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Jueves, 10 de noviembre de 2005


Seguridad Colectiva y Defensa Nacional

Niegan la condición de víctima a un soldado que fue herido en Irak

El Gobierno ha denegado al sargento de Infantería Sergio Santisteban, residente en Córdoba y herido en la Guerra de Irak, el reconocimiento como víctima del terrorismo que el soldado había solicitado tras sufrir el 11 de febrero de 2004, en Diwaniyah, un ataque por medio de una granada de mano lanzada desde la ventana de un hotel.

 

El sargento había realizado esta gestión después de que también se le hubiera denegado su identificación en un documento oficial como víctima de una acción de combate.

Tras conocer la negativa gubernamental, la esposa del militar, Toñi Ortigosa, fue especialmente crítica con el Ejecutivo, con el Ministerio de Defensa y con el titular de este departamento, José Bono, de quien dijo que, en un encuentro personal con ambos, había realizado «preguntas imbéciles e impropias de un ministro».

La mujer del sargento señaló ayer que «se sabe que el fundamento de que los militares españoles fueran a Irak era luchar contra el terrorismo y lo de la ayuda humanitaria que se lo cuenten a otros». «Mi marido ha estado en la guerra, aunque el Estado no lo quiera reconocer», señaló, y lamentó que el 29 de abril de 2004 se procediera a la disolución de su unidad sin que se hiciese mención alguna a los heridos en ese ataque.

Esa fue la razón por la que ambos se citaron con el ministro, que se comprometió a iniciar una investigación de lo sucedido y revisar los expedientes de solicitud de recompensa para todos los hombres y mujeres que formaban la patrulla de Diwaniyah.

Según relató la mujer, «mi esposo acudió a la reunión bastante ilusionado pero cuando, por petición del ministro, le enseñó las heridas y, al verlas éste, comentó que ya estaban cerradas, mi marido le tuvo que responder indignado que si quería ver chorreando sangre después de transcurrido más de un año».

Para Toñi Ortigosa, el trato que recibió su marido por parte del ministro no fue «adecuado» por las preguntas «imbéciles» que éste efectuó.

La esposa del sargento denunció también que, aunque la repatriación del soldado a España se solicitó, tras el ataque, de manera urgente, ésta no se produjo «hasta pasados 14 días, a pesar de que el avión encargado estaba previsto para dos días después». Y sumó a esto una crítica al Hospital Militar Gómez Ulla, donde «a causa de la mala atención médica que recibió, solicitó el alta voluntaria y se trasladó, por sus propios medios a Córdoba, donde fue intervenido en varias ocasiones en la Cruz Roja con el fin de reconstruirle el brazo».

Ortigosa señaló que la falta de respuesta del Gobierno le llevó a acudir, el pasado 20 de junio, a la oficina del Defensor del Pueblo, donde la entonces responsable en funciones se comprometió a estudiar el caso.

Explicó también que su marido había sufrido una «caída en picado» como consecuencia de todos estos hechos, lo que le llevó a provocar un accidente suicida, tras la ingesta de una mezcla de medicación y alcohol, «puesto que la situación le llevó al consumo diario de aproximadamente 10 litros de cerveza».

Fuente: El Mundo
02.11.05

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