Consejo de Ministros aprobará en las próximas semanas, en el que se prevé edificar al menos otros ocho presidios (y cerrar cuatro que se caen de viejos), así como la construcción de 18 centros de inserción social (CIS), para el cumplimiento de penas en régimen de semilibertad. El plan, cuyas inversiones previstas se prolongan hasta el 2012, proyecta más centros, pero Instituciones Penitenciarias prefiere esperar a que se apruebe para difundir todas las ubicaciones.

Si construir una cárcel viene a costar de media 53 millones de euros, llave en mano, la inversión mínima para darle más talla al sistema se va a disparar por encima de los 742 millones de euros para los centros cuya ubicación ya se conoce. Equipar cada una de ellas sale a otros 10 millones y el coste de mantener en funcionamiento cada una es de 12 millones al año.

La norma de un preso por celda va camino de convertirse en una utopía. El 56% de las celdas ya está ocupada por dos personas. La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, prefiere no hablar de hacinamiento, sino más bien de "sobreocupación". "Queremos que las cárceles lleguen a estar ocupadas al 100%, no al 150%", aseguró el ministro del Interior, José Antonio Alonso, durante la última fiesta de la Merced, patrona de las prisiones. El objetivo aún queda lejos. Hay prisiones como la de Sangonera (Murcia) que, según el sindicato Acaip (mayoritario en el sector), están al 264%.

La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEPSA), la sociedad anónima mercantil de carácter estatal constituida en 1992 para la construcción de cárceles, está ejecutando las obras de cuatro prisiones, cuya edificación fue anunciada el 28 de julio de 2003 por el entonces ministro del Interior, Ángel Acebes. La inversión inicial prevista era de 252 millones de euros para levantar y abrir estos cuatro centros, de 1.008 plazas cada uno, en El Puerto de Santa María (Cádiz), Morón de la Frontera (Sevilla), Albocàsser (Castellón) y Estremera (Madrid). SIEPSA tiene su propio presupuesto y autonomía.

Pero ninguna de esas cárceles estará acabada antes del último semestre de 2007. Luego se tendrá que abrir el proceso para dotarla de funcionarios de prisiones (500 por centro), educadores, enfermeros, monitores (unos 25 de media) y fuerzas de seguridad para la custodia exterior (100 por cada uno), lo que retrasará más la apertura. Lo mismo ocurre con las tres prisiones que está construyendo la Generalitat catalana (única comunidad con las competencias de prisiones asumidas) en Barcelona (Quatre Camins, Can Brians II y Lledoners).

La población reclusa sigue creciendo. Si las leyes siguen como están (más tipos delictivos, mayores penas, ninguna redención, dificultades para otros beneficios) la alternativa es levantar más cárceles y cruzar los dedos para que las costuras no revienten, o lo que es lo mismo, que no crezca la conflictividad. Los responsables penitenciarios y los sindicatos admiten que, por ahora, sólo hay más tensión e incomodidades. Los planes de construcción son éstos.

Andalucía

Tendrá dos nuevas prisiones, la de Morón y la de El Puerto de Santa María, llamada Puerto III, que se sumarán a las 12 ya existentes en ese territorio, con una gran concentración en Cádiz y Sevilla. La de El Puerto es la más avanzada. El contrato de obra fue firmado el 10 de marzo, con un plazo de ejecución de 24 meses. Los movimientos de tierra ya están en marcha y será, posiblemente, la primera en terminarse. La de Morón comenzará a edificarse en el primer trimestre de 2006 y estará lista, como la anterior, en dos años. El Ministerio del Interior, SIEPSA y el Ayuntamiento de Morón ya han firmado el convenio urbanístico, que ha sido remitido a la Junta de Andalucía. Lo que falta es concluir la expropiación de algunas parcelas, porque el resto del terreno ya ha sido comprado. Cada centro tendrá 1.008 plazas.

Castellón

El convenio urbanístico para la cárcel de Albocàsser fue firmado por el Gobierno anterior, que había adquirido mediante compra el 90% del suelo necesario. La superficie construida será de unos 90.000 metros cuadrados y contará, además de con las clásicas celdas y patios, con equipamientos destinados a la educación, la formación profesional, instalaciones deportivas, culturales y espacios para la atención sanitaria. La actual Administración ha obtenido ya la aprobación definitiva del plan especial de la cárcel por parte de la Generalitat Valenciana. Las obras están a punto de licitarse, pese a que las expropiaciones de urgencia de los terrenos que faltaban por tomar se retrasó hasta el 18 de abril. La Comunidad Valenciana tiene otros seis centros.

Madrid

La Comunidad de Madrid, donde ya se levantan seis cárceles (más la antigua Yeserías, convertida en Centro de Inserción Social), ha dado su visto bueno a la construcción de la cárcel llamada Madrid VII, en el municipio de Estremera. Un problema con unos restos arqueológicos hallados en la zona y la dificultad para ejecutar la permuta de una parcela han supuesto algún retraso. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial dio su visto bueno al proyecto en septiembre. Será construida sobre 21 hectáreas. Constará de un edificio central de cuatro plantas y una altura máxima de 12 metros, más una torre de vigilancia que alcanzará los 50 metros. La obra se adjudicará a finales de este mes o a principios del que viene.

Cataluña

La Generalitat está construyendo dos penales en Barcelona, el de Can Brians II y el centro de jóvenes Quatre Camins, que sustituirá al de Trinitat. Si todo va bien, estos centros y el de Els Lledoners, en Bages, estarán acabados a lo largo de 2007. Entre los tres sumarán otras 2.500 plazas. La Generalitat anunciará en breve la ubicación de seis más. Uno de ellos estará en Figueres (Girona) y sustituirá a dos centros obsoletos. La otra se está negociando que esté en Estaràs (Lleida). Habrá otra en Tarragona, más un centro de inserción. Todo esto, para 2010.

Navarra

La construcción de una nueva prisión en las inmediaciones de Pamplona fue prevista por el Gobierno en 1998, pero no fue posible ni encontrar suelo ni llegar a un acuerdo con el Ejecutivo navarro. Tanto fue así, que el dinero previsto para este presidio (y para dos en Canarias y el País Vasco) fue asignado a la construcción de cuatro centros ya en marcha. Lo más fácil es que, finalmente, la prisión se ubique en unas parcelas del llamado camino de Loza, en el noroeste de Pamplona. El acuerdo de construcción ya está cerrado. Pero no hay fecha de inicio. Cuando esté lista, se cerrará la vieja cárcel provincial.

Canarias

La situación penitenciaria de las islas es apremiante y requiere acciones urgentes, por lo que se han acometido reformas en los cuatro centros ya existentes, como en el de Tahíche (Lanzarote). En la actualidad, 1.000 presos canarios cumplen pena en cárceles de la Península por falta de plazas en las islas. La intención es ubicar el nuevo penal en Las Palmas de Gran Canaria, aunque los responsables de Instituciones Penitenciarias, por ahora, prefieren guardar el secreto ante la inevitable susceptibilidad vecinal. Mientras, se va a rehabilitar la vieja prisión militar de La Isleta para aliviar la presión. También se busca suelo para un centro de tamaño medio en Fuerteventura.

País Vasco

Es la comunidad con las instalaciones penitenciarias más deficientes. Tiene tres cárceles y la que está peor es Martutene, en San Sebastián, vieja y húmeda. En principio, se edificaría un nuevo penal en unos terrenos en Zubieta, también en San Sebastián, una zona destinada a equipamientos. El suelo lo cederá el Ayuntamiento a cambio de los que ocupa Martutene, que se cerraría. No hay fechas.

Baleares

La nueva cárcel se ubicaría en Menorca, ya que los presos de esta isla tienen que cumplir en la de Mallorca. El Consell ha mostrado su interés en este proyecto. Ya se está en la fase de tramitación urbanística "y de definición arquitectónica", ya que una de las condiciones es que no afee el paisaje.

Ceuta

La cárcel es pequeña, antigua, obsoleta y está ubicada en el conflictivo barrio del Príncipe Alfonso. La abrupta orografía de la ciudad autónoma y la escasez de suelo va a requerir que la nueva prisión tenga un diseño arquitectónico "especial". Lo más probable es que Interior firme un acuerdo con la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa para conseguir el suelo preciso. La cárcel vieja será cerrada y demolida.

Murcia

Murcia es, sin duda, la que tiene la población reclusa más apretada. La vetusta cárcel de Sangonera está ocupada al 264%, según fuentes sindicales. La consecución de terrenos, por ahora, ha sido misión imposible. Prisiones quiere levantar allí un centro de 1.008 plazas, pero las gestiones están prácticamente paradas.

Soria

La construcción de una nueva cárcel en Soria está prevista en el plan de actuación específico para la provincia, aprobado por el Consejo de Ministros el 6 de mayo de 2005. Será una prisión de tamaño medio y conllevará el cierre del actual penal, sito en el casco urbano. Zamora podría tener otro centro.

Penas más duras y pocas alternativas

Cinco expertos analizan el hecho de que España tenga la tercera tasa más alta de presos de la UE Cárcel de Soto del Real (Madrid). Las cárceles no tienen reservado el derecho de admisión. Todo cliente enviado por los jueces halla acomodo, por el tiempo que sea. El ritmo de aumento de la población penitenciaria (un 3,2% en lo que va de año), sin cárceles nuevas aún, ha llevado a Mercedes Gallizo, directora de Instituciones Penitenciarias, a plantear una reflexión: "Ha llegado el momento de que la sociedad supere la idea de que las prisiones son el destino inevitable al que están abocadas todas las personas que llegan a vulnerar las normas penales". ¿Cómo es posible que España tenga la tercera mayor tasa de población reclusa, 144 presos por 100.000 habitantes, muchos más que Francia o Italia? El Reino Unido, donde el total de presos crece en 250 personas por semana, se pregunta lo mismo. Ambos países construyeron 13 cárceles cada uno entre 1996 y 2003, con 18.500 nuevas plazas en el caso británico y 10.027, en el español. Y ya están llenas. Cinco expertos opinan sobre el caso español y sus soluciones: Mercedes Gallizo; la jurista y portavoz del PP en la Comisión de Interior, Alicia Sánchez Camacho; el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada Lorenzo Morillas, miembro de una de las comisiones que participó en la reforma del Código Penal de 2003; el magistrado Arturo Beltrán, presidente de la Sección Quinta de la Audiencia de Madrid, máxima instancia judicial penitenciaria en la comunidad; e Iñaki Rivera Beiras, director del Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, de la Universidad de Barcelona. Todos, salvo Sánchez Camacho, coinciden en que la causa fundamental del imparable aumento de reclusos está en el endurecimiento de las penas del Código Penal de 1995, reforzado aún más en 2003; las dificultades en el acceso al tercer grado y a la libertad condicional; la introducción de nuevos delitos de peligro abstracto; un cierto abuso de la prisión preventiva y la mayor presencia de delincuentes llegados de otros países. En plata: más presos, por más tiempo y sin poder redimir pena. "Los neoconservadores de Estados Unidos han exportado a Europa, y por supuesto a España, una política de populismo punitivo, de tolerancia cero, que se traduce en políticas de barrido de los delincuentes de las calles y de endurecimiento de las penas", asegura Rivera. "El panorama es preocupante, y lo único que se les ocurre a los Gobiernos es construir más cárceles. El problema no es sólo que cada vez haya más presos, sino que no tienen posibilidades de redención, y se crea una tensión máxima. Y no es cuestión de PP o PSOE. Ambos votaron las reformas", añade. Morillas analiza la situación en una línea similar. "Se ha producido un expansionismo del Derecho Penal, es decir, que hay más delitos y más penas. Hay un expansionismo racional para una sociedad de riesgo, como es el que afecta, por ejemplo, a los delitos de Internet o del tráfico; y otro irracional, que intenta paliar los fallos de la sociedad. Esto, en épocas de sensación de inseguridad ciudadana, se traslada al Derecho Penal". Uno de los problemas que ve Morillas es que la reforma del Código Penal de 2003 (que consagró el cumplimiento íntegro de las penas y dificultó el tercer grado y la libertad condicional) aún no ha surtido efecto en las cárceles. "La reforma de 1995 tardó dos años en apreciarse, y la de 2003 se empezará a ver ahora, con una mayor presión sobre el sistema". Beltrán coincide en que la culpa es, fundamentalmente, del endurecimiento de las penas, "y del cambio que se ha operado en España de una sociedad preindustrial a una tecnológica, algo que no se sabe aún bien cómo se ha encajado". Explica que el crecimiento de la población y de la delincuencia foránea ("no de la inmigración, que es gente que viene a trabajar, no a delinquir", matiza) ha contribuido a la situación actual. "Con las normas más duras se crea un ambiente de inseguridad, y para los jueces es más fácil justificar una prisión preventiva que la libertad". Los análisis son parcialmente coincidentes con el de Gallizo. "Es evidente que las reformas de la legislatura pasada alargan el tiempo de estancia en las prisiones, que se sobreocupan", argumenta. "La reflexión que debemos trasladar es que el abuso de las penas en régimen cerrado desvirtúa el sistema. El plantear medidas para flexibilizar el sistema acarrea riesgos, pero no hacer nada también es un riesgo, porque puede haber más conflictos en las cárceles y menos posibilidad de tratamiento", continúa. La directora de Prisiones añade que las medidas de endurecimiento de las penas "no vinieron acompañadas por parte del Gobierno del PP de un plan de construcción de centros, porque pensaban que la población reclusa no crecería". La diputada del PP Sánchez Camacho reniega de este planteamiento. "Si hay más gente en la cárcel es porque se delinque más", sentencia. "El endurecimiento del Código Penal fue debido a una demanda social, pero en los últimos dos años, el actual Ejecutivo no ha hecho nada. Y tampoco se están adoptando medidas sociales para impedir que crezca la delincuencia". A su juicio, el alargamiento de las condenas fue "muy bien recibido por la sociedad y redujo la reincidencia". Así las cosas, ¿qué se puede hacer? "En la UE hay un debate sobre la flexibilización del sistema que aún no ha llegado a España, en el que se tiende a una apuesta fuerte por las penas alternativas, las libertades condicionales, la semilibertad, el cumplimiento de penas en centros de deshabituación por parte de los toxicómanos, las medidas telemáticas y los trabajos en beneficio de la comunidad", asegura Gallizo. "Lo primero que debemos hacer es administrar lo que tenemos y multiplicar las actividades en la cárcel, como el trabajo productivo, porque mucha gente en los patios y sin hacer nada genera problemas. Todo ello combinado con medidas sociales que atajen las causas del delito". "La reflexión de Gallizo es muy interesante", añade Beltrán. "Pero las medidas no son fáciles y no dan votos". Morillas agrega que lo vital es frenar la entrada en prisión. "El 70% de los presos está en la cárcel por delitos de narcotráfico y contra el patrimonio, muchas veces asociados. Si un delincuente drogadicto se deshabitúa, posiblemente no volverá a delinquir, porque la causa del delito desaparece". La coincidencia total es que para los delitos graves, para las condenas de larga duración, no hay alternativa. "Quizás habría que reservar la cárcel para los delitos más graves", dicen casi con las mismas palabras Gallizo y Beltrán. "Sólo con cumplir la ley, para que se permitiera el acceso a la libertad condicional de quienes han cumplido las dos terceras partes de la pena, se liberarían miles de celdas", asegura Rivera. "Claro que hay que tomar medidas para prevenir y evitar el delito", afirma Sánchez Camacho. "A las penas de prisión se pueden buscar alternativas, como el control telemático, pero eso no resuelve el problema porque afecta a poca gente", concluye.

 

Fuente: El País
24.10.05

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